¿Picota pública para Los 40 Principales?

Que la prensa y la opinión pública hayan reprochado de manera enfática a los locutores de la emisora Los 40 Principales, por incitar a sus oyentes a “denunciar” conductas homosexuales, parecería haber puesto en evidencia una consciencia clara y generalizada sobre los límites de la libertad de expresión; pero que, acto seguido, también reprocharan la investigación que la Fiscalía le abrió a la emisora, por el delito de “instigación al odio”, sembraría serias dudas sobre la claridad de esa consciencia.

En este mismo diario, por ejemplo, en su editorial del sábado pasado –titulado 'Ay, marikita'–, se deploraba la conducta de la emisora, pero no se compartía la investigación de la Fiscalía, arguyendo que ese tipo de penalidades no solucionaría el problema social de fondo, la discriminación. Un acto que, se decía a continuación, “está tan naturalizado en nosotros que sus agentes creen, en la mayoría de las ocasiones, que no están cometiendo acciones de rechazo y odio”. Y de ahí que, en lugar de cárcel –se concluía–, fueran necesarias “medidas contrarias encaminadas a transformar de manera gradual los comportamientos de nuestra sociedad”, ampliando y protegiendo derechos tales como “el aborto, el matrimonio igualitario, las cuotas de acción afirmativa”.

Habría que celebrar el espíritu educativo del editorial, siempre que no se perdiera de vista que aceptar la naturalización de los actos de discriminación, a un tiempo en que se rechaza la ley que busca contrarrestarlos, conllevaría el peligro de incurrir en un menosprecio del problema como tal. Mucho más si se tuviera en cuenta que el espíritu de esa ley no obedece menos a la fuerza de dicha naturalización. Más bien busca, en lo esencial, el equilibrio entre los límites del poder que una sociedad puede ejercer de manera legítima sobre el individuo, y los límites de expresión de cada individuo. Esa ley está enmarcada, así, en los principios de la libertad establecidos por John Stuart Mill.

Pero del mismo modo en que lo sería para Mill, y como nunca dejará de serlo, el problema de fondo seguiría siendo el mismo: la dificultad de trazar un límite claro y conciso entre la libertad de expresión (el principio permisivo de la libertad) y las incitaciones que podrían afectar a terceros (el principio restrictivo). No se trataría, sin embargo, de un problema irresoluble, pues siendo consciente de la necesidad de abordar cada caso de una manera particular, Mill abarcaría ambos principios bajo uno mayor: cuidar, ante todo, el pleno y libre desarrollo individual. La coerción que más temía el filósofo británico era, entonces, una de tipo social, que iría en contra de la libertad intelectual.

Sólo en ese marco social resultaría justificado el temor de tantos columnistas a que la ley antidiscriminación se convirtiera en una mordaza para la libertad de expresión. Un temor que, en el mejor de los casos, requeriría del fortalecimiento de las instituciones, no de la censura de las mismas. En el marco legal, en contraste, es la democratización del individuo lo que está en juego, pues la ley antidiscriminación contribuye a su inclusión igualitaria en el sistema democrático. El racismo y la homofobia, por ejemplo, no son simples actos que se pueden enmendar al mejor estilo de la indignación mediática colombiana, poniendo en la picota pública al agresor. Más bien son actos que van en contravía del sostenimiento de una estructura de gobierno amparado por una constitución.

Nadie negaría que tenemos el derecho de afirmar o hacer lo que nos plazca. Pocos, sin embargo, afirmarían que también debemos ser responsables de lo que decimos y hacemos. Que cada caso sea particular, no significa que la libertad de expresión no deba ser la misma, en sus bondades y sanciones, para los locutores de Los 40 Principales, los políticos de nuestra preferencia o los que repudiamos. Con todo, no deja de ser cierto que necesitamos cambiar de manera gradual nuestros comportamientos; una labor educativa que requiere del preludio de la ley –la expresión platónica para la persuasión–, y que en este país sólo se aplica a las medidas de transporte público.

Twitter: @Julian_Cubillos