Nuestro país se ha pasado la vida guerreando. Lo sabemos. Lo sufrimos. El quinquenio del general Reyes, para no ir sino hasta los albores del siglo pasado cuando terminaba la guerra de los mil días, dejó a Colombia convertida en un vasto teatro de desolación. Era 1904. No hace falta insistir en que la educación y la ciencia nunca han sido la prioridad de nuestro pasado, y apenas lo empiezan a ser en nuestro presente. Sin ciencia no hay progreso. Sin educación no hay sociedad. Nos ha costado décadas tener un sistema coherente de Ciencia y Tecnología. Coherente quiere decir que promueva la investigación asociada a los contextos donde ocurre y que genere desarrollo para todos. Y, aunque hoy nadie discute la importancia de la educación, los abismos entre educación oficial y privada persisten y constituyen una fuente innegable de injusticia social.
Es por eso que veo con preocupación, en el marco de la actual coyuntura nacional, la fusión que se propone entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el pretexto de reducir los cargos burocráticos y rescatar financieramente a la nación. Fusionar ambos ministerios en uno solo corre el riesgo de diluir la ciencia dentro de la estructura educativa e invisibilizar su papel estratégico. Es al revés: la ciencia requiere políticas específicas, financiamiento estable y una visión propia para responder a los retos globales que nos apremian; ¿o es que alguien sigue pensando que el cambio climático es una ficción, la transición energética una apuesta de unos pocos, y la salud pública una quimera de hombres y mujeres con bata blanca?
La historia de la institucionalidad científica en Colombia no ha sido fácil y demuestra el esfuerzo que, por fin, empieza a brillar en la agenda nacional. Tal vez no a la velocidad deseada. Sin embargo, desde la creación de Colciencias en 1968 y su transformación en Departamento Administrativo en 2009, hasta la consolidación del Ministerio de Ciencia en 2021 nos ha permitido avanzar en varios campos, y desasociar la investigación científica del Ministerio de Educación hasta robustecer la hoja de ruta vigente, que hoy, de acuerdo con el documento Conpes 4069 (2022-2031), nos debe guiar.
La fusión mimetizaría los avances históricos que tanto trabajo han costado para crear una política pública de ciencia y tecnología, con el gigantesco manto de los propósitos educativos de una nación como la nuestra. Mucho más cuando ya se cuentan resultados concretos en innovaciones agrícolas que fortalecen la seguridad alimentaria, en el desarrollo de vacunas especializadas para tratamientos del cáncer, y en estudios sociales que han orientado las políticas públicas, sin mencionar los innumerables aportes al descubrimiento y promoción de nuestra sinpar biodiversidad.
Aparte de lo anterior, fusionar los dos ministerios supondría meter en una misma bolsa presupuestos abismalmente diferentes. Mientras la cartera de Educación maneja una de las partidas más cuantiosas del presupuesto general de la Nación (alrededor de 90 billones de pesos, correspondiente al 16 % del total del gasto del Estado), Minciencias no alcanza a llegar al billón. No veo entonces cómo las convocatorias para proyectos de investigación básica, la formación del capital humano calificado que inspire y asegure la confianza a los inversionistas, entre muchos otros de sus objetivos misionales, se liderarán e impulsarán desde el MEN sin los dolientes adecuados. Correrían el riesgo de desaparecer.
Por último, no está claro tampoco si la fusión hace parte de la mentada batalla cultural en la que está empeñado el Gobierno. Uno esperaría que no. Sería inconcebible poner a reñir la razón y la fe. Como si la historia no nos hubiera demostrado hasta la saciedad que son parientes cercanos.