El terremoto que sacudió a Colombia dejó más de 3.500 colegios afectados. A raíz de esto, el Ministerio de Educación expidió el Decreto 009, que traslada a virtualidad a todos los niños de las zonas más afectadas. Esta medida debe levantarse lo más pronto posible si en realidad entendemos que los colegios son hoy por hoy el centro de socialización más importante de los menores y uno de los mayores apoyos para el cuidado de su salud mental.
Al culminar la pandemia, algunos colegios decidieron no reabrir sus instalaciones. Lo hacían por un gran temor a la posibilidad de contagio de COVID y porque vieron que económicamente la virtualidad les podría resultar menos costosa. Un grupo de padres los demandó y la revisión llegó a la Corte Constitucional. La Corte tomó una decisión sabia y contraria a la que habían tomado los jueces de primera y segunda instancia. La Sentencia 410 de 2022 es contundente: “La educación presencial resulta irremplazable, y aunque la virtualidad se seguirá utilizando, esta debe entenderse como complemento y no como sustituto de la presencialidad”.
La Corte logró comprender que el sentido de la educación va mucho más allá del aprendizaje y que es vital que la escuela favorezca la socialización y el desarrollo integral de los menores. Todos lo vimos durante la pandemia: los niños no extrañaban tanto las clases como a sus compañeros, los juegos, los recreos y los diálogos con sus profesores. La sentencia 410 lo dice de manera ejemplar: “Los estudiantes van al colegio a desarrollar, además de la dimensión académica, las dimensiones sociales y emocionales mediante la convivencia, el juego, el relacionamiento con los compañeros y profesores y el tejido de lazos de amistad”.
Traigo a colación esta sentencia a raíz de la decisión del gobierno nacional de enviar a virtualidad a los 400.000 estudiantes de los colegios ubicados en las zonas más afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Es cierto que estamos ante una situación compleja, pero la solución no puede ser la misma en todos los lugares porque estamos ante contextos relativamente diferentes. Como consecuencia de la enorme fuerza del sismo, hubo daños en la infraestructura de 3.585 instituciones educativas, especialmente en municipios de Chocó, Valle y el Eje Cafetero. Sin embargo, todos deberíamos entender que la virtualidad no es la solución para continuar brindando educación a niñas, niños y adolescentes en este momento y que el Estado tendría que hacer hasta lo imposible por garantizar la presencialidad.
Lo sabemos gracias a la experiencia de la pandemia. Todos los estudios mundiales son concluyentes: los niveles de aprendizaje disminuyeron sensiblemente en todo el mundo y el deterioro fue mayor cuanto más prolongado fue el cierre de los colegios, como sucedió principalmente en Colombia, la mayoría de países de América Latina y América del Norte. La pérdida de aprendizajes fue notable y el aumento de las brechas educativas, también. Niñas, niños y adolescentes abandonaron para siempre sus escuelas. Eso pasa porque los niños de los lugares más distantes y con familias más pobres son precisamente quienes no cuentan con las herramientas, las condiciones y la conectividad necesarias para seguir clases virtuales. Pero el efecto más negativo de la ausencia de la socialización y juego entre pares se generó a nivel socioemocional. Durante ese periodo, en Colombia, el Instituto Colombiano de Neurociencias estimó que el 88 % de las niñas y niños presentaron signos relacionados con el deterioro de su salud mental.
Además, Colombia fue el país de América Latina que menos avanzó en conectividad durante la pandemia. La razón la conocemos gracias al trabajo responsable de algunos periodistas como Paola Herrera en La W radio: les robaron a los niños y niñas más pobres del país la plata que estaba destinada a la interconexión de sus regiones. Esto explica por qué aún hoy, en Colombia, en la ruralidad dispersa tan solo el 24 % de los hogares dispone de conectividad.
Dado lo anterior, resulta muy discutible la Directiva 009 de 2026 del Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual se decreta “un plan de respuesta para los más de 400.000 estudiantes que tienen su matrícula afectada, estableciendo paneles de virtualidad, con los materiales virtuales que tiene el Ministerio de Educación Nacional en los casos en donde hay conectividad plena”. En 2020, ante la amenaza desconocida del COVID-19, se entendía el traslado generalizado de los estudiantes a la virtualidad. Pero después de la experiencia de la pandemia una decisión en este sentido solo la puede tomar alguien que no haya trabajado en educación durante el aislamiento generado por el COVID. Ni desde el punto de vista pedagógico, ético o jurídico se justifica hoy el traslado generalizado de la niñez a la educación virtual.
Es cierto que es una situación compleja y que la virtualidad puede ser una respuesta inicial en las sedes cuyo deterioro en la infraestructura haga imposible realizar clases presenciales. Pero si en verdad entendemos que el derecho a la educación es sagrado y que la manera de cuidar a los niños refleja el alma de una sociedad, esa situación tiene que durar lo menos posible. Los niños y las niñas no tienen la autonomía necesaria para un proceso prolongado de educación virtual, carecen de los conceptos previos y de la lectura y disciplina necesaria, los aprendizajes que alcanzarían son ínfimos y, lo más grave de todo, lo que necesitan niños y niñas que han vivido una tragedia de las dimensiones de un terremoto es el contacto cara a cara con sus profesores y compañeros para, entre todos, apoyarse y fortalecer su resiliencia, socialización, empatía y tejido social.
Hoy por hoy, la escuela es el lugar más importante para la socialización de los niños. Las familias son cada vez más pequeñas y se ha hecho más común que los padres no permitan a sus hijos salir a la calle y a los parques. Por eso, privar a un niño de la educación presencial es también excluirlo del espacio más importante que tiene para jugar, reír, divertirse, compartir y fortalecer competencias socioafectivas. Las escuelas actuales son esenciales para garantizar el cuidado emocional y apoyar la salud mental de niñas, niños y adolescentes. No sobra recordar que, según registros de la Contraloría Nacional, entre 2022 y 2023, 25.000 niñas, niños y adolescentes intentaron suicidarse. Estamos ante uno de los momentos más difíciles de la humanidad en términos de salud mental y la solución pasa, entre otras, por ampliar, diversificar y consolidar las interacciones sociales reales, así como fortalecer la autonomía y las competencias socioafectivas de los más jóvenes. Encerrarlos en las casas solo elevará la ansiedad, la depresión y la angustia, que están cada vez más generalizadas entre las nuevas generaciones de niños y de padres.
En 2022, la conclusión de la Corte Constitucional frente a los colegios que se quedaron en virtualidad fue contundente: “(…) la Sala encuentra que se vulneró el derecho a la educación y se puso en riesgo la salud mental de los estudiantes del Colegio”. Ojalá el nuevo gobierno escuche con más atención a Shakira, quien al visitar Chocó exclamó: “Aquí no hay conectividad, no es que puedan ver clases desde la casa”. Al conocer que en el departamento se destruyeron 798 sedes escolares ella tomó la solidaria decisión de construir diez escuelas completas.
Lo verdaderamente triste es que cuatro años después de la sentencia de la Corte sea necesario reiterar que, tratándose de niñas, niños y adolescentes, la educación presencial es irremplazable y que la virtualidad no garantiza el derecho a la educación consagrado en la Constitución Nacional y en la Ley General de 1994. La Constitución establece, además, que los derechos de los niños prevalecen sobre todos los demás. ¿Será que el gobierno saldrá en defensa de los derechos de las niñas y los niños?
