Uno de los propósitos principales de la educación es favorecer el ascenso social. Sin embargo, en Colombia los niños que ingresan a la escuela pública tienen muy pocas posibilidades de mejorar las condiciones socioeconómicas que tuvieron sus padres. ¿Con la nueva ley estatutaria mejoraremos la movilidad social de las nuevas generaciones?
El papel de la educación en la movilidad social ha sido estudiado en detalle, a escala nacional e internacional, por analistas independientes, el Banco Mundial, la OCDE y el Foro Económico Mundial, entre otros. La conclusión es dramática para nuestro país: los hijos tienen muy alta probabilidad de permanecer en el mismo nivel socioeconómico que sus padres. Por triste e injusto que sea, es la cuna la que determina el nivel de vida de una persona. Poco inciden el esfuerzo, la educación, la dedicación y el trabajo. El Banco Mundial estima que en Colombia se necesitan 11 generaciones —más o menos 220 años— para que una persona pase del estrato uno al tres; es decir, la movilidad social es prácticamente nula.
En muchos países eso no es así porque la escuela pública es robusta y de muy alta calidad, lo que explica que quienes nacen en condiciones de pobreza tengan la oportunidad de salir de ella. Así pasa, por ejemplo, en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia o España, para citar algunos casos sobresalientes. Pero en Colombia no sucede así. Es por eso que la mayoría de los líderes sindicales de FECODE o los egresados de las universidades públicas matriculan a sus hijos e hijas en colegios privados. Quienes vinculan a sus hijos a los colegios públicos lo hacen porque la educación pública es gratuita, no porque consideren que es la mejor opción para sus hijos. No tienen elección.
¿Pero por qué es tan baja la movilidad social en Colombia? Sin duda, existen diversas variables asociadas. El Foro Mundial estudió a profundidad seis grupos de factores, entre ellos el acceso al trabajo, a la tecnología, los apoyos del Estado, la salud y la educación. Su conclusión es muy clara: la baja y desigual calidad de la educación es el aspecto que más bloquea la movilidad social en el país. En calidad y equidad educativa ocupamos el puesto 76 entre los 82 países evaluados.
Se estima que tan solo el 10 % de los jóvenes de familias con menos ingresos consiguen ingresar a la educación superior e incluso si lo logran, lo más seguro es que no logren permanecer porque su nivel de consolidación en competencias comunicativas y de pensamiento sigue siendo incipiente. Con su educación básica, los jóvenes no logran el nivel de inglés, lectura, escritura, autonomía, argumentación y análisis que exigen las universidades de calidad. Cuando Forero, Saavedra y Fernández estudiaron recientemente este tema, concluyeron que el 72 % de los jóvenes que abandonaban sus estudios universitarios eran estudiantes de ingresos bajos que habían estudiado en colegios públicos.
Lo más preocupante es que las brechas vienen creciendo cada año. Cuando la OCDE estudió este tema para América Latina, al iniciar el siglo XXI, concluyó dos cosas muy importantes. La primera fue que la correlación entre el nivel de estudios de los padres y los hijos era significativamente más alta en América Latina que en las demás regiones del mundo (0,6 frente a 0,4). Esto quería decir que la movilidad social era muy baja. La segunda era que Colombia y Uruguay eran los dos países en los que más había disminuido la movilidad social en la década del 90.
En las dos últimas décadas he revisado este tema utilizando las pruebas SABER 5º, 9º y 11º y los resultados PISA, y la situación es cada vez más preocupante. Para quinto de primaria se puede concluir que, entre 2002 y 2009, en matemáticas se duplicaron las brechas entre los colegios privados y los públicos rurales. La educación rural fue por completo abandonada en este periodo. La brecha, que era de 35 puntos en 2002, pasó a ser de 69 en 2009. En términos más sencillos esto quiere decir que los estudiantes de colegios rurales tenían en promedio dos años de atraso frente a los pares que estudiaban en colegios privados. Si utilizamos las pruebas PISA de lectura para el periodo posterior, podemos decir que la brecha entre colegios públicos rurales y privados urbanos, que era de 55 puntos en 2006, para 2018 había pasado a 96 puntos. Esto quiere decir que las brechas eran mayores en grado noveno que en quinto y que prácticamente se volvieron a duplicar entre 2006 y 2018. En ese momento la brecha era de más de tres años entre los estudiantes promedio de un colegio público y los de un colegio privado. No me detengo en los años de 2019 a 2022 porque todos sabemos que durante la pandemia el Gobierno de Iván Duque violó el derecho a la educación de los niños que viven en el campo colombiano. De allí que las brechas siguieron ampliándose.
La conclusión es muy clara: en Colombia el sistema educativo no reduce sino que amplía la desigualdad. Y lo hace porque la educación pública sigue siendo de muy baja calidad, de modo que los niños pobres reciben una educación pobre en la que no aprenden a leer, escribir o pensar. Las brechas son cada vez más amplias, lo que implica que la educación está cada vez más lejos de cumplir su tarea de promover la movilidad social.
Los gobiernos anteriores no pensaron, no atendieron y no enfrentaron el grave problema de la calidad y la equidad en la educación. La única excepción a nivel nacional fue el Gobierno de Juan Manuel Santos con su Programa Todos a Aprender (PTA) durante el periodo de 2012 a 2016. De resto, en calidad y equidad en la educación, los gobiernos y el Congreso no han hecho prácticamente nada en Colombia en los últimos 24 años. Las medidas significativas han sido adoptadas en algunas regiones del país.
Hoy es muy importante entender que no deberíamos hablar del derecho a la educación, sino del derecho a la educación de calidad. Si los jóvenes asisten a la escuela, pero allí no aprenden a leer, escribir o pensar, la escuela no va a producir los beneficios para los cuales fue creada: a nivel individual, para impactar el desarrollo integral de cada niño o niña, y a nivel social, para impulsar la movilidad y el desarrollo sostenido.
La iniciativa de la ley estatutaria con la que está comprometido el Gobierno de Gustavo Petro sigue concentrada en el acceso y deja a un lado la calidad. En educación, el Gobierno sigue muy corto de ideas e innovaciones. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara y ahora pasa al Senado con 47 artículos, entre los que se destacan la ampliación de la educación inicial en los grados de prejardín y jardín, la obligatoriedad de la educación media (grados 10° y 11°) y el reconocimiento de la educación superior como derecho fundamental. La novedad son estos dos últimos aspectos, ya que en inicial y en básica la Ley General de Educación de 1994 ya había establecido la obligatoriedad.
El hecho de que la educación inicial sea obligatoria pero que durante 30 años no se haya garantizado ese derecho demuestra que las leyes pueden ser letra muerta y no cambiar la realidad. Como señalé en una columna previa, tan solo el 9 % de los niños de cinco años y el 13 % de los que tienen seis años están estudiando en Colombia, lo que significa que el Estado ha violado sistemáticamente el derecho a la educación de los menores. La pregunta es si esto mismo va a pasar con la ley estatutaria aprobada en la Cámara. Para que no ocurra es necesario que se cumplan dos condiciones. La primera es garantizar los recursos y la articuación con la modificación a la Ley 30 de 1992 y con la transformación del Sistema General de Participaciones; la segunda, asegurar que la ley enfrente los problemas que obstaculizan el cumplimiento del derecho. El problema grave es que ninguna de esas dos condiciones se está cumpliendo en este nuevo intento por defender el derecho a la educación.
El Gobierno de Gustavo Petro ha invertido más recursos que todos los gobiernos anteriores, ha mejorado las condiciones laborales de los docentes y ha cualificado la infraestructura educativa, acciones que debemos aplaudir. Sin embargo, sigue las mismas ideas de sus antecesores en política educativa al descuidar por completo la calidad de la educación. Seguimos cortos de innovaciones, aunque ahora contamos con bastantes recursos y mejores condiciones para los docentes.
La expresión “es un saludo a la bandera” se utiliza popularmente para expresar que algo se dice o se hace de cara al público, pero en la realidad solo se queda en un gesto y, en este caso, indica que la propuesta o ley no tendrá casi ningún impacto práctico. Lo que se puede concluir es que, en caso de aprobarse, la nueva ley estatutaria que se está tramitando en el Congreso cambiará muy poco la realidad de los niños y, aunque generará expectativas muy altas en los jóvenes, es poco lo que aportará a la solución de los problemas de niños y jóvenes en Colombia. Ojalá en los dos años que le quedan a este Gobierno enfaticemos en lo verdaderamente esencial: mejorar la calidad de la educación para que los niños que lleguen a las escuelas públicas no solo asistan a ellas, sino que logren consolidar un buen nivel de lectura, pensamiento, autonomía y convivencia. Lo necesitan ellos y lo necesita el país.
* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria).
