LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PRESIdente electo buscará duplicar, en los próximos cuatro años, las exportaciones del país.
Este incremento se basará en la actividad minera, uno de los aspectos de continuidad entre el gobierno saliente y el entrante. Durante el mandato Uribe, las concesiones mineras se han otorgado en número y magnitud sin precedentes, a lo largo y ancho del territorio nacional, sustentando la propuesta de Santos, de incrementar el recaudo por regalías. Adicionalmente, en su campaña se planteó que, para evitar la “enfermedad holandesa” causada por el aumento de recursos generados por la explotación minera, se promoverá la inversión en el sector agrícola, y se buscará un “milagro agrícola”.
Ambos sectores productivos implican un importante riesgo ambiental y, de no manejarse adecuadamente, en el mediano plazo pueden tener efectos económicos, sociales y ambientales muy negativos. Ejemplos de países vecinos con grandes regalías mineras y con profundas crisis económicas y sociales son Venezuela y Ecuador. Otra crisis ambiental y política asociada a la explotación petrolera es el actual derrame en el Golfo de México. De hecho, los crecientes impactos económicos y ambientales y su manejo han provocado que hoy se cuestione al presidente Obama.
En Colombia, la institucionalidad ambiental se ha vuelto muy vulnerable, mientras sectores con los cuales debe interactuar han crecido aceleradamente. En la campaña electoral se dijo que se crearía el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se escindiría del actual Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Esto, como una manifestación de la mayor importancia que el nuevo gobierno le concede al problema ambiental, y contribuir así a generar el necesario equilibrio entre la actividad productiva y la gestión ambiental, requisito para un desarrollo sostenible.
Los retos ambientales que plantean la minería y la agricultura exigen una institucionalidad ambiental efectiva y eficiente, no sólo en la agilidad de los trámites burocráticos, sino en la calidad de los conceptos y las intervenciones, puesto que para tomar decisiones es indispensable contrastar los efectos económicos, sociales y ecológicos del impacto ambiental con los beneficios de la actividad propuesta.
La minería es, por definición, una actividad no sostenible, pues se basa en la extracción de un recurso natural no renovable. Para que contribuya al desarrollo sostenible, la actividad minera debe ser de bajo impacto ambiental, y las regalías generadas deben invertirse en proyectos asociados al desarrollo sostenible. Así, no sólo se deben compensar los impactos ambientales negativos con inversiones directas en conservación y uso sostenible de recursos renovables, también se debe promover la generación de capital humano con inversión en educación y capacidad institucional, incluido el fortalecimiento técnico del nuevo ministerio. La renta proveniente de las regalías debe orientarse a garantizar que las regiones mineras, y el país en general, se encaminen hacia el desarrollo sostenible. En algunos casos, esto implicará no realizar ciertas actividades mineras y de expansión agrícola.
La minería es la herramienta que la nueva administración ha escogido para superar el déficit fiscal en el corto plazo. Sin embargo, si no se quiere transferir su alto costo a los habitantes actuales y futuros de esta Colombia rica en minerales y biodiversidad, sólo se debe permitir la actividad minera que sea de bajo impacto ambiental.
LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PRESIdente electo buscará duplicar, en los próximos cuatro años, las exportaciones del país.
Este incremento se basará en la actividad minera, uno de los aspectos de continuidad entre el gobierno saliente y el entrante. Durante el mandato Uribe, las concesiones mineras se han otorgado en número y magnitud sin precedentes, a lo largo y ancho del territorio nacional, sustentando la propuesta de Santos, de incrementar el recaudo por regalías. Adicionalmente, en su campaña se planteó que, para evitar la “enfermedad holandesa” causada por el aumento de recursos generados por la explotación minera, se promoverá la inversión en el sector agrícola, y se buscará un “milagro agrícola”.
Ambos sectores productivos implican un importante riesgo ambiental y, de no manejarse adecuadamente, en el mediano plazo pueden tener efectos económicos, sociales y ambientales muy negativos. Ejemplos de países vecinos con grandes regalías mineras y con profundas crisis económicas y sociales son Venezuela y Ecuador. Otra crisis ambiental y política asociada a la explotación petrolera es el actual derrame en el Golfo de México. De hecho, los crecientes impactos económicos y ambientales y su manejo han provocado que hoy se cuestione al presidente Obama.
En Colombia, la institucionalidad ambiental se ha vuelto muy vulnerable, mientras sectores con los cuales debe interactuar han crecido aceleradamente. En la campaña electoral se dijo que se crearía el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se escindiría del actual Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Esto, como una manifestación de la mayor importancia que el nuevo gobierno le concede al problema ambiental, y contribuir así a generar el necesario equilibrio entre la actividad productiva y la gestión ambiental, requisito para un desarrollo sostenible.
Los retos ambientales que plantean la minería y la agricultura exigen una institucionalidad ambiental efectiva y eficiente, no sólo en la agilidad de los trámites burocráticos, sino en la calidad de los conceptos y las intervenciones, puesto que para tomar decisiones es indispensable contrastar los efectos económicos, sociales y ecológicos del impacto ambiental con los beneficios de la actividad propuesta.
La minería es, por definición, una actividad no sostenible, pues se basa en la extracción de un recurso natural no renovable. Para que contribuya al desarrollo sostenible, la actividad minera debe ser de bajo impacto ambiental, y las regalías generadas deben invertirse en proyectos asociados al desarrollo sostenible. Así, no sólo se deben compensar los impactos ambientales negativos con inversiones directas en conservación y uso sostenible de recursos renovables, también se debe promover la generación de capital humano con inversión en educación y capacidad institucional, incluido el fortalecimiento técnico del nuevo ministerio. La renta proveniente de las regalías debe orientarse a garantizar que las regiones mineras, y el país en general, se encaminen hacia el desarrollo sostenible. En algunos casos, esto implicará no realizar ciertas actividades mineras y de expansión agrícola.
La minería es la herramienta que la nueva administración ha escogido para superar el déficit fiscal en el corto plazo. Sin embargo, si no se quiere transferir su alto costo a los habitantes actuales y futuros de esta Colombia rica en minerales y biodiversidad, sólo se debe permitir la actividad minera que sea de bajo impacto ambiental.