El instituto Humboldt, liderando un equipo conformado por el Ministerio del Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, el IGAC, el Ideam y el Fondo de Adaptación, acaba de entregar la delimitación en escala 1:25.000 de 21 complejos de páramos. Este trabajo, que debe continuar pues es indispensable delimitar la totalidad de los páramos de Colombia, llega un poco tarde. Sin embargo, más vale tarde que nunca.
Tarde, porque ahora hay que reversar determinaciones erróneas que tomaron otras entidades del Estado al otorgar títulos mineros en áreas de páramo. Lo más grave es que diversas entidades del Sistema Nacional Ambiental han entregado licencias ambientales para explotaciones mineras en áreas que están delimitadas como parte de nuestros páramos.
Los páramos cubren el 2,5 % del territorio nacional y son reguladores hídricos naturales. Ahora, con los climas extremos que ganan en intensidad y frecuencia, dado que son fenómenos asociados al calentamiento global, la regulación hídrica es cada día más importante: en épocas de La Niña, para disminuir las inundaciones, y en épocas de El Niño, para atenuar la sequía.
No solo la minería ha destruido los páramos, también la ganadería y los cultivos de papa. Su recuperación exige acuerdos con las comunidades para recuperar áreas críticas de regulación hídrica, cerca de los cauces de agua, y proteger los humedales que han sido drenados para alimentar ganado o sembrar papa. En el caso de las explotaciones mineras, la pelea promete ser dura. Mientras algunos mineros, de manera voluntaria, manifiestan su intención de no adelantar los procesos extractivos, otros reclaman sus derechos y han iniciado demandas contra el Estado diciendo que ya realizaron inversiones, y el Estado no puede negarles la posibilidad de avanzar en sus trabajos.
A los colombianos nos costarán los fallos, si éstos se dan a favor de los mineros. Pero aún más costoso es que la minería destruya nuestras fuentes de vida y agua. A toda costa debemos proteger los páramos y deben ser sancionados los funcionarios públicos que entreguen títulos mineros en los páramos o quienes tramiten licencias ambientales en estas áreas. Ni las CAR ni la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) pueden ni deben tramitar licencias ambientales en los páramos, y si lo hacen, deben pagar por los errores que cometan y por la imprecisión de su gestión. El Ministerio de Minas y Energía debe garantizar al país que nunca más se entregue un título minero en un páramo y el Ministerio de Ambiente debe garantizar que los ya entregados no obtengan licencia ambiental.
Los mineros que ya tienen licencia ambiental y no han realizado inversiones deben renunciar a su intención de hacer minería en los páramos. Los que ya han realizado inversiones deberán negociar su salida, pues, por razones de utilidad pública e interés social, en los páramos debe primar la conservación sobre la explotación minera.
El país está cambiando y el cambio climático nos exige realizar ajustes a nuestra legislación. Entre otras muchas cosas, aquello de que “la minería es de utilidad pública e interés social” ya no tiene vigencia. Es más importante conservar nuestras fuentes de agua.
El instituto Humboldt, liderando un equipo conformado por el Ministerio del Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, el IGAC, el Ideam y el Fondo de Adaptación, acaba de entregar la delimitación en escala 1:25.000 de 21 complejos de páramos. Este trabajo, que debe continuar pues es indispensable delimitar la totalidad de los páramos de Colombia, llega un poco tarde. Sin embargo, más vale tarde que nunca.
Tarde, porque ahora hay que reversar determinaciones erróneas que tomaron otras entidades del Estado al otorgar títulos mineros en áreas de páramo. Lo más grave es que diversas entidades del Sistema Nacional Ambiental han entregado licencias ambientales para explotaciones mineras en áreas que están delimitadas como parte de nuestros páramos.
Los páramos cubren el 2,5 % del territorio nacional y son reguladores hídricos naturales. Ahora, con los climas extremos que ganan en intensidad y frecuencia, dado que son fenómenos asociados al calentamiento global, la regulación hídrica es cada día más importante: en épocas de La Niña, para disminuir las inundaciones, y en épocas de El Niño, para atenuar la sequía.
No solo la minería ha destruido los páramos, también la ganadería y los cultivos de papa. Su recuperación exige acuerdos con las comunidades para recuperar áreas críticas de regulación hídrica, cerca de los cauces de agua, y proteger los humedales que han sido drenados para alimentar ganado o sembrar papa. En el caso de las explotaciones mineras, la pelea promete ser dura. Mientras algunos mineros, de manera voluntaria, manifiestan su intención de no adelantar los procesos extractivos, otros reclaman sus derechos y han iniciado demandas contra el Estado diciendo que ya realizaron inversiones, y el Estado no puede negarles la posibilidad de avanzar en sus trabajos.
A los colombianos nos costarán los fallos, si éstos se dan a favor de los mineros. Pero aún más costoso es que la minería destruya nuestras fuentes de vida y agua. A toda costa debemos proteger los páramos y deben ser sancionados los funcionarios públicos que entreguen títulos mineros en los páramos o quienes tramiten licencias ambientales en estas áreas. Ni las CAR ni la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) pueden ni deben tramitar licencias ambientales en los páramos, y si lo hacen, deben pagar por los errores que cometan y por la imprecisión de su gestión. El Ministerio de Minas y Energía debe garantizar al país que nunca más se entregue un título minero en un páramo y el Ministerio de Ambiente debe garantizar que los ya entregados no obtengan licencia ambiental.
Los mineros que ya tienen licencia ambiental y no han realizado inversiones deben renunciar a su intención de hacer minería en los páramos. Los que ya han realizado inversiones deberán negociar su salida, pues, por razones de utilidad pública e interés social, en los páramos debe primar la conservación sobre la explotación minera.
El país está cambiando y el cambio climático nos exige realizar ajustes a nuestra legislación. Entre otras muchas cosas, aquello de que “la minería es de utilidad pública e interés social” ya no tiene vigencia. Es más importante conservar nuestras fuentes de agua.