La Universidad Distrital está adelantando foros virtuales para generar insumos en el propósito de actualizar la política forestal colombiana al 2030. Colombia posee más del 50 % de su superficie en bosque y el aporte de la madera al PIB es menos del 1 %; de hecho, es el 0,25 %. Históricamente los países han destruido la mayor parte de sus bosques para usar el suelo en producción agropecuaria y suelos urbanos. ¿Debe Colombia seguir ese modelo? ¿Qué razones hay para no hacerlo? Las cifras generan interrogantes.
Los bosques toman especial relevancia con las evidencias científicas de la relación entre la integridad de los ecosistemas y el origen y expansión del coronavirus, y por el énfasis que Naciones Unidas y la banca multilateral están haciendo sobre en la necesidad de “enverdecer” la recuperación económica para evitar pasar de la crisis del COVID-19 a una agudización de la crisis climática.
En este contexto, el futuro de los bosques está ligado a valores culturales, intereses sociales y beneficios económicos globales derivados de los mismos bosques. Estos beneficios, lo que los economistas llaman “externalidades positivas” o beneficios que son percibidos por terceros, ya se están monetizando y justifican la conservación de dichos bosques.
El ingreso generado por el bosque antes se asociaba principalmente con ingresos por venta de maderas extraídas de él. Recientemente, empieza a asociarse con otros productos tales como frutos silvestres, espacio para el ecoturismo o turismo de naturaleza, aceites, esencias y otros. En la economía contemporánea toman gran importancia los ingresos por compensaciones o pago por servicios ambientales (PSA) por los beneficios nacionales y globales asociados con el ecosistema forestal (externalidades) como: regulación hídrica, conservación de biodiversidad y regulación climática. Ahora con el COVID-19 aumenta su valor como parte de la estrategia para disminuir el riesgo de pandemias.
En las próximas reuniones de Naciones Unidas, tanto la COP de biodiversidad como la de cambio climático, Colombia y los países que conservan grandes masas de bosque deben unirse para negociar una compensación por los beneficios globales que estos generan. Las tendencias del mercado hoy favorecen la conservación porque cada día hay menos bosque natural y esto aumenta la valoración de sus servicios ecosistémicos, lo cual debe aumentar el PSA.
Los ingresos por compensación se lograrán en la medida en que conservemos la integridad de nuestros ecosistemas. Si no hay integridad, se pierden algunos servicios ecosistémicos. Para asegurar la conservación de nuestros bosques en la Amazonia y el andén Pacífico, debemos lograr que los beneficios que reciban las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que son la suma de los beneficios por la existencia del bosque y sus productos más las transferencias por PSA, sean superiores a lo que ellas puedan percibir si utilizan esos espacios para otros fines que signifiquen la destrucción del bosque.
Es necesario pasar del enfoque de frontera agrícola al de frontera productiva climáticamente responsable, que valide y valore los beneficios generados por los ecosistemas y que asegure su conservación combinando la extracción sostenible de sus productos tradicionales, con las transferencias por compensación de sus externalidades positivas. Estas últimas deben ser el eje de la política forestal al 2030.
La Universidad Distrital está adelantando foros virtuales para generar insumos en el propósito de actualizar la política forestal colombiana al 2030. Colombia posee más del 50 % de su superficie en bosque y el aporte de la madera al PIB es menos del 1 %; de hecho, es el 0,25 %. Históricamente los países han destruido la mayor parte de sus bosques para usar el suelo en producción agropecuaria y suelos urbanos. ¿Debe Colombia seguir ese modelo? ¿Qué razones hay para no hacerlo? Las cifras generan interrogantes.
Los bosques toman especial relevancia con las evidencias científicas de la relación entre la integridad de los ecosistemas y el origen y expansión del coronavirus, y por el énfasis que Naciones Unidas y la banca multilateral están haciendo sobre en la necesidad de “enverdecer” la recuperación económica para evitar pasar de la crisis del COVID-19 a una agudización de la crisis climática.
En este contexto, el futuro de los bosques está ligado a valores culturales, intereses sociales y beneficios económicos globales derivados de los mismos bosques. Estos beneficios, lo que los economistas llaman “externalidades positivas” o beneficios que son percibidos por terceros, ya se están monetizando y justifican la conservación de dichos bosques.
El ingreso generado por el bosque antes se asociaba principalmente con ingresos por venta de maderas extraídas de él. Recientemente, empieza a asociarse con otros productos tales como frutos silvestres, espacio para el ecoturismo o turismo de naturaleza, aceites, esencias y otros. En la economía contemporánea toman gran importancia los ingresos por compensaciones o pago por servicios ambientales (PSA) por los beneficios nacionales y globales asociados con el ecosistema forestal (externalidades) como: regulación hídrica, conservación de biodiversidad y regulación climática. Ahora con el COVID-19 aumenta su valor como parte de la estrategia para disminuir el riesgo de pandemias.
En las próximas reuniones de Naciones Unidas, tanto la COP de biodiversidad como la de cambio climático, Colombia y los países que conservan grandes masas de bosque deben unirse para negociar una compensación por los beneficios globales que estos generan. Las tendencias del mercado hoy favorecen la conservación porque cada día hay menos bosque natural y esto aumenta la valoración de sus servicios ecosistémicos, lo cual debe aumentar el PSA.
Los ingresos por compensación se lograrán en la medida en que conservemos la integridad de nuestros ecosistemas. Si no hay integridad, se pierden algunos servicios ecosistémicos. Para asegurar la conservación de nuestros bosques en la Amazonia y el andén Pacífico, debemos lograr que los beneficios que reciban las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que son la suma de los beneficios por la existencia del bosque y sus productos más las transferencias por PSA, sean superiores a lo que ellas puedan percibir si utilizan esos espacios para otros fines que signifiquen la destrucción del bosque.
Es necesario pasar del enfoque de frontera agrícola al de frontera productiva climáticamente responsable, que valide y valore los beneficios generados por los ecosistemas y que asegure su conservación combinando la extracción sostenible de sus productos tradicionales, con las transferencias por compensación de sus externalidades positivas. Estas últimas deben ser el eje de la política forestal al 2030.