Petro: avances ambientales

En reciente conversación con varios ambientalistas, unos petristas y otros no, revisamos los avances del gobierno del Pacto Histórico en las políticas ambientales de impacto nacional y concluíamos que, si bien es muy temprano para evaluar sus efectos sobre el territorio, sí podemos identificar avances importantes y tareas pendientes.

Desde mi perspectiva y respecto a frenar la deforestación, se han hecho importantes ajustes en la política y en las prioridades de gestión respecto al gobierno anterior. Sobresale el diálogo con los campesinos y colonos y el compromiso de vincularlos a este propósito mediante el pago por servicios ambientales a quienes conserven bosque como parte de sus unidades productivas. Impulsar de manera efectiva este acuerdo, ganar la confianza del campesino y la vez combatir a los grandes inversionistas de la deforestación es una propuesta que requiere grandes recursos.

Un tema complejo es el propósito de gestionar la llamada “paz total” y su efecto colateral de protección de ecosistemas naturales. Para lograr este propósito es necesario desmontar los incentivos que hoy tienen los diversos grupos armados para buscar el control en territorios apartados donde están los cultivos de coca. Para que esto sea posible, se requiere erradicar la relación que existe entre los cultivos de hoja de coca y su ubicación en áreas fuera del control estatal, lo que lleva a su ubicación en zonas de bosque húmedo tropical.

En nuestra geografía hay extensos territorios con presencia muy precaria o deformada del Estado, donde la gobernabilidad está en manos de grupos armados irregulares. Hoy Colombia sigue teniendo más territorio que Estado y llevar capacidad institucional a esas regiones requiere tiempo e ingentes montos tanto de recursos humanos como financieros. Para impedir que continúe la confrontación entre diversos grupos armados en estos territorios es necesario disminuir el beneficio económico que percibe el grupo armado que controla el territorio. Esto exige erradicar una de las fuentes de financiación de la guerra que es el carácter ilegal que el Gobierno Nacional le ha asignado al cultivo de la coca. El paso lógico es legalizar el cultivo de hoja de coca, esto bajará la rentabilidad para los grupos que controlan las zonas de cultivo y permitirá que la acción gubernamental se concentre en atacar otros eslabones de la cadena del narcotráfico. El gobierno del Pacto Histórico ya ha dado algunas puntadas en esta dirección, pero aún falta un gran trecho por recorrer.

Un tercer aspecto es que el ordenamiento del territorio alrededor del agua está anunciado como uno de los ejes y propósito principal de transformación en la estructura del Plan de Desarrollo 2022-2026. Esto significa que el territorio y su dinámica estarán en el centro de la gestión gubernamental. Significa integrar los páramos y sus diversos usos en cultivos de papa, ganadería, minería y regulación hídrica y relacionarlos con el abastecimiento de agua a las ciudades y a la producción de alimentos en las partes bajas de las cuencas. Esto debe llevar a un manejo integral de ríos, quebradas y humedales y su relación con la vida y la producción hasta llegar a su desembocadura en los océanos. Es la gestión y recuperación de las cuencas hidrográficas. El Consejo Nacional de Planeación respaldó esta propuesta.

La transición energética y avanzar hacia una economía limpia requiere el espacio de una columna completa, pues los planteamientos del Gobierno tienen pros y contras. Este análisis queda pendiente.