Hace unos días, la laguna de Suesca apareció en los medios de comunicación como un desierto: quebrados bloques de arena dominan el paisaje de lo que en época de lluvias es el espejo de agua y que en este verano se redujo a su mínima expresión. En las redes sociales, donde se suele ser explícito y contundente, apareció señalado, por consenso, el responsable mayor: la “autoridad ambiental”, la Corporación Autónoma Regional (CAR).
Si bien la CAR es el responsable legal de mayor jerarquía, no es el único. De esa degradación varios somos responsables. La Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Suesca, los propietarios de los predios de la cuenca que abastece de aguas —y ahora de lodos— la laguna y nosotros los ciudadanos, que conocemos esa situación desde hace años y no hemos obligado a las instituciones ni presionado a los conciudadanos a que cumplan la ley.
Desde 1974, según el Código de Recursos Naturales, todas las riberas de ríos y quebradas y los nacimientos de agua deberían tener una vegetación natural de protección a lado y lado. Luego, la Constitución Política de Colombia obliga a que la propiedad privada cumpla, como parte de su función social, la función ecológica, cuya prioridad es la conservación de las aguas. En el caso de los terrenos sobre la cuenca de la laguna de Suesca el mandato es claro, deberían estar conservadas todas las riberas de las quebradas permanentes y transitorias que conforman el sistema hídrico que aporta a la laguna. La Ley 99 del 1993 ratificó que la CAR Cundinamarca, como autoridad ambiental, tiene asignada la función de gestionar y asegurar la conservación de humedales y cuencas, lo que no exime de esta obligación a la Gobernación de Cundinamarca ni a la Alcaldía de Suesca, que también deben cumplir y hacer cumplir la ley.
Si hacemos un recorrido por el entorno de la laguna de Suesca, nada de lo anterior se ha cumplido, y si hablamos con los propietarios de los predios circundantes, queda claro que ellos tampoco saben que tienen responsabilidades legales de conservar los bordes de las quebradas transitorias que pasan por sus predios. En este contexto, donde falta información y aplicación de la legislación, surge la propuesta de la Gobernación de Cundinamarca de hacer un pago por servicios ambientales como aporte a quienes se comprometan a recuperar las riberas del sistema hídrico de la laguna, que hoy son potreros o cultivos de papa, para que sean cercados y adelanten su restauración. Bienvenida esa propuesta.
Lo que hoy pasa en Suesca pasará con todos los cuerpos de agua del país, si nosotros como ciudadanos no nos organizamos y obligamos a las autoridades, CAR, gobernaciones, alcaldías, empresas y ciudadanos a cumplir el mandato de ley. Debemos actuar y ser cogestores de la restauración de todos los cuerpos de agua y sus cuencas aportantes. En el caso de Suesca, apoyemos y supervisemos la iniciativa de la Gobernación de compensar por la recuperación de servicios ambientales a los propietarios de los predios circundantes.
Las instituciones seguirán siendo irresponsables si nosotros como ciudadanos no nos expresamos, las presionamos y las obligamos a que cumplan su misión. La ley crea las instituciones, pero una ley no hace una institución. Que la autoridad cumpla o no sus funciones depende de sus funcionarios y de nosotros los ciudadanos.
Hace unos días, la laguna de Suesca apareció en los medios de comunicación como un desierto: quebrados bloques de arena dominan el paisaje de lo que en época de lluvias es el espejo de agua y que en este verano se redujo a su mínima expresión. En las redes sociales, donde se suele ser explícito y contundente, apareció señalado, por consenso, el responsable mayor: la “autoridad ambiental”, la Corporación Autónoma Regional (CAR).
Si bien la CAR es el responsable legal de mayor jerarquía, no es el único. De esa degradación varios somos responsables. La Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Suesca, los propietarios de los predios de la cuenca que abastece de aguas —y ahora de lodos— la laguna y nosotros los ciudadanos, que conocemos esa situación desde hace años y no hemos obligado a las instituciones ni presionado a los conciudadanos a que cumplan la ley.
Desde 1974, según el Código de Recursos Naturales, todas las riberas de ríos y quebradas y los nacimientos de agua deberían tener una vegetación natural de protección a lado y lado. Luego, la Constitución Política de Colombia obliga a que la propiedad privada cumpla, como parte de su función social, la función ecológica, cuya prioridad es la conservación de las aguas. En el caso de los terrenos sobre la cuenca de la laguna de Suesca el mandato es claro, deberían estar conservadas todas las riberas de las quebradas permanentes y transitorias que conforman el sistema hídrico que aporta a la laguna. La Ley 99 del 1993 ratificó que la CAR Cundinamarca, como autoridad ambiental, tiene asignada la función de gestionar y asegurar la conservación de humedales y cuencas, lo que no exime de esta obligación a la Gobernación de Cundinamarca ni a la Alcaldía de Suesca, que también deben cumplir y hacer cumplir la ley.
Si hacemos un recorrido por el entorno de la laguna de Suesca, nada de lo anterior se ha cumplido, y si hablamos con los propietarios de los predios circundantes, queda claro que ellos tampoco saben que tienen responsabilidades legales de conservar los bordes de las quebradas transitorias que pasan por sus predios. En este contexto, donde falta información y aplicación de la legislación, surge la propuesta de la Gobernación de Cundinamarca de hacer un pago por servicios ambientales como aporte a quienes se comprometan a recuperar las riberas del sistema hídrico de la laguna, que hoy son potreros o cultivos de papa, para que sean cercados y adelanten su restauración. Bienvenida esa propuesta.
Lo que hoy pasa en Suesca pasará con todos los cuerpos de agua del país, si nosotros como ciudadanos no nos organizamos y obligamos a las autoridades, CAR, gobernaciones, alcaldías, empresas y ciudadanos a cumplir el mandato de ley. Debemos actuar y ser cogestores de la restauración de todos los cuerpos de agua y sus cuencas aportantes. En el caso de Suesca, apoyemos y supervisemos la iniciativa de la Gobernación de compensar por la recuperación de servicios ambientales a los propietarios de los predios circundantes.
Las instituciones seguirán siendo irresponsables si nosotros como ciudadanos no nos expresamos, las presionamos y las obligamos a que cumplan su misión. La ley crea las instituciones, pero una ley no hace una institución. Que la autoridad cumpla o no sus funciones depende de sus funcionarios y de nosotros los ciudadanos.