Dolor de patria. Vergüenza de país. Me siento a escribir con indignación sobre el asesinato de Francisco Parra, ser humano que, como todos los colombianos, tenía que ser respetado en su integridad, pero fue cobardemente asesinado. Esto no puede pasar como una noticia más, no podemos pasar la página y olvidar, no podemos aceptar sin indignación estos asesinatos selectivos y en serie. Nada se resuelve con una cómoda explicación simplista. Tenemos la obligación moral y política de reaccionar ante lo que está sucediendo.
Parra defendía la naturaleza y vivía en paz con ella, con sus vecinos y amigos en Caño Cristales, municipio de La Macarena (Meta). Promovía el acercamiento y respeto a la naturaleza, era profesional desde Cormacarena. Tenemos que protestar también por el reciente asesinato de Miguel Tapí Rito, reconocido líder indígena, pionero de la organización de su resguardo Río Valle y Boroboro en Bahía Solano, cerca del Parque Nacional de Utría (Choco). De igual manera, por el asesinato de Juan Carlos Petins, líder indígena del resguardo Nega Cxhab en Benalcázar, municipio de Páez, en el camino al nevado del Huila (Cauca). Petins, como muchos otros colombianos, gestionaba su propio sustento con trabajos cotidianos sencillos y tenía un puesto donde ofrecía servicios de internet. Protestamos por el asesinato de Guildón Solís Ambuila, líder de comunidades negras de Munchique (andén Pacífico), quien apoyaba poblaciones que ya habían sufrido masacres recientes en su territorio. Protestamos por el asesinato de Yamid Alonso Silva, campesino, que laboraba en el Parque Nacional del Cocuy (Boyacá) y, pocas horas antes de ser obligado a salir de la cabaña del Parque donde estaba trabajando, había conversado con sus allegados sobre el asesinato de Libardo Arciniegas, otro campesino recientemente acribillado en la vereda Pachacual donde eran vecinos, con quien había compartido espacios en trabajos comunitarios. Protestamos por el asesinato de Juana Perea, quien trabajaba en turismo de naturaleza y era defensora de un bello espacio natural, el golfo de Tribugá, en Nuquí (Chocó). Protestamos por el asesinato de Natalia Jiménez y su esposo, cerca de Santa Marta. Natalia era gestora ambiental de la región Caribe en un proyecto de la Fundación Natura.
En fin, o peor, sin fin… La lista es muy extensa, hasta el 14 de diciembre son 83 masacres este año. Son tantas las personas asesinadas este año a lo largo y ancho del país que, si tan solo las recordáramos por nombre y apellido, no serían suficientes las 550 palabras de las que dispongo para escribir esta columna. Todos, asesinados por causas diversas… o por la misma causa.
Lo que está pasando en Colombia es expresión de una sociedad enferma. No es solo asunto de defender y respetar la vida de ambientalistas, líderes sociales, familias y comunidades campesinas, negras o indígenas, habitantes de comunas de grandes ciudades, profesionales y ciclistas… Se trata de sanar entre todos una sociedad enferma, donde no se respeta al ser humano. Donde la vida, en todas sus formas, vale cada día menos. Me uno a la Comisión de la Verdad cuando dice: “Solo es posible la paz el día que se respete con igualdad de seguridad y dedicación la vida de todos los habitantes de este país”. Tenemos que recobrar la dignidad que como colombianos estamos perdiendo.
Dolor de patria. Vergüenza de país. Me siento a escribir con indignación sobre el asesinato de Francisco Parra, ser humano que, como todos los colombianos, tenía que ser respetado en su integridad, pero fue cobardemente asesinado. Esto no puede pasar como una noticia más, no podemos pasar la página y olvidar, no podemos aceptar sin indignación estos asesinatos selectivos y en serie. Nada se resuelve con una cómoda explicación simplista. Tenemos la obligación moral y política de reaccionar ante lo que está sucediendo.
Parra defendía la naturaleza y vivía en paz con ella, con sus vecinos y amigos en Caño Cristales, municipio de La Macarena (Meta). Promovía el acercamiento y respeto a la naturaleza, era profesional desde Cormacarena. Tenemos que protestar también por el reciente asesinato de Miguel Tapí Rito, reconocido líder indígena, pionero de la organización de su resguardo Río Valle y Boroboro en Bahía Solano, cerca del Parque Nacional de Utría (Choco). De igual manera, por el asesinato de Juan Carlos Petins, líder indígena del resguardo Nega Cxhab en Benalcázar, municipio de Páez, en el camino al nevado del Huila (Cauca). Petins, como muchos otros colombianos, gestionaba su propio sustento con trabajos cotidianos sencillos y tenía un puesto donde ofrecía servicios de internet. Protestamos por el asesinato de Guildón Solís Ambuila, líder de comunidades negras de Munchique (andén Pacífico), quien apoyaba poblaciones que ya habían sufrido masacres recientes en su territorio. Protestamos por el asesinato de Yamid Alonso Silva, campesino, que laboraba en el Parque Nacional del Cocuy (Boyacá) y, pocas horas antes de ser obligado a salir de la cabaña del Parque donde estaba trabajando, había conversado con sus allegados sobre el asesinato de Libardo Arciniegas, otro campesino recientemente acribillado en la vereda Pachacual donde eran vecinos, con quien había compartido espacios en trabajos comunitarios. Protestamos por el asesinato de Juana Perea, quien trabajaba en turismo de naturaleza y era defensora de un bello espacio natural, el golfo de Tribugá, en Nuquí (Chocó). Protestamos por el asesinato de Natalia Jiménez y su esposo, cerca de Santa Marta. Natalia era gestora ambiental de la región Caribe en un proyecto de la Fundación Natura.
En fin, o peor, sin fin… La lista es muy extensa, hasta el 14 de diciembre son 83 masacres este año. Son tantas las personas asesinadas este año a lo largo y ancho del país que, si tan solo las recordáramos por nombre y apellido, no serían suficientes las 550 palabras de las que dispongo para escribir esta columna. Todos, asesinados por causas diversas… o por la misma causa.
Lo que está pasando en Colombia es expresión de una sociedad enferma. No es solo asunto de defender y respetar la vida de ambientalistas, líderes sociales, familias y comunidades campesinas, negras o indígenas, habitantes de comunas de grandes ciudades, profesionales y ciclistas… Se trata de sanar entre todos una sociedad enferma, donde no se respeta al ser humano. Donde la vida, en todas sus formas, vale cada día menos. Me uno a la Comisión de la Verdad cuando dice: “Solo es posible la paz el día que se respete con igualdad de seguridad y dedicación la vida de todos los habitantes de este país”. Tenemos que recobrar la dignidad que como colombianos estamos perdiendo.