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El Acuerdo Regional de Escazú se propone asegurar el acceso a la información, la participación pública y la búsqueda de la justicia en asuntos ambientales. Entrega herramientas para luchar contra la desigualdad y la discriminación y para garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y un mejor vivir, dedicando especial atención a las personas y los grupos pobres y vulnerables. Es útil para prevenir conflictos, apoya la toma de decisiones de manera participativa, informada e inclusiva, y aporta para mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza. Contribuye a que las comunidades participen de manera ilustrada en las decisiones que afectan su vida y accedan a la justicia cuando estos derechos se vean vulnerados. Incluye una disposición vinculante sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región donde, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones. Escazú es un acuerdo regional que tiene la virtud de ser jurídicamente vinculante. Su aplicación y su contexto multilateral ofrecen a Colombia una herramienta útil en el propósito de construcción de la paz y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Aplicar el Acuerdo resulta de mucha importancia, pues ya desde antes del paro actual los líderes sociales que asumían la defensa de su territorio enfrentaban agudas condiciones de violencia, convirtiendo a Colombia en el país con el mayor número de líderes ambientes asesinados frente a diversos intereses externos.
El Acuerdo fue redactado en Escazú (Costa Rica) en 2018. Colombia fue uno de los 24 países que lo firmó, pero aún no lo ha ratificado. Dado su contenido y el conflicto socioambiental que vive Colombia, el país debe ratificarlo y sumarse a los 12 países que ya lo hicieron. En las conversaciones posteriores a noviembre de 2019, el presidente Duque se comprometió con los ambientalistas a buscar su ratificación, pero envió el proyecto al Congreso y hasta ahí llegó su gestión. Miembros de diversos grupos políticos, incluido el partido de gobierno, se opusieron.
En medio de la actual crisis, el Congreso debe sacudirse y ratificarlo. Es un compromiso pendiente. Para cumplirlo no hay que aumentar el déficit fiscal y su ratificación contribuye de manera importante a generar confianza, condición indispensable para superar la crisis. El escrutinio popular estará atento para identificar a los congresistas que apoyen esta noble e importante iniciativa.
La aplicación de Escazú contribuirá a superar la cultura del privilegio que tanto pesa en nuestro país. Por medio de la transparencia, la apertura y la participación, ayudará en la transición hacia un nuevo pacto social y a superar la insostenible cultura de intereses fragmentados que impera en Colombia y que, en parte, explica la violencia que estamos viviendo.
Esperamos que el país se adhiera y entre con fuerza a cumplir el Acuerdo. Hoy, más que nunca, esta herramienta es muy útil para la reconstrucción del país y la generación de confianza entre grupos de intereses diversos que deben establecer acuerdos y no pretender resolver sus diferencias por vías violentas. Todo esto es parte de la construcción de un nuevo pacto social, o un nuevo contrato social, como lo definió Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, en una entrevista reciente.
