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El G20 agrupa los países con mayor capacidad de influencia política y económica del mundo. Juntos contienen dos tercios de la población mundial, representan el 85 % de la economía global y el 75 % del comercio internacional: sus acuerdos tienen importancia global. Como antesala a la COP26, reunión de Naciones Unidas sobre cambio climático (Glasgow, Escocia, noviembre de 2021), en Nápoles (Italia) se acaba de realizar la reunión de los ministros de ambiente del G20, países responsables del 85 % de las emisiones de gases efecto invernadero, principales productores de petróleo y energías renovables. Después de varios meses de negociaciones se llegó a un comprensivo documento que reconoce la estrecha relación entre medio ambiente, clima, energía y pobreza.
Si bien los países del G20 están alineados con respecto a la necesidad de reducir las emisiones de CO2, en el cómo y el cuándo aparecen las diferencias. Estados Unidos, Europa, Japón y Corea apuntan a la neutralidad de carbono para 2050; China, Rusia, India, Indonesia y Arabia Saudita hablan de mayores plazos. Tampoco hay acuerdo sobre quién financiará la transición. Los países del sur global insisten en la necesidad de que los países industrializados asuman la responsabilidad de financiar la lucha contra el cambio climático. Se ha propuesto que se cancele parte de la deuda de los países en desarrollo para financiar su transición ecológica. Por el momento, lo acordado en París (2015) —que los países avanzados financiarían la descarbonización de las economías emergentes con US$100.000 millones al año— sigue siendo letra sobre papel.
Ahora los acuerdos se deben concretar y hacer efectivos. Mientras las conversaciones se dilatan, los eventos climáticos extremos muestran la urgencia de una acción conjunta. Según la Oficina Norteamericana de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), el 2021 es uno de los diez años más cálidos desde 1880. A principios de julio, hubo una temperatura récord de 48 °C en el Ártico y extensos incendios e inundaciones en diversas partes del mundo. Sin embargo, solo el 2 % de los fondos asignados por las autoridades mundiales para la reactivación económica pos-COVID se gastarán en sectores verdes. Según Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, “no solo las inversiones están aún lejos de lo que se necesita para poner al mundo en el camino correcto para lograr emisiones netas cero a mediados de siglo, sino que ni siquiera son suficientes para evitar que las emisiones globales alcancen un nuevo récord”.
Para evitar el colapso climático, es necesario generar compromisos financieros vinculantes e intervenir el comercio mundial para forzar a los grandes emisores, incluidas las corporaciones multinacionales, a disminuir sus aportes. Es necesario un liderazgo económico que debe articular a Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur para forzar cambios en China, Rusia, India y países árabes.
Entre lo acordado en Nápoles está priorizar las “soluciones basadas en la naturaleza”, para contrarrestar las dos grandes crisis ambientales: pérdida de biodiversidad y crisis climática. En este contexto, Colombia es potencia global por biodiversidad y servicios de regulación climática asociados al 51 % de nuestra área continental cubierta por bosques biodiversos. Tenemos que negociar canje de deuda en compensación por los servicios de regulación climática y preparar nuestra economía —producción y consumo climáticamente responsables— fortaleciendo el Pacto por la Vida, una estrategia de adaptación y mitigación frente a la crisis climática, que busca construir y ejecutar acuerdos de acción climática liderados por la ciudadanía.
