Un reto que enfrentará la administración Petro es la producción de alimentos. A los complejos temas del campo colombiano se agregan, como lo señala la revista The Economist, el cambio climático y los efectos de la guerra en Ucrania, circunstancias que, sumados, señalan que puede avecinarse una hambruna global. La situación es muy compleja y en Colombia se conjugan múltiples factores.
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A los problemas históricos del campo colombiano: violencia, alta concentración de la tierra (Gini de 0,89, el segundo más alto de América Latina), cultivos ilícitos y ganadería extensiva de baja productividad, se suman los climas extremos. Sequías, lluvias torrenciales y fuertes granizadas generan inundaciones y destruyen cultivos. La alteración del ciclo de lluvias afecta la producción campesina que, “con el agüita a tiempo y la ayuda de Dios”, aporta el 70 % de los alimentos de producción nacional que consumimos los colombianos.
El programa de gobierno de Petro-Márquez plantea pasar de una economía extractivista hacia una economía productiva, para lo cual propone democratizar la tierra fértil y el agua a través de una reforma agraria y acuífera, para transformar el campo en un factor más productivo y de justicia social y ambiental. También se compromete a la formalización de la propiedad y a evitar la expansión indiscriminada de la frontera agraria y la colonización de baldíos. Al hablar de redistribución de la tierra, el programa de gobierno prioriza la compra de tierras y su asignación preferencial a las mujeres rurales. ¿Cuáles serán esas tierras y con qué recursos se cuenta para comprar los latifundios improductivos? Sus propuestas no son fáciles de implementar y, dado el efecto negativo de la crisis climática sobre el potencial productivo, resultan insuficientes para asegurar la producción de comida.
Concuerdo con la necesidad de impulsar el catastro multipropósito. Pero hace falta señalar que, como estrategia de adaptación al cambio climático, en cada predio se debe identificar la parte del mismo que debe dedicarse a la restauración y conservación de los ecosistemas naturales para apoyar la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad. Conservar esos espacios debe ser condición para mantener el título de propiedad. La Constitución de 1991 señala la función ecológica de la propiedad privada. Los espacios que se delimiten para restauración y conservación no deben pagar impuestos y en muchos casos sus propietarios deben recibir compensaciones a manera de pago por servicios ambientales. La reconversión ganadera y el paso de la ganadería extensiva (ocupa más del 70 % del espacio en uso agropecuario) a los sistemas silvopastoriles son necesarios y requieren importantes recursos de crédito y asistencia técnica.
Para impulsar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del Acuerdo Final de Paz, es necesario estar atentos al hecho de que la mayor parte están localizados en tierras de vocación forestal y no agropecuaria, por ello hay que impulsar sistemas agroforestales y silvopastoriles, y conocer los límites de estos territorios para la agricultura tradicional. Esto requiere innovación, asistencia técnica y créditos de largo plazo.
En el pacto por el campo se propone una lucha frontal contra el hambre y por la vida. El programa de gobierno dice: “Transitaremos hacia una matriz productiva basada en la agroecología y la producción campesina agroalimentaria, que supere el mito de la revolución verde”, integrando al productor campesino a la cadena de valor y asegurando el abastecimiento de alimentos para los colombianos. Excelente reto que requiere importantes recursos técnicos, financieros y mucha voluntad política. La tarea no es fácil, pero debemos emprenderla y avanzar.
