A pesar de los altos precios del oro, este no le representa al país dividendos importantes. En un reciente debate titulado “Minería: ¿motor de la reactivación económica?”, organizado por el Foro Nacional Ambiental, el profesor Guillermo Rudas presentó cifras, derivadas de fuentes e información oficial, que nos ponen a pensar.
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Según su investigación, por cada $1.000 de aporte al PIB de la producción de oro en el periodo 2014-2018, se generó un impuesto sobre la renta de $30. Por los mismos $1.000 aportados al PIB provenientes de la industria manufacturera, se generaron $44, y por el petróleo y gas, $108, es decir, tres veces más que el oro. La gran diferencia está sustentada en las deducciones que tienen las explotaciones de metales preciosos, que son mucho mayores que las que tienen los hidrocarburos.
Adicionalmente, hay varias normas y leyes que hacen muy difícil que las comunidades locales se beneficien. El Código de Minas vigente, ley 685 de 2001, dice en su artículo 231 que no podrán ser gravadas con impuestos departamentales y municipales, directos o indirectos, la exploración y explotación minera, ni la maquinaria, equipos y demás elementos que se emplean para tal fin.
Según la investigación de Rudas, en términos de regalías para el periodo 2014-2019, el petróleo y gas aportan en promedio anual $5,8 billones y el carbón, $1,6 billones, mientras que el níquel y el oro solo contribuyen con $106.000 millones y $152.000 millones, respectivamente. Es decir, las regalías del oro, a pesar de sus elevados precios en el mercado internacional, representan algo menos que el 2 % de las regalías provenientes de la extracción de los recursos naturales no renovables. Esto porque las regalías que paga el oro son mucho más bajas que las del petróleo y el gas.
Todo lo anterior se agrava aún más si consideramos la baja generación de empleo del sector minero versus otros sectores. Para el año 2019, según cifras del DANE, el sector manufacturero generó el 12 % del PIB y el 16 % del empleo; el sector agropecuario, el 6,2 % del PIB y el 16 % del empleo, mientras que el sector de hidrocarburos y minería generó el 5 % del PIB pero apenas el 0,9 % del empleo. El sector minero es el que menos empleo genera en términos relativos.
Las cifras resultado de la investigación de Rudas también demuestran irregularidades en el pago de obligaciones tributarias, en el pago de la tasa de uso del agua y de la tasa retributiva por parte de los mineros. Esto refleja baja capacidad de gestión o corrupción en las entidades públicas encargadas del recaudo. Un interrogante sin resolver que queda planteado.
La gran conclusión, apenas obvia, es que para que al país le quede algo significativo por la explotación de oro, es necesario subir las regalías, revisar normas, ser transparentes, definir los contratos con nuevos criterios y mejorar la capacidad institucional. Hay que cambiar las reglas de juego; como están, el negocio es solo para los empresarios y no para el país. Además, así se mejore el pago de regalías e impuestos y se controle mejor el proceso extractivo del oro, en muchas regiones no es viable explotarlo, por razones ambientales y sociales. Más ahora que está aumentado la violencia y la minería genera confrontación.
