La COP26 tuvo el bosque en lugar central y dejó promesas e incertidumbre para el futuro del bosque tropical biodiverso. La declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra fue firmada por 137 países, que se comprometieron a frenar la degradación de la tierra, llevar la deforestación a cero para el 2030 y, al mismo tiempo, gestionar un desarrollo sostenible en el marco de una transformación rural inclusiva. Hay dudas sobre el paso de la declaración a la acción, pues en 2014 varios de los países que firmaron en Glasgow también habían firmado la Declaración de Nueva York sobre Bosques, cuando se comprometieron a reducir la deforestación a la mitad para 2020 y a cero para 2030, compromiso evidentemente incumplido. Disminuye la vaguedad de la declaración y la incertidumbre respecto de su cumplimiento, pues esta vez fue acompañada del compromiso financiero explícito de 12 países de aportar recursos públicos por US$12.000 millones y del sector privado US$7.200 millones entre 2021 y 2025.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Las acciones para frenar la deforestación incluirán apoyo a sistemas productivos sostenibles, restauración de tierras degradadas, lucha contra incendios forestales y promoción de derechos y tenencia de tierra de pueblos indígenas y comunidades locales. Para esto último se estableció un compromiso adicional de US$1.700 millones.
El sistema financiero se comprometió a suspender la financiación de producción agropecuaria y cadenas de valor que puedan favorecer la deforestación. Además, 28 gobiernos, que representan el 75 % del comercio de productos básicos que pueden amenazar los bosques, firmaron la Declaración de Comercio Forestal, Agrícola y de Productos Básicos, que busca apoyar el comercio justo y sostenible y reducir la presión sobre el bosque tropical biodiverso, incluyendo la ayuda a pequeños agricultores y la mejora de transparencia de las cadenas de suministro. Así mismo, 12 de las empresas más grandes, que manejan más de la mitad del comercio mundial de productos básicos generadores de riesgo para este bosque, como aceite de palma, carne de res y soja, han anunciado que en la COP27 establecerán una hoja de ruta compartida para mejorar la supervisión de su cadena de suministro en consonancia con la meta de 1,5 °C de aumento máximo de la temperatura.
Según WRI, para que la nueva promesa genere una realidad distinta se tendría que trabajar de manera eficiente en cinco áreas críticas: producción y consumo sostenibles, infraestructura, comercio, finanzas e inversiones, y apoyo a pequeños agricultores, pueblos indígenas y comunidades locales en su gestión forestal.
Algunas promesas empiezan a convertirse en hechos. Se han iniciado acciones para que la Unión Europea y el Parlamento Europeo exijan a las empresas que sus cadenas globales de suministro no estén contribuyendo a la destrucción del bosque tropical biodiverso. Entre los productos que se empezarán a rastrear hay soja, carne vacuna, aceite de palma, madera, café, cacao y sus derivados. En Colombia, estas medidas pueden servir para frenar la minería y la expansión de la frontera ganadera en zonas del bosque tropical biodiverso.
Un reto y una oportunidad es que el 52 % del territorio colombiano está cubierto por este tipo de bosque, que se encuentra mayoritariamente —37 millones de hectáreas, el 34 % del territorio— en resguardos indígenas y tierras colectivas de comunidades afrodescendientes, que, como los pequeños productores campesinos, requieren apoyo para la gobernanza de su territorio y para mejorar su calidad de vida. En esta maravillosa geografía, los candidatos presidenciales deben hacer propuestas claras y realistas para superar la tiniebla y gestionar un mejor amanecer.
