Herejía rural: reforma agraria y conservación productiva

Impulsar la producción de alimentos y adelantar una reforma agraria a partir del mercado de tierras, el catastro multipropósito y el incremento de la productividad son propósitos del Gobierno entrante. He escuchado a la futura ministra de Agricultura, Cecilia López, y sorprende que no haya puesto en el centro de su discurso el aporte de la conservación y restauración de la regulación hídrica como determinante de la productividad del sector agropecuario. Este principio, claramente incorporado a la planificación territorial en muchos países, en Colombia no se aplica y hay argumentos institucionales y culturales para que esto ocurra.

Como dicen las abuelas, “tierra sin agua no vale, y no vale porque no produce”. Para que un territorio sea sostenible y productivo, los predios que lo componen deben cumplir la función ecológica de la propiedad privada, anunciada en la Constitución de 1991. Esto significa dedicar parte de los predios privados a la conservación y restauración. Para que el catastro, que será actualizado, sea multipropósito, falta que a escala predial se determine qué parte de cada predio debe dedicarse a conservación y restauración. Para facilitar e impulsar el cambio cultural en una sociedad que ha menospreciado el bosque, es necesario ofrecer al propietario incentivos fiscales con exenciones tributarias e incluso, en algunos casos, compensaciones (pagos por servicios ambientales). Así se puede asegurar la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos en predios productivos, asociados a la regulación hídrica y la biodiversidad en paisajes predominantemente agropecuarios. Tierras en conservación o restauración en bordes de quebradas y ríos aportan a la regulación hídrica y por esta vía a la productividad regional. Simultáneamente, esta es la mejor alternativa de adaptación y mitigación frente a la crisis climática y de pérdida de biodiversidad que estamos enfrentando.

La propuesta de la tierra para quien la trabaja, que tuvo como propósito la democratización de la propiedad en las reformas agrarias de 1936 y 1961, llevó a la interpretación institucional y social de la necesidad de tumbar el monte para demostrar que se estaba trabajando y haciendo uso legítimo de la propiedad privada o que se tenía derecho a la titulación de un baldío. Esta interpretación evolucionó en la reforma de 1994 con la introducción del concepto de reserva campesina, que integra de manera tímida e insuficiente la necesidad de conservación y regulación hídrica desde una perspectiva regional. Ahora debemos pasar al concepto de tierras productivas, donde claramente incorporemos la regulación hídrica y las estrategias de restauración y adaptación al cambio climático como determinantes de la productividad asociadas al uso del suelo.

La implementación del catastro multipropósito debe definir espacios para la conservación y la regulación hídrica a escala predial. Debemos evolucionar de “la tierra para el que tumbe el monte y produzca” a “la tierra para quien la conserve y produzca de manera sostenible, cumpliendo con la función ecológica de la propiedad”, recuperando los bosques ribereños, contribuyendo a la regulación hídrica y aportando a la gestión de territorios sostenibles. Por el contrario, se debe expropiar a quienes destruyen los bosques. Deforestar no puede ser argumento para solicitar titulación.

Como decimos en la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur): para que Colombia se convierta en potencia en producción de alimentos, toda finca debe producir de manera sostenible y aportar a la conservación, y toda reserva natural debe aportar a la producción sostenible.

Posdata. Los sistemas silvopastoriles, contribución de la ganadería a la gestión de territorios sostenibles, motivo de la próxima columna.