Para mal y para bien, Colombia es parte del jardín de atrás de los gobiernos de EE. UU. Entre las múltiples órdenes ejecutivas ya firmadas por Biden, algunas tendrán fuerte impacto sobre nuestra calidad de vida y nuestra economía. La relacionada con el cambio climático afectará las exportaciones de petróleo y carbón y la manera como se estos se extraen en Colombia.
Esta orden ejecutiva inicia diciendo que las medidas internas irán de la mano con otras en el extranjero, pues el tiempo es limitado y la acción debe ser global. Establece que el cambio climático estará en el centro de su política nacional e internacional y utilizará toda la influencia para presionar a las agencias multilaterales, incluidos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para que orienten sus recursos al cambio climático y definan y ejecuten iniciativas de alivio de deuda alineadas con el Acuerdo de París. Solicita la elaboración —entre Secretaría de Estado, USAID y Corporación Financiera Internacional (DFC)— de un plan para promover la protección de la selva amazónica, incluso usando mecanismos de mercado.
Crea un grupo de trabajo con 21 agencias estatales —incluidas Comercio y Desarrollo, Energía y Protección Ambiental— para que actúen articuladamente y tomen medidas asociadas al cambio climático. Entre los temas que deben abordar están los procesos extractivos y la comercialización de petróleo, carbón y gas. Suspende nuevas concesiones para extracción de hidrocarburos en tierras federales y señala que se obligará a las empresas a disminuir las emisiones de metano y fugas contaminantes de petróleo y gas, tanto en pozos activos como abandonados. Esto significa cubrir pasivos ambientales y evitar que se generen otros nuevos.
Enfatiza la urgencia de disminuir las emisiones globales en el corto plazo y ser neutrales en carbono en 2050. En este contexto, a buena hora Colombia (diciembre 29 de 2020) se comprometió con una reducción de GEI del 51 %. La cooperación bilateral y buena parte de la multilateral para la recuperación económica pospandemia vendrán atadas al tema de cambio climático.
Un riesgo asociado a estas iniciativas es que las empresas extractivas, incluidas las que hacen fracking, que ahora deben internalizar los costos ambientales en Estados Unidos, busquen trasladarse a nuestros países para realizar sus actividades sin asumir esos costos, fenómeno ya vivido en Colombia. Hoy, ante la evidencia de las interrelaciones y el carácter global del cambio climático, esto se les debe dificultar. Los ajustes en la legislación ambiental estadounidense nos servirán de referente, pero debemos tomar medidas adicionales para proteger nuestro biodiverso y frágil ambiente tropical.
Al exigir la aplicación de la legislación ambiental, los interesados podemos apoyarnos en la cooperación internacional para evitar acciones indeseables de las empresas extractivas, sean multinacionales o nacionales. Un aspecto relevante para Colombia es que la orden ejecutiva incluye varias secciones que hablan de participación, distribución de beneficios y grupos vulnerables que deben beneficiarse de la reconversión tecnológica y productiva asociada al cambio climático, y de la necesidad de una información transparente y actualizada a las comunidades.
La orden ejecutiva tendrá un positivo impacto global y la cooperación bilateral puede ser muy importante para la gestión ambiental en Colombia. Debemos estar atentos y evitar posibles efectos negativos asociados al oportunismo empresarial extractivista. El mundo ya no es como antes y la interdependencia asociada al cambio climático es un aliado para una mejor gestión ambiental.
Para mal y para bien, Colombia es parte del jardín de atrás de los gobiernos de EE. UU. Entre las múltiples órdenes ejecutivas ya firmadas por Biden, algunas tendrán fuerte impacto sobre nuestra calidad de vida y nuestra economía. La relacionada con el cambio climático afectará las exportaciones de petróleo y carbón y la manera como se estos se extraen en Colombia.
Esta orden ejecutiva inicia diciendo que las medidas internas irán de la mano con otras en el extranjero, pues el tiempo es limitado y la acción debe ser global. Establece que el cambio climático estará en el centro de su política nacional e internacional y utilizará toda la influencia para presionar a las agencias multilaterales, incluidos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para que orienten sus recursos al cambio climático y definan y ejecuten iniciativas de alivio de deuda alineadas con el Acuerdo de París. Solicita la elaboración —entre Secretaría de Estado, USAID y Corporación Financiera Internacional (DFC)— de un plan para promover la protección de la selva amazónica, incluso usando mecanismos de mercado.
Crea un grupo de trabajo con 21 agencias estatales —incluidas Comercio y Desarrollo, Energía y Protección Ambiental— para que actúen articuladamente y tomen medidas asociadas al cambio climático. Entre los temas que deben abordar están los procesos extractivos y la comercialización de petróleo, carbón y gas. Suspende nuevas concesiones para extracción de hidrocarburos en tierras federales y señala que se obligará a las empresas a disminuir las emisiones de metano y fugas contaminantes de petróleo y gas, tanto en pozos activos como abandonados. Esto significa cubrir pasivos ambientales y evitar que se generen otros nuevos.
Enfatiza la urgencia de disminuir las emisiones globales en el corto plazo y ser neutrales en carbono en 2050. En este contexto, a buena hora Colombia (diciembre 29 de 2020) se comprometió con una reducción de GEI del 51 %. La cooperación bilateral y buena parte de la multilateral para la recuperación económica pospandemia vendrán atadas al tema de cambio climático.
Un riesgo asociado a estas iniciativas es que las empresas extractivas, incluidas las que hacen fracking, que ahora deben internalizar los costos ambientales en Estados Unidos, busquen trasladarse a nuestros países para realizar sus actividades sin asumir esos costos, fenómeno ya vivido en Colombia. Hoy, ante la evidencia de las interrelaciones y el carácter global del cambio climático, esto se les debe dificultar. Los ajustes en la legislación ambiental estadounidense nos servirán de referente, pero debemos tomar medidas adicionales para proteger nuestro biodiverso y frágil ambiente tropical.
Al exigir la aplicación de la legislación ambiental, los interesados podemos apoyarnos en la cooperación internacional para evitar acciones indeseables de las empresas extractivas, sean multinacionales o nacionales. Un aspecto relevante para Colombia es que la orden ejecutiva incluye varias secciones que hablan de participación, distribución de beneficios y grupos vulnerables que deben beneficiarse de la reconversión tecnológica y productiva asociada al cambio climático, y de la necesidad de una información transparente y actualizada a las comunidades.
La orden ejecutiva tendrá un positivo impacto global y la cooperación bilateral puede ser muy importante para la gestión ambiental en Colombia. Debemos estar atentos y evitar posibles efectos negativos asociados al oportunismo empresarial extractivista. El mundo ya no es como antes y la interdependencia asociada al cambio climático es un aliado para una mejor gestión ambiental.