Legalización, necesaria e insuficiente

La guerra, mientras esté financiada, seguirá. La violencia que estamos viviendo en Colombia con masacres, asesinatos masivos e individuales, bombas explosivas, extorsiones y secuestros está en su mayor parte relacionada con la lucha entre grupos armados, narcotráfico puro y narcoguerrilla, que buscan controlar los eslabones del negocio de las drogas y la minería ilegal.

Esta compleja realidad no tiene una salida simple. El debate ya está abierto en el Congreso. Los senadores Feliciano Valencia Medina (MAIS) e Iván Marulanda (Partido Alianza Verde) radicaron el proyecto de ley 230 (agosto de 2020) que busca crear y regular el mercado doméstico de la hoja de coca y sus derivados. El año pasado tuvo una votación a favor de la regulación en la Comisión Primera del Senado. El proceso está en curso y el debate será largo y controvertido, dado que exige incluir consideraciones nacionales e internacionales.

Mientras sigue el debate, en el cual los candidatos presidenciales ya están participando, mi propuesta es que, para salvar vidas de campesinos, indígenas y afrocolombianos, se tome la determinación urgente de legalizar el cultivo de la coca, como ya se hizo con éxito en Bolivia y parcialmente en Perú. La determinación del Gobierno colombiano de conservar el carácter ilegal de la coca ha hecho que los cultivos se desplacen a zonas selváticas y territorios indígenas y afrocolombianos, y que quienes la cultivan estén en el ojo del huracán, al ser fuente de financiación para la guerra. Por la prohibición, las comunidades, sin poder ni capacidad de determinación, han pasado a ser víctimas fatales.

La herramienta disponible, como parte del proceso de despenalización y regulación, es legalizar los cultivos de coca para que dejen de estar en selvas y lugares apartados controlados por grupos ilegales armados, que obligan a sus habitantes a que cultiven para ellos y matan o amenazan a quienes venden a otros grupos o se oponen porque prefieren sembrar alimentos. La extorsión y el control por parte de los ilegales se desactivarán si el cultivo se puede adelantar de manera legal.

Esto ya se ha propuesto, pero ahora tiene mayor posibilidad cuando la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) dice que “la administración Biden-Harris está trabajando con nuestros socios en América del Sur para avanzar en enfoques holísticos para reducir la oferta de cocaína y fortalecer las comunidades locales”, propone brindar seguridad, servicios públicos e infraestructura en las principales regiones de cultivo de coca, y promover medios de vida alternativos dentro de las comunidades agrícolas. La administración Biden también invierte fondos en estrategias de salud pública en EE. UU. para prevenir el consumo de drogas y la adicción.

El gobierno de EE. UU. reconoce que al tema en Colombia no se le puede dar solo un enfoque de control de oferta. El proceso debe combinar inversiones en desarrollo rural ambientalmente sostenible que apoye economías lícitas, la implementación del Acuerdo de Paz, seguridad y aplicación de la ley, que incluya procesos contra el lavado de dinero, la interdicción de drogas y precursores químicos, y el control de los cultivos como elemento constitutivo pero no exclusivo.

Despenalizar el cultivo de coca es un paso en la construcción de la paz entre los colombianos y de nosotros con la naturaleza, evitando la destrucción del bosque biodiverso. Si no legalizamos los cultivos, guerrillas, paramilitares y delincuentes comunes seguirán masacrando a los campesinos, perpetuando la violencia y jalonando la deforestación. Hay que sustraer al cultivador de la cadena del narcotráfico.