La política pública y el comportamiento ciudadano que hasta la fecha ha adelantado Colombia para enfrentar el COVID-19 son buenos y han generado resultados. Si bien las cifras son imprecisas, tomemos la más diciente: la relación de muertes por número de habitantes. En Reino Unido ha muerto una persona por cada 1.920 habitantes, Suecia: 1/2.768, Estados Unidos: 1/3.655, Ecuador: 1/6.244, Brasil: 1/12.996 y Colombia: 1/86.498. Los resultados colombianos muestran buena gestión.
Pero el peso de Estados Unidos sobre las decisiones políticas en Colombia genera grandes riesgos. No solo en términos del manejo de la pandemia y la celeridad en la apertura de la economía, sino también sobre el deterioro ambiental. La administración Trump está adelantando la desregulación prometida en campaña y muchas normas se están flexibilizando o aboliendo, y ahora presenta como argumento adicional la necesidad de acelerar la recuperación económica pos-COVID-19. Para la reactivación del sector automotor, se están revirtiendo las exigencias impulsadas por Obama para disminuir sus emisiones. Se crea alivio regulatorio en el corto plazo para los fabricantes de automóviles, eliminando los requisitos que los obligaron a invertir en el desarrollo y la comercialización de vehículos híbridos, eléctricos y de baja contaminación.
El automotor no es el único sector. Una investigación de la Facultad de Derecho de Harvard y la Universidad de Columbia generó un gráfico con 64 retrocesos ambientales que Trump ha realizado y otros 34 que están en proceso (The New York Times, 6 de mayo de 2020). Trump dice que son regulaciones innecesarias y costosas, y desregula aspectos relacionados con políticas climáticas y ambientales, especialmente con la industria de combustibles fósiles. Se debilitan normas sobre contaminantes por generación de energía con carbón, vertimiento de desechos de minería a fuentes hídricas, licencias para explotación de petróleo y gas, y reducción de áreas silvestres, entre otros temas.
La mayor parte de los retrocesos han sido tramitados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés), que derogó y reemplazó muchas de las reglas de emisiones y protección del ambiente. Según expertos en clima y salud, los cambios en las reglas están provocando más enfermedades relacionadas con contaminación y están acelerando el cambio climático.
En Colombia, siguiendo a Trump, la presión por debilitar la institucionalidad ambiental y flexibilizar la regulación no se ha hecho esperar. Un intento fue realizado por un grupo de empresarios del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, que, en carta enviada al presidente Duque (5 de abril de 2020), argumentando la necesidad de mejorar la productividad en sectores estratégicos para acelerar la recuperación económica, manifiestan la conveniencia de debilitar procedimientos relacionados con consulta previa, licencias ambientales y zonas de desarrollo empresarial agropecuario. La iniciativa fue frenada por una carta con miles de firmas, incluidas las de algunos empresarios, enviada al presidente Duque (14 de abril de 2020). El debate continúa. Mientras unos quieren proteger el ambiente y orientar la economía por la vía de la sostenibilidad, otros quieren asegurar utilidades en el corto plazo.
La necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental con una mayor capacidad y agilidad de respuesta para hacer cumplir la normatividad ya había sido identificada por la OCDE (2014). Requerimos mayor capacidad institucional, conciencia y gestión ciudadana para lograr un desarrollo sostenible. Que el COVID-19 no sirva para desmontar la reglamentación ambiental. Sintonicémonos más bien con Europa que, a través del Acuerdo Verde, está buscando enverdecer la recuperación económica pos-COVID-19.
La política pública y el comportamiento ciudadano que hasta la fecha ha adelantado Colombia para enfrentar el COVID-19 son buenos y han generado resultados. Si bien las cifras son imprecisas, tomemos la más diciente: la relación de muertes por número de habitantes. En Reino Unido ha muerto una persona por cada 1.920 habitantes, Suecia: 1/2.768, Estados Unidos: 1/3.655, Ecuador: 1/6.244, Brasil: 1/12.996 y Colombia: 1/86.498. Los resultados colombianos muestran buena gestión.
Pero el peso de Estados Unidos sobre las decisiones políticas en Colombia genera grandes riesgos. No solo en términos del manejo de la pandemia y la celeridad en la apertura de la economía, sino también sobre el deterioro ambiental. La administración Trump está adelantando la desregulación prometida en campaña y muchas normas se están flexibilizando o aboliendo, y ahora presenta como argumento adicional la necesidad de acelerar la recuperación económica pos-COVID-19. Para la reactivación del sector automotor, se están revirtiendo las exigencias impulsadas por Obama para disminuir sus emisiones. Se crea alivio regulatorio en el corto plazo para los fabricantes de automóviles, eliminando los requisitos que los obligaron a invertir en el desarrollo y la comercialización de vehículos híbridos, eléctricos y de baja contaminación.
El automotor no es el único sector. Una investigación de la Facultad de Derecho de Harvard y la Universidad de Columbia generó un gráfico con 64 retrocesos ambientales que Trump ha realizado y otros 34 que están en proceso (The New York Times, 6 de mayo de 2020). Trump dice que son regulaciones innecesarias y costosas, y desregula aspectos relacionados con políticas climáticas y ambientales, especialmente con la industria de combustibles fósiles. Se debilitan normas sobre contaminantes por generación de energía con carbón, vertimiento de desechos de minería a fuentes hídricas, licencias para explotación de petróleo y gas, y reducción de áreas silvestres, entre otros temas.
La mayor parte de los retrocesos han sido tramitados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés), que derogó y reemplazó muchas de las reglas de emisiones y protección del ambiente. Según expertos en clima y salud, los cambios en las reglas están provocando más enfermedades relacionadas con contaminación y están acelerando el cambio climático.
En Colombia, siguiendo a Trump, la presión por debilitar la institucionalidad ambiental y flexibilizar la regulación no se ha hecho esperar. Un intento fue realizado por un grupo de empresarios del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, que, en carta enviada al presidente Duque (5 de abril de 2020), argumentando la necesidad de mejorar la productividad en sectores estratégicos para acelerar la recuperación económica, manifiestan la conveniencia de debilitar procedimientos relacionados con consulta previa, licencias ambientales y zonas de desarrollo empresarial agropecuario. La iniciativa fue frenada por una carta con miles de firmas, incluidas las de algunos empresarios, enviada al presidente Duque (14 de abril de 2020). El debate continúa. Mientras unos quieren proteger el ambiente y orientar la economía por la vía de la sostenibilidad, otros quieren asegurar utilidades en el corto plazo.
La necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental con una mayor capacidad y agilidad de respuesta para hacer cumplir la normatividad ya había sido identificada por la OCDE (2014). Requerimos mayor capacidad institucional, conciencia y gestión ciudadana para lograr un desarrollo sostenible. Que el COVID-19 no sirva para desmontar la reglamentación ambiental. Sintonicémonos más bien con Europa que, a través del Acuerdo Verde, está buscando enverdecer la recuperación económica pos-COVID-19.