Territorios negros, gobernabilidad y naturaleza
LA LEY 70 DEL AÑO 1993 RECONOCE la propiedad colectiva sobre el territorio tradicional habitado por las comunidades negras e impulsa el respeto y protección del medio ambiente apoyando las relaciones tradicionales de las comunidades negras con su entorno natural.
De 1993 a la fecha, los Consejos Comunitarios, máxima autoridad administrativa de los territorios comunales, han fortalecido el manejo conceptual y elaborado propuestas de manejo del medio natural, asumiendo este aspecto como elemento clave para la consolidación cultural y territorial.
En días pasados, en el marco de la Quinta Asamblea General del Río Yurumangui, al sur de Buenaventura, se firmó el Acuerdo de Voluntades para la Conservación de los Recursos Naturales de la cuenca de río Yurumangui, celebrado entre la Unidad de Parques Nacionales, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras y la Mesa Local de Concertación. El acuerdo como marco de cooperación, se proyecta sobre una extensión de 65.800 has. y son aspectos centrales, la puesta en marcha de la propuesta de los Mosaicos de Conservación y enfrentar la amenaza de los cultivos ilícitos. El trabajo en los Mosaicos busca relacionar conservación, producción sostenible y planeación participativa para el desarrollo local, iniciativa apoyada por el Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF) y el Banco Mundial. De otra parte, los cultivos ilícitos son vistos como la gran amenaza para las comunidades y sus organizaciones, pues su carácter ilegal y la alta tasa de ganancia asociada a esta actividad, desestabiliza las organizaciones sociales, rompe los procesos económicos y destruye el medio ambiente. Es reiterada la mención que hacen los líderes comunitarios de la amenaza de los monocultivos, tanto la coca, como la palma africana, por su impacto sobre el manejo del territorio, la biodiversidad y la soberanía alimenticia. Su referente, son las negativas experiencias de las comunidades negras vinculadas a estos cultivos en otras zonas del ‘Andén Pacífico’, especialmente en el departamento de Nariño.
La cuenca del Yurumangui es un bello lugar de difícil acceso, donde a la riqueza cultural y de recursos naturales se contrapone un gran atraso en términos de educación formal, salud y acceso a medios de transporte y comunicaciones. En esta marginalidad, que tiene virtudes y limitaciones, lo más preocupante es el alto nivel de exposición de sus habitantes ante los grupos armados ilegales, que se disputan el dominio del territorio para impulsar y controlar monocultivos. En reacción a lo anterior, la comunidad ha tomado la iniciativa y el riesgo de erradicar manualmente los incipientes cultivos de coca que se introdujeron en la cuenca. Ellos conocen, por sus vecinos de la cuenca del río Naya, que la coca y la presencia de los grupos armados ilegales genera violencia y rompe la estructura social tradicional.
Para conservar la riqueza cultural y hacer uso sostenible de la excepcional biodiversidad del ‘Andén Pacífico’, es necesario que el Estado defina una clara y contundente estrategia de apoyo a las autoridades locales, representados por los consejos comunitarios y las autoridades territoriales indígenas y evite la extensión de los monocultivos.
La tarea no es sencilla, las comunidades están aisladas, hay necesidades básicas insatisfechas y grandes dudas respecto a la efectividad de la presencia estatal que, históricamente, ha brillado por su ausencia. Un ejemplo vivo es la no presencia en el acuerdo de voluntades para el manejo del medio natural, de la autoridad ambiental regional, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), organización con recursos financieros y capacidad técnica que tiene muy desatendida la región. Si queremos sembrar la paz, es necesario mejorar la gestión institucional en lo público y empoderar a las organizaciones comunitarias.
* El autor es economista con especialidad en manejo de recursos naturales en el Banco Mundial. Los puntos de vista aquí expresados son del autor, no representan ni pueden atribuirse a la entidad para la cual trabaja.
LA LEY 70 DEL AÑO 1993 RECONOCE la propiedad colectiva sobre el territorio tradicional habitado por las comunidades negras e impulsa el respeto y protección del medio ambiente apoyando las relaciones tradicionales de las comunidades negras con su entorno natural.
De 1993 a la fecha, los Consejos Comunitarios, máxima autoridad administrativa de los territorios comunales, han fortalecido el manejo conceptual y elaborado propuestas de manejo del medio natural, asumiendo este aspecto como elemento clave para la consolidación cultural y territorial.
En días pasados, en el marco de la Quinta Asamblea General del Río Yurumangui, al sur de Buenaventura, se firmó el Acuerdo de Voluntades para la Conservación de los Recursos Naturales de la cuenca de río Yurumangui, celebrado entre la Unidad de Parques Nacionales, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras y la Mesa Local de Concertación. El acuerdo como marco de cooperación, se proyecta sobre una extensión de 65.800 has. y son aspectos centrales, la puesta en marcha de la propuesta de los Mosaicos de Conservación y enfrentar la amenaza de los cultivos ilícitos. El trabajo en los Mosaicos busca relacionar conservación, producción sostenible y planeación participativa para el desarrollo local, iniciativa apoyada por el Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF) y el Banco Mundial. De otra parte, los cultivos ilícitos son vistos como la gran amenaza para las comunidades y sus organizaciones, pues su carácter ilegal y la alta tasa de ganancia asociada a esta actividad, desestabiliza las organizaciones sociales, rompe los procesos económicos y destruye el medio ambiente. Es reiterada la mención que hacen los líderes comunitarios de la amenaza de los monocultivos, tanto la coca, como la palma africana, por su impacto sobre el manejo del territorio, la biodiversidad y la soberanía alimenticia. Su referente, son las negativas experiencias de las comunidades negras vinculadas a estos cultivos en otras zonas del ‘Andén Pacífico’, especialmente en el departamento de Nariño.
La cuenca del Yurumangui es un bello lugar de difícil acceso, donde a la riqueza cultural y de recursos naturales se contrapone un gran atraso en términos de educación formal, salud y acceso a medios de transporte y comunicaciones. En esta marginalidad, que tiene virtudes y limitaciones, lo más preocupante es el alto nivel de exposición de sus habitantes ante los grupos armados ilegales, que se disputan el dominio del territorio para impulsar y controlar monocultivos. En reacción a lo anterior, la comunidad ha tomado la iniciativa y el riesgo de erradicar manualmente los incipientes cultivos de coca que se introdujeron en la cuenca. Ellos conocen, por sus vecinos de la cuenca del río Naya, que la coca y la presencia de los grupos armados ilegales genera violencia y rompe la estructura social tradicional.
Para conservar la riqueza cultural y hacer uso sostenible de la excepcional biodiversidad del ‘Andén Pacífico’, es necesario que el Estado defina una clara y contundente estrategia de apoyo a las autoridades locales, representados por los consejos comunitarios y las autoridades territoriales indígenas y evite la extensión de los monocultivos.
La tarea no es sencilla, las comunidades están aisladas, hay necesidades básicas insatisfechas y grandes dudas respecto a la efectividad de la presencia estatal que, históricamente, ha brillado por su ausencia. Un ejemplo vivo es la no presencia en el acuerdo de voluntades para el manejo del medio natural, de la autoridad ambiental regional, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), organización con recursos financieros y capacidad técnica que tiene muy desatendida la región. Si queremos sembrar la paz, es necesario mejorar la gestión institucional en lo público y empoderar a las organizaciones comunitarias.
* El autor es economista con especialidad en manejo de recursos naturales en el Banco Mundial. Los puntos de vista aquí expresados son del autor, no representan ni pueden atribuirse a la entidad para la cual trabaja.