Durante los últimos años, las plataformas tecnológicas adelantaron tres mil acciones de lobby en trece países. De esa manera, estas poderosas empresas lograron impedir cualquier regulación, a pesar de que están poniendo en grave riesgo la salud mental de millones de niños y jóvenes. Esta valiente denuncia e investigación fue publicada la semana pasada por Cuestión Pública.
El lobby es un sistema de corrupción enquistado con fuerza en el Congreso de la República. Se trata de proteger intereses de empresas particulares a costa del beneficio colectivo. Los congresistas terminan legislando para beneficiar a quienes financiaron sus campañas y no a la mayoría de la población. En la práctica estos sistemas destruyen por dentro las democracias. De allí que la solución sea garantizar la financiación pública y prohibir los recursos privados en las campañas.
En su libro Decidí contarlo (2019), el exministro Guillermo Perry menciona la enorme presión que ejercieron los grupos de Santo Domingo y Ardila Lülle para preservar el monopolio que mantenían RCN y Caracol sobre el espectro electromagnético del país. El caso sucedió durante las deliberaciones de la Asamblea Constituyente de 1991. Al tratarse de un bien público, los miembros querían prohibir el monopolio. Augusto López, presidente de Bavaria, llamó personalmente uno por uno a los constituyentes para recordarles que ellos habían financiado sus campañas. Los chantajeó.
En años recientes ha sido agobiante el lobby de la industria del azúcar para mantener los productos ultraprocesados y azucarados libres de impuestos. Afortunadamente, la corrupción ha sido denunciada múltiples veces por organizaciones valientes y persistentes como RedPaPaz y la prensa independiente, como Vorágine. Ellos han salido en defensa de los menores. Aun así, varios parlamentarios cínicamente se atreven a negar la amplia evidencia científica que demuestra que los ultraprocesados no son alimentos y que producen daño a la salud de los niños y las niñas. No hay ninguna duda científica sobre el impacto en tumores, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. A pesar de lo anterior, la industria que vende comida chatarra y azúcar financia parlamentarios y, por hacerlo, les exigen que cuiden sus intereses. Recientemente, una precandidata presidencial ha vuelto a proponer –como si fuera una idea original– eliminar impuestos a los ultraprocesados. De esta manera, el Congreso termina legislando en contra de la salud presente y futura de los niños, niñas y adolescentes del país.
Aun así, el tema que hoy nos ocupa es más grave, porque está en juego la vida y la salud mental de millones de niños y niñas. La semana pasada, Cuestión Pública hizo una denuncia muy delicada que, como suele pasar, no llegó a los grandes noticieros ni diarios del país. Se trata del escandaloso lobby que han hecho plataformas tecnológicas como Google, Meta, Amazon y TikTok para impedir ser reguladas.
Según Cuestión Pública, en 2024 Colombia estuvo muy cerca de obligar a las gigantes tecnológicas a responder por los contenidos que afectan la salud mental y la vida de los menores. Pero el proceso lo truncó una gigantesca operación de lobby que incluyó visitas al Congreso, cartas e invitaciones a eventos nacionales e internacionales. Al final, las empresas lograron su propósito y se retiró el artículo octavo del proyecto de ley que establecía la “corresponsabilidad” y permitía que, en caso de que los contenidos subidos a las plataformas tuvieran efectos muy nocivos, fuera posible una actividad conjunta con la Comisión Reguladora para minimizar sus efectos sobre la salud mental de los menores.
Como lo señalé en un artículo anterior, esta es una propuesta que viene discutiendo la Unión Europea bajo el liderazgo del primer ministro español. Él ha usado un argumento analógico muy convincente: si yo tengo un restaurante y terminan intoxicadas decenas de personas que comen allí, yo no puedo decir que ese es problema de ellas y no mío. Yo tengo –concluye Pedro Sánchez– que asumir las investigaciones y la corresponsabilidad por los efectos de los servicios ofrecidos. La pregunta es muy clara: si las plataformas generan en los jóvenes odio, intoxicación, depresión, deterioro del lóbulo prefrontal y suicidios, ¿qué corresponsabilidad tienen que asumir ellas ante estos casos?
Como se sabe, en Estados Unidos las plataformas han sido demandadas por 41 estados por sus impactos negativos sobre la adicción, la depresión y el suicidio de jóvenes. Aun así, también allá financian congresistas para evadir la responsabilidad, como en el pasado lo hizo la industria tabacalera en un proceso muy similar. En aquel momento se dijo que el cigarrillo causaba adicción y cáncer. Finalmente, la ciencia demostró que los demandantes tenían la razón y la industria fue obligada a pagar indemnizaciones e impuestos excepcionales, además de verse forzada a restringir mucho la divulgación de sus productos.
Lo que demuestra Cuestión Pública es que tres parlamentarios salieron en defensa de las tecnológicas y en contra de la salud mental de los menores: Jota Pe Hernández, Alfredo Deluque y David Luna. Según la Gaceta del Congreso No. 494 del 11 de abril de 2025, los dos primeros presentaron la proposición mediante la cual se eliminó la corresponsabilidad y se sustituyó por difusas campañas pedagógicas, que en la práctica otorgan total poder y nula restricción a las plataformas. Además de ellos, múltiples parlamentarios recibieron visitas de los lobistas de las tecnológicas y fueron invitados a eventos en el exterior con los viáticos pagos. Al final, aprobaron eliminar el artículo octavo de la ley de salud mental propuesta por la parlamentaria Olga Lucía Velásquez del Partido Verde y acordada con múltiples asociaciones científicas. La ley es muy pertinente y cumplirá un papel muy positivo en la protección de la salud mental. Sin embargo, su mayor debilidad fue ceder a la presión y al lobby de las tecnológicas. Los opositores argumentaron que el artículo limitaba la libre expresión. En eso tenían toda la razón. La pregunta es si hay que limitar la libre expresión cuando deteriora la salud mental y la vida de niñas, niños y adolescentes.
Según la Defensoría del Pueblo, entre 2019 y 2023, 51.373 niños intentaron suicidarse en Colombia. El 75 % de ellos eran niñas y uno de los motivos fundamentales fue el deterioro a su autoconcepto causado por el acceso muy temprano a las redes sociales. El otro es el poco cuidado emocional recibido en el hogar. No hay duda, esas estadísticas subvaloran los intentos de suicidio de niños y jóvenes en Colombia. Aun así, nos muestran la magnitud del problema de salud mental que están padeciendo los menores en el país. Entre 2020 y 2023, los intentos de suicidio de jóvenes crecieron en un 70 %. La Clínica Monserrat, especializada en hospitalizaciones por crisis emocionales severas, tuvo que abrir un nuevo pabellón para adolescentes en 2022.
De acuerdo con Cuestión Pública, la preocupación por la salud mental llevó al Congreso a radicar ocho proyectos de ley entre 2022 y 2023. Todos fueron archivados y en todos los debates el tema del impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores estuvo presente. El único aprobado fue la Ley 2460 del 16 de junio de 2025, pero solo contó con el visto bueno de los parlamentarios una vez fue eliminada la corresponsabilidad de las plataformas sobre los contenidos subidos en ellas.
No podemos olvidar que estamos hablando de las empresas más poderosas de la historia humana. Ellas regulan lo que hablamos, leemos, pensamos, escuchamos y sentimos. Con un algoritmo oculto, saben hasta nuestros deseos más íntimos; es más, inciden en ellos de manera silenciosa. Deciden los resultados en las elecciones. Determinan de qué y con quién hablamos, cómo viajamos y qué valoramos. Además –como hemos podido destacarlo– determinan las leyes que rigen los países. Son muy parecidas al personaje del Gran Hermano que previó George Orwell en 1984. En 1944, los “Grandes Hermanos” eran Adolfo Hitler y Joseph Stalin, pero en 2025 los “Grandes Hermanos” son las gigantescas plataformas tecnológicas.
No soy quien deba decirles a los ciudadanos por quién votar en 2026. Cada uno debe decidirlo libremente. Lo que sí creo es que quien privilegie los intereses de las grandes plataformas tecnológicas por encima del derecho a la vida y la salud mental de niñas y niños no debería recibir ningún voto. La explicación es sencilla: los derechos de los niños prevalecen sobre todos los demás.
