LA LÓGICA DE MACONDO NO ES FÁCIL de entender.
Según el proyecto de Acuerdo 241 de 2009, los 11 representantes de Cambio Radical, miembros del Concejo de Bogotá, argumentan que dado el descuido en el cual se encuentran los humedales del Distrito Capital, la alternativa es convertirlos en campos de golf y que esto redundará en beneficio de la salud de los bogotanos, pues según un estudio adelantado en Alemania, el golf es un deporte altamente beneficioso para la salud del sistema cardiovascular y especialmente recomendable a partir de los 40 años.
La propuesta no omite ninguna característica de lo macondiano, pues menciona el artículo 82 de la Constitución que dice: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”, y el Decreto Distrital 190 de 2004 que hace referencia al Plan de Ordenamiento Territorial que ordena la conservación de los humedales y sus rondas como parte de la estructura ecológica principal y que habla de la ronda hidráulica y el cuerpo de agua, como una unidad ecológica. Para rematar, menciona en el mismo proyecto de Acuerdo el fallo 7349 de 2002, del Consejo de Estado, según el cual los humedales son bienes de uso público que, como reservas naturales de agua, son inalienables e imprescriptibles, y la Sentencia 666 de 2002, de la Corte Constitucional, que dice que los humedales de Bogotá como hábitat de diversas especies endémicas son patrimonio de todos los colombianos.
Luego hace síntesis de un informe de la Personería de Bogotá de noviembre de 2008, que señala las causas por las cuales los humedales agonizan, donde todo tiene que ver con falta de capacidad institucional, la reducción del presupuesto asignado por la administración, la lenta compra por parte de la EAAB de los predios de humedal invadidos, pues se han adquirido 419 de los 732 que se deben comprar para recuperar los humedales, y la evidencia de que la presión de la población a través de acciones constitucionales en defensa de los humedales no es suficiente para asegurar su protección, conservación y/o restauración.
Después de todos estos argumentos, los concejales argumentan que para recuperar, mantener y hacer sostenibles los humedales se deben construir en sus rondas campos de golf con la figura de concesión y que una vez habilitados el concesionario podrá cobrar por hacer uso de estos terrenos. Para que no quepa la menor duda, menciona los clubes privados El Rancho, Los Arrayanes, Country Club y Los Lagartos, que tienen campos de golf en área de unidades ecológicas de los humedales y que éstos se encuentran en el mejor estado.
Ante esta macondiana propuesta no nos debe extrañar si se recurre a los mismos argumentos de falta de capacidad institucional para el manejo del espacio público y se propone la apropiación de los cerros orientales de Bogotá por condominios habitacionales de conservación, las playas de Cartagena en áreas de uso exclusivo para el Jockey Club, los glaciares y la alta montaña en jardines de esparcimiento para los clubes privados de recreación al aire libre, en fin, la privatización del patrimonio público.
Los concejales lo que deben hacer es vigilar la asignación efectiva del presupuesto para la defensa y protección del espacio público y de la estructura ecológica principal, proponer estrategias de conservación y uso relacionadas con la educación ambiental y fiscalizar una adecuada gestión institucional.
LA LÓGICA DE MACONDO NO ES FÁCIL de entender.
Según el proyecto de Acuerdo 241 de 2009, los 11 representantes de Cambio Radical, miembros del Concejo de Bogotá, argumentan que dado el descuido en el cual se encuentran los humedales del Distrito Capital, la alternativa es convertirlos en campos de golf y que esto redundará en beneficio de la salud de los bogotanos, pues según un estudio adelantado en Alemania, el golf es un deporte altamente beneficioso para la salud del sistema cardiovascular y especialmente recomendable a partir de los 40 años.
La propuesta no omite ninguna característica de lo macondiano, pues menciona el artículo 82 de la Constitución que dice: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”, y el Decreto Distrital 190 de 2004 que hace referencia al Plan de Ordenamiento Territorial que ordena la conservación de los humedales y sus rondas como parte de la estructura ecológica principal y que habla de la ronda hidráulica y el cuerpo de agua, como una unidad ecológica. Para rematar, menciona en el mismo proyecto de Acuerdo el fallo 7349 de 2002, del Consejo de Estado, según el cual los humedales son bienes de uso público que, como reservas naturales de agua, son inalienables e imprescriptibles, y la Sentencia 666 de 2002, de la Corte Constitucional, que dice que los humedales de Bogotá como hábitat de diversas especies endémicas son patrimonio de todos los colombianos.
Luego hace síntesis de un informe de la Personería de Bogotá de noviembre de 2008, que señala las causas por las cuales los humedales agonizan, donde todo tiene que ver con falta de capacidad institucional, la reducción del presupuesto asignado por la administración, la lenta compra por parte de la EAAB de los predios de humedal invadidos, pues se han adquirido 419 de los 732 que se deben comprar para recuperar los humedales, y la evidencia de que la presión de la población a través de acciones constitucionales en defensa de los humedales no es suficiente para asegurar su protección, conservación y/o restauración.
Después de todos estos argumentos, los concejales argumentan que para recuperar, mantener y hacer sostenibles los humedales se deben construir en sus rondas campos de golf con la figura de concesión y que una vez habilitados el concesionario podrá cobrar por hacer uso de estos terrenos. Para que no quepa la menor duda, menciona los clubes privados El Rancho, Los Arrayanes, Country Club y Los Lagartos, que tienen campos de golf en área de unidades ecológicas de los humedales y que éstos se encuentran en el mejor estado.
Ante esta macondiana propuesta no nos debe extrañar si se recurre a los mismos argumentos de falta de capacidad institucional para el manejo del espacio público y se propone la apropiación de los cerros orientales de Bogotá por condominios habitacionales de conservación, las playas de Cartagena en áreas de uso exclusivo para el Jockey Club, los glaciares y la alta montaña en jardines de esparcimiento para los clubes privados de recreación al aire libre, en fin, la privatización del patrimonio público.
Los concejales lo que deben hacer es vigilar la asignación efectiva del presupuesto para la defensa y protección del espacio público y de la estructura ecológica principal, proponer estrategias de conservación y uso relacionadas con la educación ambiental y fiscalizar una adecuada gestión institucional.