Las plataformas tecnológicas son las empresas más poderosas de la historia. Han hecho lo que han querido para ganar más dinero a costa de la salud mental de niños y niñas. ¿Nos quedaremos observando lo que hacen o saldremos en defensa de los menores como está haciendo Australia?
Las plataformas tecnológicas determinan nuestras comunicaciones, la música que escuchamos, los productos que compramos y las formas de recrearnos. También los temas que debatimos y los juegos. Si hoy compramos un tiquete a cualquier lugar del mundo, segundos después nos llegan ofertas para alquilar vehículos o reservar hoteles y restaurantes en el mismo lugar. Eso lo hacen violando todas las normas de privacidad mediante algoritmos sofisticados que nos vigilan, como si ya estuviéramos viviendo en el mundo descrito en 1984. Como decía Orwell, “en la era del Gran Hermano, la vida privada había llegado a su fin”. Eso ya lo estamos viviendo. Por eso –como explicaba el documental Nada es privado– “todas sus interacciones, pagos con tarjeta, búsquedas en Internet, ubicaciones y “me gusta” son recolectadas en tiempo real”. Nos manipulan con la cuantiosa información que tienen de cada uno.
Hoy, en las redes sociales circulan la mayoría de los bienes, noticias, videos e ideas. Han incidido en la creciente polarización, buena parte de las elecciones y el clima de convivencia en las sociedades. Pero lo más preocupante de todo es lo que están haciendo con la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Los estudios científicos son contundentes a lo largo y ancho del mundo. En su libro La generación ansiosa (2024), Jonathan Haidt estimó que desde 2010 –cuando apareció el smartphone– se duplicaron los niveles de ansiedad en los menores de 24 años. Así mismo, en el caso de las chicas menores, se duplicó el nivel de angustia y hospitalizaciones por salud mental. En Reino Unido, pasó lo mismo con las autolesiones en mujeres menores de edad. En España, los suicidios de mujeres entre 15 y 19 años por cada 100.000 personas se triplicaron desde 2010. Algo muy similar sucedió en Estados Unidos.
Las plataformas han hecho lo que han querido para ganar dinero a costa de la salud mental y la adicción generada en niños y niñas. En Estados Unidos, 41 estados han adelantado una demanda colectiva contra ellas por los mismos motivos a los que nos hemos referido. Las acusan de generar adicción y crisis emocionales, en especial en los adolescentes. Todos sabemos que eso es cierto. Sin embargo, estos procesos se han frenado con la llegada de Donald Trump a la presidencia, por un acuerdo evidente entre el poder tecnológico y el poder político. Ellos financiaron y apoyaron la campaña de Trump y, a cambio de eso, el nuevo gobierno impide que los regulen. Compraron la protección a costa de la depresión en los menores.
Por todo lo anterior, el mundo entero debe aplaudir lo que acaba de hacer Australia: prohibió el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Lo hizo en defensa de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Las palabras de la ministra de comunicaciones fueron elocuentes.
Estamos inmersos en una nueva pandemia que recorre el mundo: es la pandemia de depresión en los adolescentes. La ventaja es que conocemos la vacuna: la regulación de las redes sociales. Aun así, para evitarla, las compañías tecnológicas han sobornado a gobiernos y parlamentarios. También será necesaria una segunda vacuna: prohibir el ingreso a redes de personas con máscaras. Necesitamos poder seguir y verificar a cada uno de los individuos que allí circulan, como sucede cuando vamos a votar: una cédula y un solo voto. O como sucede cuando nos vamos a vacunar: una tarjeta de identidad, una cédula y una sola vacuna. Mientras no hagamos eso, las redes seguirán siendo el sitio predilecto de pedófilos, estafadores, matones, misóginos, vendedores de humo, de odio y de ideas extremistas de todos los colores.
Hoy los niños están llegando a los colegios con menor desarrollo del lenguaje, con acentuados déficits de atención, con atraso motor y con niveles más bajos de autonomía porque permanecen encerrados en los apartamentos con sus tabletas y han dejado de jugar de manera libre. Lo más grave es el deterioro al lóbulo prefrontal que eso genera a largo plazo. De manera muy irresponsable los padres de familia los conectan a pantallas desde los primeros meses de vida. Luego les piden a los colegios que las prohíban en las aulas. ¿No sería más fácil que aplazaran la entrega de estos dispositivos a sus hijos e hijas?
Australia ha decidido que las plataformas deben ingeniar formas muy seguras de verificación de la edad de los menores. ¿Cómo lo harán? Ese es un problema que el gobierno les traslada. Si conocen nuestros gustos musicales, amores platónicos, cuentas bancarias y tendencias ideológicas, averiguar la edad de un menor será para ellas un juego de niños. Si incumplen, pagarán 30 millones de euros.
En Dinamarca, España, Grecia, Rumania, Malasia, la Comisión Europea, entre otros, están en curso procesos similares. En Francia, por ejemplo, ya se ha dispuesto que los menores de seis años no tengan acceso a ninguna pantalla.
El punto más débil en este proceso es el gigantesco poder económico que mueven las plataformas, que les ha permitido comprar a decenas de gobiernos y miles de parlamentarios a lo largo y ancho del planeta. Ya sabemos que en Colombia la salud mental de los niños se negoció en silencio en el Congreso y que en América Latina se adelantaron tres mil acciones de lobby en trece países para impedir que les impusieran reglamentaciones.
Otro problema son los padres de familia en extremo permisivos, porque para ganarse el cariño de sus hijos mentirán por ellos, avalarán su edad inflada o ellos mismos les abrirán las cuentas. Es un grupo grande y creciente, en especial en familias de estratos medios y altos. A quienes quieran evaluar si hacen parte de ellos, los invito a ver este simpático video que he tomado del programa de humor vasco Vaya semanita y sintetiza la actitud de una familia muy permisiva ante el balance anual de su hijo.
También tenemos que ponernos de acuerdo los educadores, padres y jóvenes para que, de manera generalizada, se prohíban los smartphones en los colegios hasta el grado noveno. Aun así, si no desarrollamos autonomía, lectura y pensamiento, la prohibición no resolverá el problema. La autonomía y el pensamiento crítico son la mejor defensa frente a la manipulación. Necesitamos formar a los jóvenes para que siempre consulten fuentes diversas, aprendan a detectar noticias falsas y a verificar las informaciones que reciben en sus cuentas de WhatsApp. Necesitamos cultivar su actitud reflexiva ante las ciencias, la política y las ideologías. Ningún educador puede creer que la solución está en la prohibición. La prohibición es necesaria, pero tendrá que ser acompañada por sólidos procesos formativos en colegios y familias. De lo contrario, también habremos perdido la partida más importante en nuestra tarea como educadores: el desarrollo integral.
La pregunta que queda de estas reflexiones es muy clara: ¿nos quedaremos mirando pasivamente cómo siguen aumentando las crisis emocionales en los jóvenes o saldremos en defensa de los menores como están haciendo Australia y, muy pronto, varios países europeos? Es una pregunta para los Estados, los partidos políticos y el congreso, pero también para las familias, los colegios y los educadores. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es: ¿vamos a defender los intereses económicos de las plataformas –disfrazados de ideales libertarios– o saldremos en defensa de la salud mental de los menores?
P.D.: Esta columna se suspende hasta mediados de enero. Espero que muchos jóvenes y adultos hagan lo mismo con sus redes sociales y que eliminen de manera definitiva cualquier notificación. Entre todos debemos cuidarnos.
*Julián de Zubiría Samper es director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria)
