Si queremos cuidar la democracia, debemos regular a las grandes plataformas tecnológicas. Aquí los argumentos que explican por qué es necesario y cuál es la relación entre estos dos fenómenos.
El crecimiento de la tecnología ha sido descomunal en las últimas décadas. En el año 2000 teníamos en el mundo 400 millones de usuarios en internet, hoy hay más de 6.000 millones. Al cambiar el siglo estaba conectado el 6% de la población, en tanto hoy lo está el 74%. Sobra decir que no había smartphones (aparecieron diez años después); actualmente tenemos más de 7.500 millones de dispositivos enviando y recibiendo mensajes. Algo similar sucede con las redes sociales. En un planeta con 8.300 millones de habitantes, Facebook alcanzó más de 2.700 millones de usuarios en 2021 y ese mismo año se enviaron 4.200 millones likes en promedio por día.
Si queremos cuidar la democracia, debemos regular a las grandes plataformas tecnológicas. Aquí los argumentos que explican por qué es necesario y cuál es la relación entre estos dos fenómenos.
Todo lo anterior ha generado un cambio significativo en el tráfico de datos de los usuarios. Se estima que entre 2011 y 2021 el tráfico de datos de las redes móviles se multiplicó por 300. Buena parte del fenómeno se debe, precisamente, a la difusión y generalización del smartphone y el video corto.
Este fenómeno coincide con el impactante debilitamiento de la democracia. El Instituto V-Dem de Suecia viene realizando el más completo seguimiento a la democracia en los países en el mundo desde 1789. La conclusión es que, en 2026, tenemos más autocracias (92) que democracias (87). Como caso excepcional y por primera vez, EE. UU. pierde su estatus de democracia liberal. Esto pasa porque el segundo mandato del presidente Donald Trump se ha caracterizado por una rápida y agresiva concentración de poder en la presidencia. Lo hemos visto bombardeando naves sin el debido proceso legal a sus ocupantes y elevando aranceles, cual monarca absoluto en el siglo XV. Se desmantelan los contrapesos. Se generalizan las demandas del presidente a la prensa libre, el chantaje con el que quiere doblegar el pensamiento crítico en las universidades y la falta de independencia para la justicia y el poder legislativo.
El Instituto Freedom House de Washington llegó a una conclusión similar al encontrar que 2025 fue el vigésimo año consecutivo de deterioro de la libertad mundial. Los mayores descensos los encuentra en Estados Unidos, Bulgaria e Italia. A un ritmo muy preocupante, se erosionan las libertades democráticas. Así mismo, International IDEA de Suecia concluye que más de la mitad de los países analizados retrocedieron en al menos un indicador de la democracia entre 2019 y 2024.
Como puede verse, múltiples instituciones, utilizando metodologías diferentes, concluyen que estamos ante un declive de las democracias en el mundo, lo cual le da más validez a la tesis. Y, como indican diversos autores (Zuboff, Cohen, van Dijck y otros), el declive de la democracia está fuertemente relacionado con el auge de las plataformas tecnológicas. ¿Cómo se relacionan estos dos procesos aparentemente distantes?
Primero. Tal como señala Daron Acemoglu, premio nobel de economía 2024, las plataformas manejan la comunicación, la identidad y los vínculos; es decir, las fibras de la sociedad. Hoy por hoy, pueden decidir lo que piensan y sienten la mayor parte de las personas. Como todos sabemos, han tenido todo el respaldo del gobierno Trump
Sus principales propietarios han decidido, como sostiene Peter Thiel, presidente del consejo de administración de Palantir y exjefe del vicepresidente de los EE. UU., que “la democracia liberal es incompatible con las libertades individuales”. A la misma conclusión llega otro de sus gurús: Curtis Yarvin, en cuya casa-castillo se han reunido las cumbres del G7 en 2015 y 2022. Ellos se han tomado ideológicamente Silicon Valley y consideran que llegó el momento de establecer un gobierno corporativo. Como lo decía explícitamente Eric Smith, exdirector de Google: “Estamos en contra de los gobiernos, las regulaciones y el Congreso”.
En América Latina, recurrieron a tres mil operaciones de lobby cuando los parlamentos intentaron controlar sus empresas. Compraron con viajes y dinero a los congresistas de la región. Las denuncias de Cuestión Pública producen escalofrío, porque mientras estos parlamentarios llenaban sus bolsillos los jóvenes en América Latina sufrían cada vez más adicción, crisis emocionales e ideación suicida.
Segundo. La infraestructura mediante la cual la sociedad conoce la realidad, construye sus opiniones y delibera colectivamente está pasando progresivamente de instituciones sometidas —al menos parcialmente— a reglas democráticas hacia sistemas privados, monopólicos y algorítmicos, cuyo objetivo principal son las ganancias y no la deliberación democrática. De los libros pasamos a videos cortos diseñados para frenar la lectura, la autonomía y el pensamiento. De los medios que se responsabilizan por lo que publican hemos llegado a plataformas que no asumen ninguna responsabilidad por lo que divulgan y que nos manipulan mediante algoritmos ocultos. De las escuelas que comenzaban a innovar y abrirse al cambio hemos llegado a escuelas con poca libertad de cátedra y miles de libros prohibidos. De la presencialidad que genera empatía hemos pasado a la virtualidad distante manejada por bots y personas que ocultan su identidad mediante capuchas.
Tercero. El documental El dilema de las redes sociales (2020) demostró que la atención se había convertido en mercancía y que las plataformas recurrían a diversos mecanismos para apropiarse de ella. Violando privacidad y derechos, vendieron los datos de las personas a los clientes interesados. Luego, como sustentan los documentales Brexit (2019) y Nada es privado (2019), han vendido de manera directa la manipulación de las personas. Su uso político se ha generalizado mediante la instalación de cientos de miles de cuentas falsas, dirigidas desde centrales de operación, dedicadas a fortalecer los votos para alguno de los candidatos en contienda. Llegamos a lo que Shoshana Zuboff llama el capitalismo de la vigilancia.
En este contexto, los candidatos políticos aprendieron que los votos se conquistan en las redes y no en las plazas públicas. Hacia allá desplazan sus recursos, bots, cuentas falsas y bodegas contratadas. El caso más famoso en América Latina es el de Fernando Cerimedo, detenido recientemente en Bolivia tras el presunto intento de asesinar a su esposa. Cerimedo fue asesor de Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y Rodrigo Paz en Bolivia. Se le encontró una gigantesca “granja” de celulares asociada a miles de cuentas falsas que defendían a los candidatos de la nueva derecha en el continente y asociaban con mafias y delito a sus contrincantes.
Lo grave es que cada vez es más fácil que estas estrategias tengan éxito, dado el desplome de la comprensión lectora de los jóvenes en el mundo.
Cuarto. Como demostró Hannah Arendt: “La mentira constante no pretende convencer al pueblo de una mentira, sino lograr que nadie crea ya en nada. Y un pueblo así, privado de la capacidad de pensar, queda, sin saberlo, completamente sometido al dominio de la mentira”. Lo que han logrado las plataformas tecnológicas es que la población no pueda distinguir entre verdad, simulación y mentira. Al hacerlo, hacen que se desconfíe de todo y de todos. El problema es que sin confianza se destruye el tejido social y la empatía, la savia de las sociedades.
La conclusión es contundente: si queremos cuidar la democracia, debemos regular mediante un acuerdo global e integral a las grandes plataformas tecnológicas. Tienen toda la razón la Unión Europea y el papa León XIV, quienes están dando los pasos más significativos al respecto. Si logramos regularlas y buscamos el bien común, las tecnológicas podrían generar gigantescos beneficios a la humanidad. Ojalá no sea demasiado tarde, porque hasta ahora lo que han producido son enormes ganancias para sus dueños mientras debilitan la democracia.