Colombia: un país sin brújula en educación

La educación en Colombia no cumple con una de sus funciones esenciales: favorecer la movilidad social. La causa es que aún no contamos con una política pública de largo alcance: estamos viajando sin destino ni carta de navegación.

La educación tiene dos funciones esenciales en una sociedad. Por un lado, promover la movilidad social, de manera que garanticemos que los hijos de los pobres no estén condenados a la pobreza. Por otro, alcanzar el desarrollo integral de las capacidades humanas, de forma que los niños y jóvenes aprendan a pensar, convivir y comunicarse.

En Colombia la educación pública básica no logra ninguno de los dos propósitos porque las brechas entre la educación pública y la privada son cada vez mayores y la calidad sigue siendo muy baja. Si las brechas crecen, la educación no contribuye a la movilidad social y quienes se matriculan en la educación pública básica están condenados a la pobreza. Una de las causas esenciales que explica este dramático resultado es la ausencia de una política pública de largo aliento. La educación ha estado al servicio de los intereses politiqueros de los gobiernos y no del desarrollo nacional. Eso es fácil de demostrar si revisamos la política pública en educación de las últimas décadas.

En 1994 el gobierno de César Gaviria conformó una Misión de Sabios de muy alto nivel para que trazara la “carta de navegación” de la ciencia y la educación en Colombia. La Misión estuvo coordinada por Carlos Vasco e hicieron parte de ella importantes humanistas y científicos colombianos, como Gabriel García Márquez y Rodolfo Llinás, entre otros. En 2014, el historiador Marco Palacios, exintegrante de la Misión, decía: “Si tuviéramos que volver a reunirnos, presentaríamos el mismo informe”. Tenía toda la razón. No logramos, como expresaba Gabo, crear “un país al alcance de los niños” y perdimos una oportunidad de oro para orientar nuestra educación a largo plazo.

Después, cumpliendo la Ley General de Educación de 1994, se elaboró el Primer Plan Decenal en 1996. Las recomendaciones eran claras y pertinentes: favorecer una educación que nos ayudara a consolidar la democracia y la paz, garantizar infraestructura adecuada en todas las instituciones y trabajar por una educación más pertinente para nuestro tiempo y contexto. Pero el Plan no fue incorporado en los planes de desarrollo de los gobiernos en la primera década del siglo XXI y, por segunda ocasión, perdimos la oportunidad de mejorar la calidad educativa. Aún hoy, en 2021, según un reciente Informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, el 57% de los colegios oficiales y el 71% de los colegios rurales del país no cuentan con agua potable. ¡No estamos hablando de infraestructura sofisticada, tan solo de agua potable!

La prolongada guerra que hemos padecido dejó a la educación sin recursos durante décadas. Más grave aún, el país vio cómo entre 2002 y 2009 se duplicaron las brechas entre los colegios privados y los públicos rurales. La explicación es muy sencilla: durante esa década en Colombia se abandonó por completo la educación rural.

En 2006, un grupo de académicos y pedagogos participó en la elaboración del Segundo Plan Decenal. Ellos llamaron la atención sobre el incumplimiento sistemático del Estado frente a lo establecido en la Ley 115 de 1994. Por eso el Plan enfatizó en garantizar tres años de educación inicial, fortalecer la educación pública, promover la cultura de la investigación y construir currículos más pertinentes para niños y jóvenes.

Entre 2012 y 2014 comenzamos a avanzar en la dirección correcta y, con la creación del Programa Todos a Aprender (PTA), logramos reducir las brechas. El PTA atendió a los olvidados de siempre: dos millones de niños y jóvenes campesinos. Para hacerlo, favoreció la formación in situ, promovió la formación en cascada y enfatizó en las competencias comunicativas. Sin embargo, con la llegada de la ministra Gina Parody en 2014, el país decidió destinar sus principales recursos a un programa que tan solo atendía al 2% de los estudiantes graduados en colegios oficiales: Ser Pilo Paga. Los estudiantes en las calles impidieron que este programa continuara. El Segundo Plan Decenal tampoco se convirtió en política pública y, por tercera ocasión, perdimos la oportunidad de elaborar una política pública de largo alcance.

En 2014 la Fundación Compartir elaboró un muy completo plan de mejoramiento de la calidad educativa. Se trataba de aprender de las experiencias de Canadá, Singapur, Finlandia y Corea. El Informe contenía pertinentes recomendaciones para mejorar el reconocimiento social y los criterios de selección, evaluación y formación de los maestros. El presidente Juan Manuel Santos anunció que en poco tiempo nos convertiríamos en “el país mejor educado de América Latina”. Nada de eso se cumplió y, de esa manera, perdimos una cuarta ocasión para construir una verdadera política pública en educación.

Entre 2016 y 2017 una comisión académica integrada por 30 miembros estudió un millón de propuestas ciudadanas y definió los diez desafíos en los que debería trabajar Colombia entre 2017 y 2026, que siguen vigentes. Se trató de enfrentar los mismos problemas que se definieron desde la primera Misión de Sabios: articular el sistema educativo, trabajar en torno a un currículo concentrado en enseñar a pensar, leer y convivir, cualificar la formación de docentes y garantizar que la educación nos ayudara a construir la paz. Trabajamos por espacio de dos años, reuniéndonos todas las semanas para definir una política pública de largo aliento en Colombia.

Sin embargo, el gobierno que llegó en 2018 echó en “saco roto” todas las recomendaciones, y en los últimos tres años el Ministerio de Educación Nacional no ha vuelto a hablar de los temas pedagógicos trascendentes. Su discurso se redujo casi exclusivamente a dos palabras: FECODE y presencialidad, pero sin formular ni una sola idea sobre formación de los docentes, currículo, textos, estructura de las instituciones educativas o selección de maestros. El gobierno llegó con la idea de hacer trizas la paz y eso también tuvo sus graves costos en la calidad educativa. Por eso en el plan de desarrollo educativo del actual gobierno se prohibió el uso de la palabra “paz”. ¿Pero acaso puede haber un propósito más importante para la educación que formar mejores ciudadanos, más empáticos y tolerantes, que puedan resolver de manera pacífica y dialogada sus diferencias? Eso es la paz.

En 2019 el gobierno Duque creó una Misión Internacional de Sabios, pero desafortunadamente esa no es la ruta, porque el próximo gobierno muy seguramente no seguirá las recomendaciones juiciosamente trabajadas por los científicos. Lo que necesitamos en Colombia es crear una Comisión Nacional que asesore al Ministerio de Educación de manera permanente, que no dependa del gobierno de turno y cuyas recomendaciones estén orientadas a mejorar la calidad y disminuir las brechas educativas.

Hasta el momento, la educación en el país no cumple con sus funciones esenciales. El Banco Mundial estima que, se requieren once generaciones para salir de la pobreza en Colombia. Si indagamos a profundidad, hay dos motivos que lo explican: la baja calidad educativa y las brechas entre la educación pública y la privada que vienen aumentando en los últimos treinta años.

La conclusión es muy sencilla: en 2022 tenemos que elegir un gobierno que priorice una reforma profunda a la educación en nuestro país. En las últimas décadas hemos elegido gobiernos a los que les ha interesado muy poco mejorar la calidad de la educación y, debido a eso, no han contribuido a cerrar las brechas. Esos gobiernos han limitado la democracia porque mejorar la calidad y disminuir las brechas siguen siendo las dos maneras más importantes que conocemos los seres humanos para ampliar la democracia en un país.

* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria)