Hay dos extremos: el inversionista que deforesta para apropiarse de tierra y hacer especulación predial, y quien deforesta buscando su sustento. Según la Ley de Delitos Ambientales, deforestar en la reserva de la Amazonia es un delito que afecta a los colombianos y a la humanidad entera, de acuerdo con lo expresado y pactado en la COP26. Es delincuente el inversionista que contrata y paga por deforestar, y es cómplice el gobierno —local o nacional— que genera condiciones que propician la ejecución del delito.
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Glasgow: deforestación, delitos e incentivos
10 de noviembre de 2021 - 05:30 a. m.