El proyecto de ley de acción climática, recientemente radicado ante el Congreso, es un documento de buenas y oportunas intenciones. El texto parece un ejercicio académico donde el profesor de cambio climático pide a ocho destacados estudiantes hacer una lista completa de todas las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Faltó pedir a los alumnos una parte esencial para llevar a cabo las acciones: la identificación de fuentes de financiación.
Esta es una falla grave y reiterativa en los gobernantes. El gobierno Santos —con la aprobación de la ley para la gestión del cambio climático (2018)— y el de Duque —con este proyecto de ley de acción climática— se destacan por identificar y aprobar leyes y políticas ambientales terminando período con una creciente deuda en términos de gestión ambiental.
Para este proyecto de acción climática, el grupo estuvo bien seleccionado: participan y lo firman los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Interior; Transporte; Minas y Energía; Vivienda, Ciudad y Territorio; Agricultura y Desarrollo Rural, y Comercio, Industria y Turismo. El proyecto propone acciones en temas relacionados con los ocho ministerios, pero se queda corto al referirse a instrumentos económicos y mecanismos financieros. Solo dice que para el 2025 debe estar formulado e implementado el plan de acción de corto plazo de la estrategia nacional de financiamiento climático y que se tomarán medidas para la promoción y el desarrollo de mercados de carbono. Paradójicamente, hace menos de un mes el gobierno Duque aprobó su reforma tributaria, donde abolió todo lo relacionado con política fiscal ambiental, excepto que destina por un año el impuesto al carbono (2016) para que se emplee en gestión ambiental. Aplicar la propuesta ley de acción climática requiere de este y muchos más recursos. Parecen dos propuestas legislativas inconexas del gobierno Duque.
La crisis climática no permite que el próximo gobierno solo repita bellos discursos. La naturaleza ya no acepta retórica, exige hechos y los costos de la inacción son mucho mayores que los de la acción, pues esta exige reasignar presupuesto con la necesaria disminución en otros asuntos. El desarrollo bajo en carbono y la resiliencia climática no solo cuestan, sino que deben ser el eje del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Es importante que los candidatos presidenciales hagan explícitos sus compromisos para enfrentar la crisis climática. La ciudadanía debe prepararse para asumir costos y vigilar la ejecución presupuestal que requerirá este redireccionamiento de la economía.
Muchas acciones resultarán impopulares. Algunos bienes de consumo tendrán que pagar impuestos al carbono, subiendo su precio de mercado. Un ejemplo es el impuesto a los combustibles fósiles (gasolina, ACPM), que siempre genera resistencia en las comunidades. Si no, pregúnteles a los franceses, que por eso se rebotaron, archivando temporalmente su conciencia climática.
Para la COP26, la voluminosa y compleja legislación colombiana se usará como carta de presentación. El próximo gobierno debe ejecutar los acuerdos a los que se llegue en la COP26, utilizar la legislación ambiental y generar incentivos para cambiar tecnologías y hábitos de consumo. Tendrá que superar la retórica de Santos y Duque, y pasar del discurso y la legislación vacía de presupuesto a la acción. Enfrentar la crisis climática exige un cambio en la propuesta de desarrollo, modificando estrategias y prioridades. Esto afectará a consumidores y productores. Como ciudadanos y en diversos sectores productivos, tendremos que sufragar costos. Enfrentar la crisis será costoso y doloroso, pero es urgente e ineludible.
El proyecto de ley de acción climática, recientemente radicado ante el Congreso, es un documento de buenas y oportunas intenciones. El texto parece un ejercicio académico donde el profesor de cambio climático pide a ocho destacados estudiantes hacer una lista completa de todas las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Faltó pedir a los alumnos una parte esencial para llevar a cabo las acciones: la identificación de fuentes de financiación.
Esta es una falla grave y reiterativa en los gobernantes. El gobierno Santos —con la aprobación de la ley para la gestión del cambio climático (2018)— y el de Duque —con este proyecto de ley de acción climática— se destacan por identificar y aprobar leyes y políticas ambientales terminando período con una creciente deuda en términos de gestión ambiental.
Para este proyecto de acción climática, el grupo estuvo bien seleccionado: participan y lo firman los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Interior; Transporte; Minas y Energía; Vivienda, Ciudad y Territorio; Agricultura y Desarrollo Rural, y Comercio, Industria y Turismo. El proyecto propone acciones en temas relacionados con los ocho ministerios, pero se queda corto al referirse a instrumentos económicos y mecanismos financieros. Solo dice que para el 2025 debe estar formulado e implementado el plan de acción de corto plazo de la estrategia nacional de financiamiento climático y que se tomarán medidas para la promoción y el desarrollo de mercados de carbono. Paradójicamente, hace menos de un mes el gobierno Duque aprobó su reforma tributaria, donde abolió todo lo relacionado con política fiscal ambiental, excepto que destina por un año el impuesto al carbono (2016) para que se emplee en gestión ambiental. Aplicar la propuesta ley de acción climática requiere de este y muchos más recursos. Parecen dos propuestas legislativas inconexas del gobierno Duque.
La crisis climática no permite que el próximo gobierno solo repita bellos discursos. La naturaleza ya no acepta retórica, exige hechos y los costos de la inacción son mucho mayores que los de la acción, pues esta exige reasignar presupuesto con la necesaria disminución en otros asuntos. El desarrollo bajo en carbono y la resiliencia climática no solo cuestan, sino que deben ser el eje del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Es importante que los candidatos presidenciales hagan explícitos sus compromisos para enfrentar la crisis climática. La ciudadanía debe prepararse para asumir costos y vigilar la ejecución presupuestal que requerirá este redireccionamiento de la economía.
Muchas acciones resultarán impopulares. Algunos bienes de consumo tendrán que pagar impuestos al carbono, subiendo su precio de mercado. Un ejemplo es el impuesto a los combustibles fósiles (gasolina, ACPM), que siempre genera resistencia en las comunidades. Si no, pregúnteles a los franceses, que por eso se rebotaron, archivando temporalmente su conciencia climática.
Para la COP26, la voluminosa y compleja legislación colombiana se usará como carta de presentación. El próximo gobierno debe ejecutar los acuerdos a los que se llegue en la COP26, utilizar la legislación ambiental y generar incentivos para cambiar tecnologías y hábitos de consumo. Tendrá que superar la retórica de Santos y Duque, y pasar del discurso y la legislación vacía de presupuesto a la acción. Enfrentar la crisis climática exige un cambio en la propuesta de desarrollo, modificando estrategias y prioridades. Esto afectará a consumidores y productores. Como ciudadanos y en diversos sectores productivos, tendremos que sufragar costos. Enfrentar la crisis será costoso y doloroso, pero es urgente e ineludible.