El Gobierno de Colombia pretende reiniciar la fumigación con glifosato y, para ello, busca sortear lo oposición de la Corte Constitucional, que ordenó la suspensión de la aspersión para proteger derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes por los daños de este agroquímico sobre la salud y los ecosistemas.
Bayer, ahora propietario de Monsanto y, por lo tanto, de los más conocidos herbicidas que contienen glifosato, insiste en que estos productos no causan cáncer. Los estrados judiciales dicen lo contrario, pues usuarios frecuentes de Roundup y RangerPro han ganado varias demandas y Bayer ha aceptado pagar cerca de US$11.000 millones a las víctimas del herbicida. La patente del glifosato fue introducida por Monsanto en 1974 y expiró en 2000. En la actualidad la sustancia química es vendida por varios fabricantes, en muchos productos. Mientras sus ventas decaen en los países ricos, aumentan en los países de ingresos medios y bajos.
En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer —órgano de la Organización Mundial de la Salud (OMS)— concluyó que el glifosato era “probablemente cancerígeno para los humanos”. Contrario a lo que dice la OMS, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos insiste en que es seguro cuando se usa con cuidado. La comunidad científica está dividida en cuanto a la relación del glifosato con el cáncer. Imaginamos que el Gobierno colombiano dice que lo usará con sumo cuidado cuando fumigue gentes y selvas.
Fumigar, condenar y tratar como mafioso al cultivador de hoja de coca es un grave error con alto costo social. Agredir al eslabón más débil de la cadena no soluciona el problema. El carácter de ilegalidad opera como un precio de sustentación que hace la actividad muy rentable, y esto siempre atraerá nuevos agentes productivos. Además, el desempleo y el hambre hacen que la gente subvalore el riesgo y se aventure a cultivar coca selva adentro.
El Gobierno de Colombia, dado que no tiene capacidad para legalizar la cocaína, debería concentrar todos sus esfuerzos y los de la cooperación internacional en ubicar y destruir los laboratorios que producen cocaína y perseguir a los narcotraficantes. Ellos son los que movilizan a los cultivadores y quienes generan el caos social y la violencia.
Un efecto colateral muy importante es que si se deja de perseguir al cultivador, esos cultivos se desplazarán de la selva a los lugares ya intervenidos dentro de la llamada frontera agropecuaria. Así, evitaremos la degradación de nuestros ecosistemas selváticos y la crisis social que se está generando al tratar como ilegal al campesino. Legalizar el cultivo y utilizar todos los recursos disponibles para perseguir el narcotráfico será mucho más efectivo y menos destructivo. Fumigar es costoso, causa grandes daños y no es la solución; revisemos nuestra historia.
Lo lógico es centrar los recursos financieros y el esfuerzo policivo en perseguir al narcotraficante y no al agricultor, que no es el mismo narcotraficante. Protejamos al campesino y la biodiversidad, pues ni el uno ni la otra son los responsables del narcotráfico. El narcotraficante paga bien y conseguirá los insumos en Bolivia, Perú o Venezuela, mientras, desde otros lugares en Colombia, nuevos cultivadores los volverán a suministrar. Revisemos nuestra historia, la única solución es legalizar.
Nota. 18 países han tomado la determinación de prohibir el uso del glifosato en la agricultura y el principio de precaución debería llevarnos a suspender su uso en todas sus formas y en todo el territorio nacional.
El Gobierno de Colombia pretende reiniciar la fumigación con glifosato y, para ello, busca sortear lo oposición de la Corte Constitucional, que ordenó la suspensión de la aspersión para proteger derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes por los daños de este agroquímico sobre la salud y los ecosistemas.
Bayer, ahora propietario de Monsanto y, por lo tanto, de los más conocidos herbicidas que contienen glifosato, insiste en que estos productos no causan cáncer. Los estrados judiciales dicen lo contrario, pues usuarios frecuentes de Roundup y RangerPro han ganado varias demandas y Bayer ha aceptado pagar cerca de US$11.000 millones a las víctimas del herbicida. La patente del glifosato fue introducida por Monsanto en 1974 y expiró en 2000. En la actualidad la sustancia química es vendida por varios fabricantes, en muchos productos. Mientras sus ventas decaen en los países ricos, aumentan en los países de ingresos medios y bajos.
En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer —órgano de la Organización Mundial de la Salud (OMS)— concluyó que el glifosato era “probablemente cancerígeno para los humanos”. Contrario a lo que dice la OMS, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos insiste en que es seguro cuando se usa con cuidado. La comunidad científica está dividida en cuanto a la relación del glifosato con el cáncer. Imaginamos que el Gobierno colombiano dice que lo usará con sumo cuidado cuando fumigue gentes y selvas.
Fumigar, condenar y tratar como mafioso al cultivador de hoja de coca es un grave error con alto costo social. Agredir al eslabón más débil de la cadena no soluciona el problema. El carácter de ilegalidad opera como un precio de sustentación que hace la actividad muy rentable, y esto siempre atraerá nuevos agentes productivos. Además, el desempleo y el hambre hacen que la gente subvalore el riesgo y se aventure a cultivar coca selva adentro.
El Gobierno de Colombia, dado que no tiene capacidad para legalizar la cocaína, debería concentrar todos sus esfuerzos y los de la cooperación internacional en ubicar y destruir los laboratorios que producen cocaína y perseguir a los narcotraficantes. Ellos son los que movilizan a los cultivadores y quienes generan el caos social y la violencia.
Un efecto colateral muy importante es que si se deja de perseguir al cultivador, esos cultivos se desplazarán de la selva a los lugares ya intervenidos dentro de la llamada frontera agropecuaria. Así, evitaremos la degradación de nuestros ecosistemas selváticos y la crisis social que se está generando al tratar como ilegal al campesino. Legalizar el cultivo y utilizar todos los recursos disponibles para perseguir el narcotráfico será mucho más efectivo y menos destructivo. Fumigar es costoso, causa grandes daños y no es la solución; revisemos nuestra historia.
Lo lógico es centrar los recursos financieros y el esfuerzo policivo en perseguir al narcotraficante y no al agricultor, que no es el mismo narcotraficante. Protejamos al campesino y la biodiversidad, pues ni el uno ni la otra son los responsables del narcotráfico. El narcotraficante paga bien y conseguirá los insumos en Bolivia, Perú o Venezuela, mientras, desde otros lugares en Colombia, nuevos cultivadores los volverán a suministrar. Revisemos nuestra historia, la única solución es legalizar.
Nota. 18 países han tomado la determinación de prohibir el uso del glifosato en la agricultura y el principio de precaución debería llevarnos a suspender su uso en todas sus formas y en todo el territorio nacional.