Hoy la guerra en Colombia está financiada principalmente por el narcotráfico y la minería ilegal. El control de estas dos fuentes de financiación es la razón principal de las confrontaciones entre los grupos armados ilegales, la agresión y el asesinato de líderes comunitarios y la confrontación de estos grupos ilegales con las Fuerzas Militares de Colombia. El objetivo es controlar el territorio, tanto en las áreas de minería y de producción de coca y marihuana como en los corredores por donde ingresan los insumos para producir la cocaína y distribuir el producto final.
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Según Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch para las Américas, en los primeros tres meses de 2023 fueron asesinados 33 líderes comunitarios en Colombia y “la región del Pacífico —en la que operan disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y bandas criminales como el Clan del Golfo, que luchan por las rutas del narcotráfico y el control territorial— es donde más líderes y defensores fueron asesinados”. Allí se asesinó a 15 de los 33 líderes sociales. Al revisar la información de Indepaz (2023), se verifica que los asesinatos han ocurrido en zonas con fuerte actividad asociada al narcotráfico.
El carácter ilegal de los cultivos hace que estos se realicen en lugares apartados y que los campesinos que los cultivan y procesan la pasta base de la cocaína sean tratados como ilegales. Esto favorece el accionar de los grupos armados que, mediante el uso de la fuerza y la violencia, imponen la dinámica social en esos territorios. La única forma de desmontar esta dinámica de guerra y confrontación por el dominio de estos territorios es legalizando los cultivos de marihuana y coca.
En Estados Unidos la marihuana se cultiva y vende con plena libertad. En Colombia vamos lento, pero se han dado pasos importantes. Ya se aprobó en cinco de ocho debates, que debe tener en el Congreso, la despenalización, la comercialización y el uso de marihuana en adultos. Si se aprueba el proyecto, se sacará de la ilegalidad a los campesinos y comunidades que hoy la cultivan.
El camino para la legalización del cultivo de coca es más complejo. A diferencia de la marihuana, la cocaína no se ha legalizado en Estados Unidos y, según la DEA (2022), el 90 % de la cocaína que llega a Estados Unidos proviene de Colombia. Esto pone al país en el ojo del huracán. Sin embargo, el Gobierno Nacional ya inició el proceso para buscar la despenalización del cultivo de coca y presentó ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas la solicitud de eliminación de la hoja (de coca) de la lista de sustancias prohibidas. La tarea no es fácil, pero había que iniciarla. Despenalizar el cultivo de coca significa sacar del conflicto al campesino y a los ecosistemas naturales, y no implica despenalizar la transformación de la hoja de coca en cocaína, ni su distribución y comercialización. Los éxitos recientes en la destrucción de laboratorios y el hallazgo y destrucción de cargamentos de cocaína ha significado una disminución en la demanda de pasta base y, según campesinos del Guaviare, hay sobreproducción de hoja de coca.
Despenalizar el cultivo de coca es una acción necesaria, pero no suficiente. Para desfinanciar la guerra hay que legalizar la cocaína. Las exorbitantes utilidades que genera la ilegalidad alimentan la conformación y confrontación de grupos armados ilegales. Demos un primer paso: legalicemos los cultivos.
