Herejía positiva: los pilotos de “fracking”

En 2013 (Decreto 3004) y 2014 (Resolución 90341), sin debate público, se pretendió regular el fracking en Colombia. En octubre de 2018, el Gobierno de Duque convocó la llamada Comisión Independiente Interdisciplinaria (CII) para que emitiera un concepto sobre si era conveniente o no hacer fracking en Colombia. Fuimos 13 miembros, cuatro de los cuales no estábamos vinculados con la industria del gas y el petróleo, los responsables de analizar aspectos ecosistémicos, de institucionalidad ambiental, sociales y de salud pública. Antes de empezar a trabajar ya algunos ambientalistas nos calificaron de “vendidos”. No les compramos la pelea e hicimos oídos sordos ante tan prematura descalificación. En noviembre de 2018, el Consejo de Estado, como medida cautelar, suspendió la posibilidad de aplicar el Decreto 3004 y la Resolución 90341.

La CII inició trabajo con dos acuerdos fundamentales: 1) Escuchar a los otros. Sabíamos que entre nosotros teníamos puntos de vista contrarios. En mi caso, en 2018 había escrito en contra el texto “Fracking y calentamiento global: seamos serios”; otros habían hecho publicaciones a favor del fracking. 2) Elaborar un documento final de consenso y si hubiera puntos de disenso hacerlos explícitos. En febrero de 2019 la CII emitió una recomendación que no dejó satisfecho a ninguno de los extremos, pues no dice que sí ni que no; propone la realización de proyectos piloto de investigación integral (PPII) para generar información que permita hacer un análisis integral costo-beneficio, para definir si se hace fracking o no con propósitos comerciales. El cuerpo del documento principal fue de consenso y quedó un “Anexo especial”, en el cual tres de nosotros dejamos escritos aspectos sobre los cuales no hubo consenso.

El Gobierno acogió la recomendación y en febrero de 2020 reglamentó los PPII. Se inició el proceso y con él comenzó una aguda controversia. Unos querían acelerar la ejecución de los PPII, otros presionaban por suspenderlos. A mi modo de ver, el proceso de los PPII estaba avanzando sin cumplir las condiciones propuestas por la CII.

Como dijo Manuel Rodríguez en el Foro Nacional Ambiental, aplicar lo propuesto por la CII en la práctica es una moratoria. Esa moratoria permite que hoy, como resultado del debate político, se diga no al fracking y no a los PPII, y se anuncie su suspensión. El debate sigue: la semana pasada, el Consejo de Estado negó una demanda que pretendía la nulidad de las normas de 2013 y 2014, y las dejó en firme.

Por el momento, dadas las condiciones sociales, políticas, institucionales y de abastecimiento de gas y petróleo, estoy de acuerdo con un alto en el camino. Más adelante veremos si hay condiciones sociales e institucionales adecuadas para que los PPII se puedan adelantar de manera armónica, pacífica y participativa. Al ser experimentos controlados y de pequeña escala, los PPII no tendrán serios impactos ambientales, pero esto no significa que la explotación comercial con fracking, que es a una escala distinta, no los tenga. Coincido con Brigitte Baptiste en que los PPII generan conocimiento que será útil para determinaciones futuras, pero que su ejecución en este momento genera más problemas y confrontación que soluciones. El futuro del fracking depende de cómo evolucionen la transición energética y su tecnología. El anuncio político del no a los PPII es una moratoria que, si cambian las condiciones, se puede revisar.