La semana pasada, el DNP, Naciones Unidas (PNUD) y la fundación Buen Gobierno convocaron al foro Dividendos Ambientales de la Paz, Retos y Oportunidades. Allí, el Gobierno presentó una visión muy optimista de lo que cree que serán los beneficios ambientales de la paz. Difiero en algunos aspectos.
Durante la intervención que tuve oportunidad de hacer me referí a algo que hizo falta en la convocatoria y en la intervención gubernamental: los riesgos. El 82% de los territorios prioritarios para la construcción de espacios de paz están en áreas de expansión de frontera agropecuaria, suelos de gran fragilidad y presencia importante de ecosistemas naturales.
Según Simón Gaviria (DNP), “por cada año de paz, Colombia ahorraría $7,1 billones en degradación ambiental” y disminuirá la deforestación, pues “en municipios de conflicto se deforesta 6,5 hectáreas por cada 1.000 hectáreas de bosque, mientras que en los demás municipios es 2,6… Es decir, se deforesta casi tres veces más en municipios de conflicto”, explicó Gaviria. Lamentablemente, nada nos garantiza que cuando haya presencia del Estado en dichos municipios en conflicto —hoy de frontera social y agrícola— la destrucción del bosque disminuya, como lo espera DNP.
El análisis del Gobierno señala que la degradación ambiental en dichas zonas obedece a la presencia de la coca y la minería ilegal, y que con la presencia del Estado y el acuerdo de paz en marcha la deforestación disminuirá, a pesar de carreteras, crédito, titulación, asistencia técnica, educación, salud, seguridad y paz. Demasiado optimismo.
El acuerdo de La Habana sobre reforma rural integral genera riesgos que es importante discutir para planificar su manejo y evitar procesos de destrucción y degradación que llevarían a la insostenibilidad de los procesos productivos y sociales que allí se impulsen. Lo más probable, si no se toman medidas efectivas y eficaces, es que la deforestación en esos lugares aumente de manera significativa. Hay múltiples razones.
Los campesinos colonos, los excombatientes y las instituciones están preparados, y el crédito y la asistencia técnica diseñados, para impulsar sistemas agropecuarios tradicionales que no son aptos para los suelos existentes en la mayor parte de los territorios prioritarios para la construcción de paz. Además, la sustitución de la coca por otros cultivos significa que todos los cultivos sustitutos requieren mucho más espacio que la coca para generar una tercera parte de los ingresos que genera la coca.
Tales condiciones exigen que todos los actores involucrados pensemos alternativas distintas a las tradicionales si queremos procesos social, económica y ambientalmente sostenibles en estos territorios.
Como lo mencionó el PNUD, el agroturismo y el ecoturismo, combinados con pago por servicios ambientales, son alternativas. Los sistemas silvopastoriles ganaderos, el café asociado a la biodiversidad, el cacao en bosque y otros productos asociados a la biodiversidad también pueden serlo.
Pero nada será posible si las carreteras y las inversiones llegan antes de que las comunidades, los excombatientes y las instituciones identifiquen los riesgos y limitaciones y acuerden un manejo del territorio que garantice la conservación de la estructura ecológica principal que permita conservar agua, suelos y biodiversidad, servicios ambientales muy importantes ante la variabilidad climática que estamos viviendo.
La semana pasada, el DNP, Naciones Unidas (PNUD) y la fundación Buen Gobierno convocaron al foro Dividendos Ambientales de la Paz, Retos y Oportunidades. Allí, el Gobierno presentó una visión muy optimista de lo que cree que serán los beneficios ambientales de la paz. Difiero en algunos aspectos.
Durante la intervención que tuve oportunidad de hacer me referí a algo que hizo falta en la convocatoria y en la intervención gubernamental: los riesgos. El 82% de los territorios prioritarios para la construcción de espacios de paz están en áreas de expansión de frontera agropecuaria, suelos de gran fragilidad y presencia importante de ecosistemas naturales.
Según Simón Gaviria (DNP), “por cada año de paz, Colombia ahorraría $7,1 billones en degradación ambiental” y disminuirá la deforestación, pues “en municipios de conflicto se deforesta 6,5 hectáreas por cada 1.000 hectáreas de bosque, mientras que en los demás municipios es 2,6… Es decir, se deforesta casi tres veces más en municipios de conflicto”, explicó Gaviria. Lamentablemente, nada nos garantiza que cuando haya presencia del Estado en dichos municipios en conflicto —hoy de frontera social y agrícola— la destrucción del bosque disminuya, como lo espera DNP.
El análisis del Gobierno señala que la degradación ambiental en dichas zonas obedece a la presencia de la coca y la minería ilegal, y que con la presencia del Estado y el acuerdo de paz en marcha la deforestación disminuirá, a pesar de carreteras, crédito, titulación, asistencia técnica, educación, salud, seguridad y paz. Demasiado optimismo.
El acuerdo de La Habana sobre reforma rural integral genera riesgos que es importante discutir para planificar su manejo y evitar procesos de destrucción y degradación que llevarían a la insostenibilidad de los procesos productivos y sociales que allí se impulsen. Lo más probable, si no se toman medidas efectivas y eficaces, es que la deforestación en esos lugares aumente de manera significativa. Hay múltiples razones.
Los campesinos colonos, los excombatientes y las instituciones están preparados, y el crédito y la asistencia técnica diseñados, para impulsar sistemas agropecuarios tradicionales que no son aptos para los suelos existentes en la mayor parte de los territorios prioritarios para la construcción de paz. Además, la sustitución de la coca por otros cultivos significa que todos los cultivos sustitutos requieren mucho más espacio que la coca para generar una tercera parte de los ingresos que genera la coca.
Tales condiciones exigen que todos los actores involucrados pensemos alternativas distintas a las tradicionales si queremos procesos social, económica y ambientalmente sostenibles en estos territorios.
Como lo mencionó el PNUD, el agroturismo y el ecoturismo, combinados con pago por servicios ambientales, son alternativas. Los sistemas silvopastoriles ganaderos, el café asociado a la biodiversidad, el cacao en bosque y otros productos asociados a la biodiversidad también pueden serlo.
Pero nada será posible si las carreteras y las inversiones llegan antes de que las comunidades, los excombatientes y las instituciones identifiquen los riesgos y limitaciones y acuerden un manejo del territorio que garantice la conservación de la estructura ecológica principal que permita conservar agua, suelos y biodiversidad, servicios ambientales muy importantes ante la variabilidad climática que estamos viviendo.