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Cerró la COP26, terminó la pasarela y el festín, donde los gobernantes desfilaron oficializando compromisos con el ambiente. Hubo tanta algarabía en medio de promesas y ambiciosos anuncios que, si no fuera por la sobriedad de algunos, la cosa podría haber terminado en bacanal y bla, bla, bla. Ahora, superada la fiesta, hay que poner la casa en orden, recoger la basura y empezar a recorrer el camino. Quedan compromisos que exigen sacrificios y requieren recursos.
El presidente Duque se había “emperifollado” para el evento. Dado que con sus acciones de gobierno no había elaborado su propio traje, tomó uno en alquiler. El vestido lo sacó de la despensa del país y sus ecosistemas. Para sorprender, pidió a los diseñadores que, casi en secreto, iniciaran su elaboración y presentó ante la ONU (29 de diciembre, 2020) la promesa colombiana de reducir en un 51 % las emisiones de gases efecto invernadero para el 2030. Nos pareció un reto interesante pero extraño, pues no hubo debate abierto y público. En el mundo de la moda (la política internacional ambiental) se sabía que importantes invitados estarían luciendo trajes similares: la Unión Europea había publicado (diciembre, 2020) su compromiso de 55 % de reducciones, y luego Estados Unidos (abril, 2021) la fijó entre 50 y 52 %. El diseño del vestido estaba de acuerdo con las tendencias de vanguardia. Los europeos respaldan su anuncio con acciones concretas, financiación y desarrollos tecnológicos, mientras los gringos retoman el camino con la orden ejecutiva sobre cambio climático publicada por Biden (enero, 2021). En Colombia no hay financiación ni acuerdos sectoriales; la meta es muy ambiciosa, aunque acorde con la movida internacional.
Duque siguió su preparación para la pasarela con intervenciones en escenarios internacionales y radicando ante el Congreso (29 de septiembre, 2021) un proyecto de ley de acción climática. En la COP26 firmó acuerdos, comprometió metas y presentó una hoja de ruta, sin respaldo presupuestal. El presidente supuso que si hacía las promesas adecuadas, cumpliría con las expectativas y sería protagonista.
Dos promesas exigen acciones y resultados durante su gestión: ratificar el Acuerdo de Escazú y declarar área protegida el 30 % del territorio nacional en 2022. En lo primero está incumpliendo, pues envió al Congreso sin mensaje de urgencia el proyecto de ley para ratificar el Acuerdo (mientras siguen asesinando líderes ambientales defensores del territorio). En cuanto a las áreas protegidas terrestres —parques naturales nacionales, regionales y municipales, reservas naturales de la sociedad civil, reservas forestales protectoras y distritos de manejo integrados—, hoy llegamos al 20 % (RUNAP, 2021). El nuevo compromiso internacional es bueno, pero para el 2022 suena a cuento. Adicional está el compromiso de frenar la deforestación, en lo cual estamos muy crudos.
El compromiso de disminuir en un 30 % las emisiones de metano para el 2030 requiere financiación y trabajo en varios frentes: reconversión ganadera de praderas degradadas a sistemas silvopastoriles (mejor alimentación disminuye emisiones de metano por unidad de leche o carne producida), disminución del uso de agroquímicos, reducción de la emisión de metano en explotaciones de hidrocarburos y olvidarse del fracking, tecnología que genera más emisiones de metano por barril de petróleo extraído que en yacimientos convencionales. Hay grandes retos para el próximo gobierno, se requiere una gran alianza nacional para alcanzar las metas.
P. D. Manifestamos dolor, repudio e indignación por el reciente asesinato de Luis Gonzaga Cadavid, líder ambiental, miembro y gestor de la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
