Hace unas semanas escribí sobre la importancia de aprobar rápido la reforma fiscal, de tal forma que tanto las familias como los empresarios tengan clara la hoja de ruta de subsidios, apoyos e impuestos para los próximos años. La incertidumbre sobre la reforma y las discusiones políticas que se están dando tanto fuera como dentro del Congreso alteran negativamente las decisiones de inversión y consumo y, por tanto, el proceso de recuperación económica. Es necesario llegar a acuerdos y aprobar rápido en el Congreso la mejor versión de la reforma.
En temas de gasto social, no nos podemos dar el lujo de no aprobar la extensión del PAEF o del ingreso solidario y debemos hacerlo rápido. El PAEF ya se acabó y si los empresarios y comerciantes no tienen claro qué va a pasar con el programa tomarán decisiones de reducción de trabajadores que no son fáciles de revertir y esto profundizará el daño sobre el mercado laboral. Las familias tienen que saber con qué ayudas monetarias contarán.
En temas tributarios, es una realidad que el país necesita aumentar el ingreso a partir de 2022 para cubrir las necesidades de gasto crecientes. Para que el recaudo aumente en 2022, las decisiones de la mayoría de impuestos se deben tomar este año.
No hacer la reforma compromete, sin duda, la sostenibilidad fiscal del país, con efectos negativos sobre los gobiernos locales y nacional, las empresas y las familias. No tener sostenibilidad fiscal afecta negativamente la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Ahora en medio de la pandemia, más que nunca, no podemos darnos el lujo de perder esos activos tan preciados que hemos construido por tantos años. Construirlos ha costado años de trabajo que se pueden perder rápidamente. Esto no es un tema aislado que afecte a unos pocos, nos afecta a todos. Por ejemplo, si la reforma no responde a las necesidades de sostenibilidad fiscal y estabilización de la deuda pública, la posibilidad de pérdida del grado de inversión crece, generando un aumento del costo del endeudamiento para todos: gobiernos, familias y empresas, y demorando el proceso de recuperación económica que tanto necesitamos. Todo esto con efectos aun más fuertes sobre los más vulnerables. Cuando perdimos el grado de inversión en 1999 tardamos doce años para recuperarlo.
BBVA Research.
Hace unas semanas escribí sobre la importancia de aprobar rápido la reforma fiscal, de tal forma que tanto las familias como los empresarios tengan clara la hoja de ruta de subsidios, apoyos e impuestos para los próximos años. La incertidumbre sobre la reforma y las discusiones políticas que se están dando tanto fuera como dentro del Congreso alteran negativamente las decisiones de inversión y consumo y, por tanto, el proceso de recuperación económica. Es necesario llegar a acuerdos y aprobar rápido en el Congreso la mejor versión de la reforma.
En temas de gasto social, no nos podemos dar el lujo de no aprobar la extensión del PAEF o del ingreso solidario y debemos hacerlo rápido. El PAEF ya se acabó y si los empresarios y comerciantes no tienen claro qué va a pasar con el programa tomarán decisiones de reducción de trabajadores que no son fáciles de revertir y esto profundizará el daño sobre el mercado laboral. Las familias tienen que saber con qué ayudas monetarias contarán.
En temas tributarios, es una realidad que el país necesita aumentar el ingreso a partir de 2022 para cubrir las necesidades de gasto crecientes. Para que el recaudo aumente en 2022, las decisiones de la mayoría de impuestos se deben tomar este año.
No hacer la reforma compromete, sin duda, la sostenibilidad fiscal del país, con efectos negativos sobre los gobiernos locales y nacional, las empresas y las familias. No tener sostenibilidad fiscal afecta negativamente la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Ahora en medio de la pandemia, más que nunca, no podemos darnos el lujo de perder esos activos tan preciados que hemos construido por tantos años. Construirlos ha costado años de trabajo que se pueden perder rápidamente. Esto no es un tema aislado que afecte a unos pocos, nos afecta a todos. Por ejemplo, si la reforma no responde a las necesidades de sostenibilidad fiscal y estabilización de la deuda pública, la posibilidad de pérdida del grado de inversión crece, generando un aumento del costo del endeudamiento para todos: gobiernos, familias y empresas, y demorando el proceso de recuperación económica que tanto necesitamos. Todo esto con efectos aun más fuertes sobre los más vulnerables. Cuando perdimos el grado de inversión en 1999 tardamos doce años para recuperarlo.
BBVA Research.