La descarbonización de la economía, indispensable para enfrentar la crisis climática, presenta para Colombia diversos dilemas que no son fáciles de resolver. En el acumulado histórico, somos un país de bajas emisiones per capita, pero simultáneamente somos productores de gas, carbón y petróleo, y exportadores de los dos últimos. Cualquiera que sea la alternativa por la que optemos, tendrá costos económicos, políticos y ambientales. El punto es identificar e implementar una estrategia costo-efectiva de salida de los hidrocarburos, con acciones que generen el menor costo social y un impacto positivo acorde con nuestra responsabilidad y posibilidad. Una condición necesaria pero no suficiente es que las acciones sean políticamente viables. Esto depende de las implicaciones y condiciones económicas, la conciencia y la educación de la población.
Una medida indispensable, acordada en Glasgow, consistente en disminuir el subsidio al consumo de hidrocarburos, con lo cual aparentemente todos estamos de acuerdo, no es fácil de implementar. De hecho, esto generó en Francia, uno de los mayores responsables históricos por sus aportes contaminantes, una gran protesta social que casi tumba al gobierno. Cumpliendo el Acuerdo de París, el presidente Emmanuel Macron intentó, a finales del 2018, subir el precio de la gasolina y el diésel. La reacción liderada por campesinos y jubilados, y apoyada por sectores medios, generó la revuelta de los “chalecos amarillos” y Macron tuvo que retractarse.
Francia tiene un ingreso per capita siete veces superior al de Colombia y una sociedad con mayor conciencia del cambio climático. Un indicador es que, con respaldo político, han tomado costosas medidas que les han permitido disminuir en un 55 % las emisiones per capita de 1980 a 2020. Sin embargo, la protesta ocurrió por el impacto desigual de la medida, que afectaba principalmente a los habitantes rurales, quienes por carecer de transporte público usan transporte privado, intensivo en consumo de gasolina, y a los pensionados que tienen ingresos fijos.
Las acciones climáticas afectan de manera diferente a distintos grupos de la población. Aplicar la justicia ambiental es tarea compleja. La reacción social depende del impacto de las medidas sobre su cotidianidad y de qué tan justo se lo percibe. Me pregunto cuál sería la reacción de los colombianos si por cumplir con lo acordado en Glasgow sube el precio de la gasolina, baja la extracción de petróleo y, como disminuyen los ingresos del Estado, se reduce el presupuesto para educación, salud o infraestructura, en un país con un gran segmento de población pobre que poco aporta en emisiones.
Por justicia climática, son los países industrializados y los de alto ingreso per capita los que primero deben disminuir sus emisiones y pagar un mayor impuesto por tonelada de CO2 equivalente que emitan. Sin embargo, Colombia también debe definir un plan de salida de los hidrocarburos. Esto es irreversible, la transición es obligatoria. La ciencia es clara, pero los números sobre la importancia de los hidrocarburos en el presupuesto de la nación también lo son. La velocidad de abandono de los hidrocarburos y quiénes deben dejarlos enterrados difieren en cada país. ¿Cuál es nuestro turno como nación? ¿Qué cuentas debemos hacer y quién las debe pagar? Estas preguntas son parte de los dilemas que debemos resolver. El Gobierno colombiano está concesionando 69 bloques para exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Cómo se relaciona esto con una estrategia de salida? Programar la reducción paulatina de la producción de hidrocarburos es tarea ineludible del próximo gobierno. La labor es compleja, no hay respuesta simple. ¿Qué piensan y proponen los candidatos presidenciales para resolver estos dilemas?
La descarbonización de la economía, indispensable para enfrentar la crisis climática, presenta para Colombia diversos dilemas que no son fáciles de resolver. En el acumulado histórico, somos un país de bajas emisiones per capita, pero simultáneamente somos productores de gas, carbón y petróleo, y exportadores de los dos últimos. Cualquiera que sea la alternativa por la que optemos, tendrá costos económicos, políticos y ambientales. El punto es identificar e implementar una estrategia costo-efectiva de salida de los hidrocarburos, con acciones que generen el menor costo social y un impacto positivo acorde con nuestra responsabilidad y posibilidad. Una condición necesaria pero no suficiente es que las acciones sean políticamente viables. Esto depende de las implicaciones y condiciones económicas, la conciencia y la educación de la población.
Una medida indispensable, acordada en Glasgow, consistente en disminuir el subsidio al consumo de hidrocarburos, con lo cual aparentemente todos estamos de acuerdo, no es fácil de implementar. De hecho, esto generó en Francia, uno de los mayores responsables históricos por sus aportes contaminantes, una gran protesta social que casi tumba al gobierno. Cumpliendo el Acuerdo de París, el presidente Emmanuel Macron intentó, a finales del 2018, subir el precio de la gasolina y el diésel. La reacción liderada por campesinos y jubilados, y apoyada por sectores medios, generó la revuelta de los “chalecos amarillos” y Macron tuvo que retractarse.
Francia tiene un ingreso per capita siete veces superior al de Colombia y una sociedad con mayor conciencia del cambio climático. Un indicador es que, con respaldo político, han tomado costosas medidas que les han permitido disminuir en un 55 % las emisiones per capita de 1980 a 2020. Sin embargo, la protesta ocurrió por el impacto desigual de la medida, que afectaba principalmente a los habitantes rurales, quienes por carecer de transporte público usan transporte privado, intensivo en consumo de gasolina, y a los pensionados que tienen ingresos fijos.
Las acciones climáticas afectan de manera diferente a distintos grupos de la población. Aplicar la justicia ambiental es tarea compleja. La reacción social depende del impacto de las medidas sobre su cotidianidad y de qué tan justo se lo percibe. Me pregunto cuál sería la reacción de los colombianos si por cumplir con lo acordado en Glasgow sube el precio de la gasolina, baja la extracción de petróleo y, como disminuyen los ingresos del Estado, se reduce el presupuesto para educación, salud o infraestructura, en un país con un gran segmento de población pobre que poco aporta en emisiones.
Por justicia climática, son los países industrializados y los de alto ingreso per capita los que primero deben disminuir sus emisiones y pagar un mayor impuesto por tonelada de CO2 equivalente que emitan. Sin embargo, Colombia también debe definir un plan de salida de los hidrocarburos. Esto es irreversible, la transición es obligatoria. La ciencia es clara, pero los números sobre la importancia de los hidrocarburos en el presupuesto de la nación también lo son. La velocidad de abandono de los hidrocarburos y quiénes deben dejarlos enterrados difieren en cada país. ¿Cuál es nuestro turno como nación? ¿Qué cuentas debemos hacer y quién las debe pagar? Estas preguntas son parte de los dilemas que debemos resolver. El Gobierno colombiano está concesionando 69 bloques para exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Cómo se relaciona esto con una estrategia de salida? Programar la reducción paulatina de la producción de hidrocarburos es tarea ineludible del próximo gobierno. La labor es compleja, no hay respuesta simple. ¿Qué piensan y proponen los candidatos presidenciales para resolver estos dilemas?