El proyecto de ley para el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND), presentado el pasado 6 de febrero al Congreso de la República, genera incertidumbre respecto de lo que será la gestión ambiental de este segundo período del gobierno Santos.
El articulado propuesto no evidencia el compromiso del Gobierno para alcanzar los estándares requeridos por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), como condición para el ingreso del país a ese club de países dominantes de la economía mundial. Dicha propuesta fue retomada, en buena parte, por los ambientales y presentada como parte del concepto sobre el PND elaborado por el Consejo Nacional de Planeación (CNP).
Lo positivo es que el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, que es parte integral del proyecto de ley y que fue elaborado por el Gobierno Nacional y liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), contiene muchos aspectos de gestión ambiental para encaminar la economía colombiana por el sendero de la sostenibilidad. Las Bases del Plan contienen un capítulo de “Crecimiento verde”, de carácter transversal y envolvente, que incluye muchos de los aspectos propuestos por el CNP en su intenso y abierto diálogo con el DNP.
El artículo 1º del proyecto de ley propone construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los estándares de la OCDE y con la visión de planeación de largo plazo prevista por la Agenda de Desarrollo Pos-2015. Esto significa un importante compromiso de gestión ambiental, pues los estándares de la OCDE son altos. El documento Evaluaciones del desempeño ambiental: Colombia 2014, realizado por OCDE en el marco de la solicitud de ingreso de Colombia a dicha organización, presenta recomendaciones para elevar cualitativa y cuantitativamente la gestión ambiental nacional. La Agenda Pos-2015, en su capítulo de sostenibilidad ambiental, también tiene metas claras y contundentes.
La duda ambiental respecto al proyecto de ley surge cuando, al revisar sus artículos, vemos que muchos de los aspectos mencionados en las Bases del PND no aparecen, o son débiles y confusos. Para una mayor consistencia entre los diferentes documentos que forman parte integral del proyecto de ley del PND, falta incluir nuevos artículos, y los ya propuestos deben ser más precisos y retomar el lenguaje de las Bases del PND.
La propuesta de crecimiento verde mencionada en las Bases del PND incluye como objetivos: (1) avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono; (2) proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental; (3) lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y cambio climático. Esto requiere múltiples acciones desde diferentes espacios de la gestión gubernamental, incluidos diversos ministerios y sectores productivos. Estas acciones y sus metas tendrán que ser discutidas e incluidas en los artículos de la ley del Plan, que se debatirá en el Congreso de la República durante los próximos tres meses. Ese es el reto.
El proyecto de ley para el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND), presentado el pasado 6 de febrero al Congreso de la República, genera incertidumbre respecto de lo que será la gestión ambiental de este segundo período del gobierno Santos.
El articulado propuesto no evidencia el compromiso del Gobierno para alcanzar los estándares requeridos por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), como condición para el ingreso del país a ese club de países dominantes de la economía mundial. Dicha propuesta fue retomada, en buena parte, por los ambientales y presentada como parte del concepto sobre el PND elaborado por el Consejo Nacional de Planeación (CNP).
Lo positivo es que el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, que es parte integral del proyecto de ley y que fue elaborado por el Gobierno Nacional y liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), contiene muchos aspectos de gestión ambiental para encaminar la economía colombiana por el sendero de la sostenibilidad. Las Bases del Plan contienen un capítulo de “Crecimiento verde”, de carácter transversal y envolvente, que incluye muchos de los aspectos propuestos por el CNP en su intenso y abierto diálogo con el DNP.
El artículo 1º del proyecto de ley propone construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los estándares de la OCDE y con la visión de planeación de largo plazo prevista por la Agenda de Desarrollo Pos-2015. Esto significa un importante compromiso de gestión ambiental, pues los estándares de la OCDE son altos. El documento Evaluaciones del desempeño ambiental: Colombia 2014, realizado por OCDE en el marco de la solicitud de ingreso de Colombia a dicha organización, presenta recomendaciones para elevar cualitativa y cuantitativamente la gestión ambiental nacional. La Agenda Pos-2015, en su capítulo de sostenibilidad ambiental, también tiene metas claras y contundentes.
La duda ambiental respecto al proyecto de ley surge cuando, al revisar sus artículos, vemos que muchos de los aspectos mencionados en las Bases del PND no aparecen, o son débiles y confusos. Para una mayor consistencia entre los diferentes documentos que forman parte integral del proyecto de ley del PND, falta incluir nuevos artículos, y los ya propuestos deben ser más precisos y retomar el lenguaje de las Bases del PND.
La propuesta de crecimiento verde mencionada en las Bases del PND incluye como objetivos: (1) avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono; (2) proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental; (3) lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y cambio climático. Esto requiere múltiples acciones desde diferentes espacios de la gestión gubernamental, incluidos diversos ministerios y sectores productivos. Estas acciones y sus metas tendrán que ser discutidas e incluidas en los artículos de la ley del Plan, que se debatirá en el Congreso de la República durante los próximos tres meses. Ese es el reto.