¿Hacia dónde irá la educación en el próximo gobierno?

Si tenemos en cuenta su programa educativo y los gobernantes internacionales a los que hace referencia Abelardo de la Espriella, todo indicaría que en el próximo gobierno se privilegiará la educación privada y superior, al tiempo que se debilitará la educación básica y pública.

No es fácil analizar las ideas centrales del nuevo gobierno en materia educativa. Eso pasa porque Abelardo no ha estudiado, escrito o participado en discusiones sobre temas de ciencia o educación. Tampoco tiene experiencia pública y los tres referentes internacionales que destacó en campaña han dado un salto al vacío en el ámbito educativo. Donald Trump puso a dirigir el sector a una empresaria de lucha libre, ahogó financieramente a las mejores universidades, recortó significativamente la inversión en ciencia y limitó la llegada de los mejores estudiantes del mundo para realizar programas de doctorado. En los colegios, les entregó a los padres el poder y hoy tenemos más libros prohibidos en las escuelas que los que fueron quemados durante la Inquisición. Los estudiantes no pueden leer a una buena parte de los más importantes escritores de la historia; entre ellos García Márquez, Stephen King o Maya Angelou. El presidente Nayib Bukele, por su parte, puso a una generala a dirigir el ministerio y ella retornó a los más altos niveles de autoritarismo, los enfoques más tradicionales, las normas arbitrarias y la disciplina militar. Javier Milei lleva todo su gobierno intentando destruir el ministerio de educación, los sindicatos de maestros y las universidades públicas. ¿A cuál de ellos se va a parecer Abelardo? Probablemente a Milei en Argentina. Ojalá me equivoque y no se parezca a ninguno de ellos.

Tenemos una parcial e importante ventaja: De la Espriella será acompañado en la vicepresidencia por José Manuel Restrepo, quien viene de la academia, conoce y ha sido rector en universidades privadas, aunque desconoce por completo la educación inicial y básica. Aun así, es de esperar que él se dedique en mayor medida a temas económicos, energéticos, de planeación y relaciones internacionales. Con este contexto y con el muy pobre programa educativo divulgado en campaña, podemos intentar prever qué podría pasar en la educación del país en los próximos años.

Cabe anotar que hay que tener un gran cuidado con propuestas en extremo costosas que se plantearon al calor de la campaña electoral en el contexto de una muy grave crisis fiscal. Me refiero a la universalización de la jornada única o de la educación infantil. Esas propuestas son inviables sin mecanismos claros y amplios recursos humanos y económicos. Todos sabemos que los cambios se logran con muchísimo esfuerzo, dedicación, investigación, trabajo en equipo, seguimiento y sacrificio. Los milagros sirven como eslogan publicitario, pero no existen en educación. Generan falsas y excesivas expectativas.

Primero. A nivel curricular, el programa no dice nada nuevo. Así suene a broma, en todo el programa educativo de Abelardo no aparecen las palabras comprensión lectora, autonomía, competencias, convivencia, salud mental o pensamiento crítico. Por el contrario, De la Espriella ha comenzado a hablar en los últimos días de la necesidad de introducir “nuevas” asignaturas, como cívica, urbanidad, ortografía y gramática.

Su gobierno quiere fortalecer la escuela tradicional porque no es consciente de que es precisamente este modelo el que explica la muy baja calidad de la educación en el país. Quieren retomar ideas que fueron abandonadas en el mundo a mediados del siglo pasado. Están pensando en impulsar una involución pedagógica que nos devuelva a los currículos del siglo XIX y comienzos del XX. Por eso hablan de patriotismo, obediencia, disciplina, asignaturas y normas. La presión de las iglesias evangélicas y la inspiración en el autoritarismo de Bukele se hacen cada vez más evidentes. Estamos ante el fortalecimiento de enfoques altamente ideologizados que desconocen los avances de la investigación, la ciencia, la escuela activa y el constructivismo pedagógico. Muy posiblemente se viene una nueva arremetida contra la libertad de cátedra, cuyo primer intento lo vivimos por parte de senadores del Centro Democrático en la década anterior. Mediante proyectos de ley buscaron impedir la lectura, el debate de ideas y el pensamiento crítico. Analicé estos proyectos en una columna escrita en 2019 para la Revista Semana.

Ojalá me equivoque, pero todo indica que estamos viendo un renacimiento de las ideas más conservadoras y tradicionales para orientar las escuelas y la educación del siglo XXI. De allí que no sea casual el enorme apoyo alcanzado en la votación entre los mayores de 60 años y el generalizado rechazo que obtuvo entre los jóvenes.

Segundo. El programa tampoco menciona la palabra formación, aunque sí habla de evaluación de profesores. Eso pasa porque tiene enorme sesgo ideológico al presuponer que el origen del problema está en el sindicato de maestros y que lo que hay que hacer es debilitarlo, evaluar a los docentes y trasladarles a los padres la decisión sobre el tipo de educación que quieren. Sin duda, evidencian una visión poco científica sobre la transformación pedagógica.

Ha sido exitosa la narrativa, originada en un sector de la clase política, que ubica a los docentes como los responsables de la baja calidad de la educación. Sin embargo, es una explicación pobre e injusta. Claro que tienen alguna responsabilidad al bloquear su evaluación, pero resulta que ellos no deciden los lineamientos curriculares, tampoco los sistemas de formación inicial, la jornada única, el énfasis a la educación inicial, el liderazgo pedagógico, la estructura de las instituciones educativas o la política pública en educación. Lo paradójico es que es precisamente la clase política que ha gobernado el país la principal responsable por no tomar a tiempo las medidas pedagógicas adecuadas para mejorar la calidad educativa.

Tercero. Pasaremos a privilegiar la educación privada. El programa de campaña establece un cambio hacia un paradigma centrado en subsidiar la demanda y no es casual que entre sus autores aparezcan varios directivos de asociaciones de colegios, universidades privadas y grupos evangélicos. Tal como hicieron Trump y Milei, el gobierno entregará recursos a las familias para que ellas decidan si llevan a sus hijos a la educación pública o a la privada. Volveremos a modelos como Ser Pilo Paga y a subsidiar a la demanda. Sin duda, se multiplicarán los bonos escolares.

El primer efecto de esta decisión es que la educación rural permanecerá en el olvido, tal como ha sido común en la historia del país y como lo reforzó significativamente el gobierno de Iván Duque, del cual José Manuel Restrepo fue ministro de Hacienda. La brecha se seguirá aumentando.

El segundo efecto que se puede prever es una fuerte tensión con el movimiento estudiantil, tal como ya ocurrió entre 2016 y 2019 durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Los jóvenes marcharán en defensa de recursos para sus universidades públicas, exigiendo que se cumpla con el aumento establecido por el Congreso al modificar la Ley 30 de 1992 y podemos prever que —en compañía de los sindicatos de docentes— salgan a defender la Ley General de Educación. La Ley 115 de 1994 es el mayor acuerdo nacional en la historia de la educación. El programa del próximo presidente anuncia que va a modificarla. Muy seguramente para enfatizar el poder que quiere darles a las familias y a la educación privada.

El nuevo énfasis parece desconocer que todas las democracias en el mundo han fortalecido la educación pública porque reconocen que es condición necesaria de la movilidad social. Tampoco tiene en cuenta que en Colombia hay significativamente más educación privada que en la mayoría de los países del mundo. En Bogotá, por ejemplo, el 88 % de los colegios privados atiende familias de estratos 1, 2 y 3, algo que no se encuentra prácticamente en ninguna capital en el mundo. Así mismo, deja a un lado que las mejores universidades del país —las que más valor agregan— son precisamente las públicas.

El gobierno de Gustavo Petro cometió errores muy graves en educación superior: intervino su autonomía y abandonó la educación privada porque la consideró un “negocio”. Para lograrlo, puso irresponsablemente a un activista político a dirigir el sector. El costo fue muy alto: bloqueó la mejor universidad del país, debilitó un sistema exitoso de créditos y sentó un pésimo precedente al atentar contra la autonomía universitaria. Quebró el carácter público-privado en la educación. Con el nuevo gobierno, se puede prever un cambio radical en el enfoque. Muy seguramente invertirá los recursos preferencialmente en la educación superior y seguirá debilitando la inversión en los niños y jóvenes menores. También se puede prever un aumento en la internacionalización de la educación superior, en la educación tecnológica y en la virtualidad. El apoyo a las universidades privadas se hará a costa de disminuir investigación, infraestructura, gratuidad y cobertura en la educación pública.

Cuarto. “Hay que sacar a FECODE y meter a Dios a las aulas”, decía reiteradamente Abelardo en campaña. Lo hacía por presión de las 600 iglesias evangélicas que lo apoyaron. Aun así, debe ser claro que ambas decisiones son inconstitucionales. Por un lado, porque la Constitución establece que la educación debe ser laica y, por otro lado, porque también obliga a respetar el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente.

Como analizaba el editorial del periódico El País de España la semana pasada: “Colombia no ha entregado un mandato arrollador a nadie. Ha evidenciado una sociedad con dos proyectos capaces de movilizar a casi la misma cantidad de ciudadanos. Un triunfo por un margen tan reducido exige prudencia, moderación y escucha”. Ojalá el próximo gobierno comprenda que recibe un país profundamente fracturado, en el que la gran mayoría de los jóvenes y el 51 % de la población no cree en sus propuestas. Su tarea principal debería ser trabajar para unir al país. Todos somos colombianos. Si lo logra, dejaría un legado invaluable.

Ojalá no perdamos la oportunidad de corregir el rumbo y logremos a tiempo abandonar el odio y el miedo como elementos dominantes en el lenguaje político. Eso no será posible si no desarmamos las palabras. Es decir, el presidente debería hacer exactamente lo contrario de lo que hizo en campaña. Tenemos que cuidar una democracia amenazada; sabemos que desaparece sin multiperspectivismo, debate argumentado, libertad de prensa, libertad de cátedra y lectura crítica.

Tal vez nos viene bien retomar una profunda idea de una de las autoras que está prohibida en el estado de Florida, la escritora canadiense Margaret Atwood: “una sociedad que ya no puede pensar con claridad se dirige al precipicio”. Llegó el momento de pensar con claridad y con menos sesgos ideológicos. Entre todos lo podemos lograr.

*Julián de Zubiría es director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria).