Visto desde el extranjero, hay interrogantes que parecen no tener respuesta: ¿cómo es que la sociedad colombiana pretende negar a los excombatientes la posibilidad de hacer política, cuando un gran indicador de éxito de un acuerdo de paz es que los excombatientes dejen las armas y pasen a las urnas? La otra es: ¿cómo se pretende la reincorporación de los excombatientes de una guerrilla rural, sin adjudicación de tierra para que adelanten proyectos productivos? No se entiende cómo parte de la sociedad colombiana argumenta en favor de desperdiciar este histórico instrumento de paz.
Si queremos consolidar la paz, como sociedad, tenemos que ser capaces de generar opciones productivas a los excombatientes para que puedan comer, educar a sus familias, y articularse y contribuir al desarrollo social. Si no somos capaces de generar un espacio en la sociedad, no nos debería extrañar si ellos buscan reubicarse en actividades relacionadas con la ilegalidad.
Uno de los aspectos cruciales de la sostenibilidad del proceso de paz es la efectiva reincorporación económica y social de los excombatientes, cuyo 60 % son personas de origen rural, es decir, nacieron en familias campesinas productoras. Esto se expresa en el hecho de que cerca del 80 % de los proyectos productivos elaborados por los excombatientes están vinculados a la producción agropecuaria.
La posición de algunos sectores de la sociedad colombiana hace creer que —en su imaginario— la firma del Acuerdo del Paz significará la desaparición de la guerrilla y la transformación de los excombatientes en cuerpo glorioso. En realidad tenemos un gran reto para asegurar su efectiva reincorporación a la sociedad y esto significa buscar caminos para hacerlo posible. En esta búsqueda, todos debemos comprometernos. Por ello resulta miope la posición de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) a que hace referencia el artículo “¡Qué tierrero con los predios para las Farc!” (revista Semana, abril 26/2018), según el cual la SAC se opuso al trámite de un decreto que daba salida a la encrucijada de excombatientes sin tierras.
El borrador del decreto, que había logrado cierta concertación entre Gobierno y FARC y que ahora parece engavetado, daba una salida considerando el carácter colectivo del proceso de reincorporación y la apremiante necesidad de acceder a la tierra de manera expedita. Para ello creaba un programa especial de compra de tierras para adjudicar colectiva e individualmente a los excombatientes, teniendo en cuenta la realidad de los beneficiarios y de la institucionalidad encargada del proceso, y materializando así el acceso cierto a la propiedad de tierras para los reincorporados.
Algunos sectores de la sociedad colombiana cuestionaron resolver el problema de propiedad a los excombatientes antes de solucionar las solicitudes de miles de campesinos y víctimas desposeídas que hacen fila solicitando tierras.
En términos de necesidad de tierras, resolver el problema a los excombatientes es un problema minúsculo, si lo comparamos con el gran grupo de desposeídos. Sin embargo, resulta estratégico para la consolidación de la paz. Ser estratégico significa escoger, y escoger significa priorizar. Esperamos que el Gobierno priorice y que no salga con un decreto reglamentario que no soluciona el problema de los excombatientes sin tierra, condición que pone en mayor riesgo el proceso de paz.
Visto desde el extranjero, hay interrogantes que parecen no tener respuesta: ¿cómo es que la sociedad colombiana pretende negar a los excombatientes la posibilidad de hacer política, cuando un gran indicador de éxito de un acuerdo de paz es que los excombatientes dejen las armas y pasen a las urnas? La otra es: ¿cómo se pretende la reincorporación de los excombatientes de una guerrilla rural, sin adjudicación de tierra para que adelanten proyectos productivos? No se entiende cómo parte de la sociedad colombiana argumenta en favor de desperdiciar este histórico instrumento de paz.
Si queremos consolidar la paz, como sociedad, tenemos que ser capaces de generar opciones productivas a los excombatientes para que puedan comer, educar a sus familias, y articularse y contribuir al desarrollo social. Si no somos capaces de generar un espacio en la sociedad, no nos debería extrañar si ellos buscan reubicarse en actividades relacionadas con la ilegalidad.
Uno de los aspectos cruciales de la sostenibilidad del proceso de paz es la efectiva reincorporación económica y social de los excombatientes, cuyo 60 % son personas de origen rural, es decir, nacieron en familias campesinas productoras. Esto se expresa en el hecho de que cerca del 80 % de los proyectos productivos elaborados por los excombatientes están vinculados a la producción agropecuaria.
La posición de algunos sectores de la sociedad colombiana hace creer que —en su imaginario— la firma del Acuerdo del Paz significará la desaparición de la guerrilla y la transformación de los excombatientes en cuerpo glorioso. En realidad tenemos un gran reto para asegurar su efectiva reincorporación a la sociedad y esto significa buscar caminos para hacerlo posible. En esta búsqueda, todos debemos comprometernos. Por ello resulta miope la posición de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) a que hace referencia el artículo “¡Qué tierrero con los predios para las Farc!” (revista Semana, abril 26/2018), según el cual la SAC se opuso al trámite de un decreto que daba salida a la encrucijada de excombatientes sin tierras.
El borrador del decreto, que había logrado cierta concertación entre Gobierno y FARC y que ahora parece engavetado, daba una salida considerando el carácter colectivo del proceso de reincorporación y la apremiante necesidad de acceder a la tierra de manera expedita. Para ello creaba un programa especial de compra de tierras para adjudicar colectiva e individualmente a los excombatientes, teniendo en cuenta la realidad de los beneficiarios y de la institucionalidad encargada del proceso, y materializando así el acceso cierto a la propiedad de tierras para los reincorporados.
Algunos sectores de la sociedad colombiana cuestionaron resolver el problema de propiedad a los excombatientes antes de solucionar las solicitudes de miles de campesinos y víctimas desposeídas que hacen fila solicitando tierras.
En términos de necesidad de tierras, resolver el problema a los excombatientes es un problema minúsculo, si lo comparamos con el gran grupo de desposeídos. Sin embargo, resulta estratégico para la consolidación de la paz. Ser estratégico significa escoger, y escoger significa priorizar. Esperamos que el Gobierno priorice y que no salga con un decreto reglamentario que no soluciona el problema de los excombatientes sin tierra, condición que pone en mayor riesgo el proceso de paz.