Reforma tributaria, costos y beneficios ambientales y sociales

Hay acuerdo. Todos coincidimos en que fue un desacierto del gobierno Duque promover, sin consenso previo, una reforma tributaria en medio de la crisis del COVID-19. Si bien una reforma redistributiva y sin componentes regresivos es necesaria, el hambre no da tiempo, debemos concentrarnos en enfrentarla con sus consecuencias sociales y políticas. Ya llegará el momento para una reforma concertada, por ahora hay que redistribuir el gasto. Ni aviones de guerra, ni glifosato, ni mermelada, hay que hacer rendir los recursos públicos en comida y salud. Estas son hoy las prioridades.

Sin embargo, resulta oportuno analizar temas ambientales que contenía la propuesta de reforma tributaria y que tendrán que ser retomados en un futuro cercano. Para mejorar la calidad del ambiente y mitigar la crisis climática debemos descarbonizar la economía, disminuir el uso de hidrocarburos. Esto requiere medidas fiscales y hay consenso global sobre la necesidad de subir el impuesto al carbón. Hacerlo tiene efectos inesperados, como sucedió, por ejemplo, en Francia, donde surgió la protesta de los “chalecos amarillos” en reacción a un mayor impuesto al carbón asociado al precio de la gasolina.

El texto de la fallida reforma tributaria incluía varias medidas ambientales. La política fiscal ambiental es compleja, para ilustrarlo tomemos dos propuestas sencillas mencionadas en la reforma: el impuesto creciente a los autos según emisiones y a los envases de plástico de un solo uso, medidas aplaudidas por muchos ambientalistas y ya implementadas en otros países. Sin embargo, es importante ser consciente de los dilemas, en términos de equidad, que estas medidas conllevan.

Las emisiones están relacionadas con el tamaño del motor y sus características técnicas. Los modernos son más eficientes y menos contaminantes. Allí empiezan a generarse impactos desiguales. En países ricos, el parque automotriz se moderniza y crece muy poco o no crece. En Colombia, por cada vehículo nuevo que entra no sale otro, sino que va a manos de alguien de menor ingreso, y así en cascada, hasta llegar a quienes no tenían auto. Poner un alto impuesto a esos vehículos mejora la calidad del aire y por ende la salud en las ciudades, pero elimina la posibilidad del auto para grupos de menores ingresos. Un dilema en términos de equidad. La solución no es fácil. Se debe mejorar el transporte público y quizá restringir el uso de vehículos viejos en las ciudades y permitirlo temporalmente en el campo y pequeños poblados, donde generan menores problemas de salud y contaminación.

Respecto de los empaques plásticos de un solo uso, el impuesto debe reducir su uso y cubrir el costo asociado a la contaminación que generan. Esto es válido, pero encarecerá el agua en bolsa, que, por su bajo precio, es la que consumen los sectores de menores ingresos. Se pueden reemplazar los empaques de un solo uso por vidrio y envases retornables, pero esto requiere infraestructura. De no hacerse algo así, el costo por contaminación que hoy está asumiendo toda la sociedad lo pasará a asumir el consumidor, que, si es muy pobre, no tiene cómo pagarlo. Este es un verdadero dilema, porque no gravar el plástico es subsidiar la contaminación.

La política tributaria nunca es neutra y en gestión ambiental tampoco. Nada es gratis y se plantean retos y dilemas para este y los próximos gobiernos, que deben enfrentar la crisis climática con justicia ambiental. Esto requiere educación, conciencia colectiva y propuestas articuladas y contundentes.