¿Por qué es una mala idea eliminar los exámenes de admisión en las universidades?

El ministro de Educación ha propuesto eliminar los exámenes de admisión para las universidades colombianas, pero esto solo ayudaría a esconder los problemas de fondo que impiden garantizar el derecho y mejorar la calidad educativa.

Daniel Rojas Medellín era por completo desconocido en el mundo educativo cuando fue nombrado ministro. Era un activista político con nula experiencia en el sector que se venía desempeñando con liderazgo y capacidad ejecutiva en la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Sin duda, con su nombramiento volvimos a la vieja y muy dañina costumbre de nombrar ministros que deben aprender de educación mientras ejercen sus funciones.

En una extensa y confusa entrevista realizada la semana pasada para 6 A.M. de Caracol, el ministro justificó su propuesta de eliminar los exámenes de admisión a las universidades para ampliar el derecho a la educación. El supuesto es que la medida favorecería el estudio de jóvenes que actualmente no logran ingresar a la educación superior. Pero la propuesta es muy débil. De allí que casi ningún país la ha utilizado. Para rebatirla, recurriré a cuatro argumentos.

Primero. El ministro acude a un argumento falaz para sustentar su propuesta. Afirmó que países como Francia, Reino Unido, China, Estados Unidos o Canadá no realizan pruebas de admisión en sus universidades. Esa es una afirmación claramente falsa. ¡Esos países utilizan pruebas de admisión! Lo que sucede es que las realizan al culminar la educación media. El nivel de consolidación de las competencias al culminar la media es el criterio generalizado, aunque no el único, para ser admitido en las universidades. En China utilizan el Gaokao, en EE. UU. el SAT y el Baccalauréat en Francia. En Colombia este papel lo deberían cumplir las pruebas Saber 11.

Colombia tiene el mejor sistema de evaluación de la calidad educativa de América Latina, con pruebas por competencias transversales, censales, aplicadas desde hace décadas. Esto nos permite hacer un pertinente diagnóstico por regiones, instituciones, ciclos, áreas y competencias. Aun así, la sociedad no utiliza adecuadamente los resultados. No los usan el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ni las secretarías para mejorar la calidad de la educación. No los utilizan las facultades de educación para mejorar la formación de docentes. FECODE los rechaza de plano. Así mismo, es equivocado el uso que les dan los medios de comunicación masiva: comparar y ranquear instituciones de condiciones sociales, económicas y culturales muy disímiles.

Quienes sí les dan un uso adecuado son las universidades privadas y gracias a eso seleccionan a sus estudiantes. El ministro haría muy bien si propusiera usar los exámenes Saber 11 en las universidades públicas de Colombia. Es absurdo que las propias entidades estatales no utilicen un sistema público que se ha venido cualificando sensiblemente durante las últimas décadas. Podrían ponderar los resultados según los programas a los que ingresen los estudiantes, pero es importante reconocer que las pruebas Saber 11 evalúan muy bien la consolidación de dos de las competencias esenciales que se requieren en la educación superior: la lectura crítica y el pensamiento argumentativo.

Una década atrás propuse usar pruebas de valor agregado para evaluar a las universidades. Según este criterio, se tendrían en cuenta las diferencias entre los resultados de las pruebas Saber 11 y Saber Pro, de modo que pudiéramos destacar los programas que más valor agregan en competencias transversales. Si usáramos ese criterio, sería evidente que varias de las mejores universidades del país son públicas, porque consolidan muy bien las bajas competencias transversales con las que llegan sus estudiantes.

Segundo. Colombia presenta una desproporcionada tasa de deserción universitaria. Cerca del 45 % de los estudiantes que ingresan no culminan sus estudios universitarios. De allí que la tarea no es aumentar el número de estudiantes que ingresan, sino elevar el número de estudiantes que permanecen en el sistema y mejorar su formación. La pregunta central es por qué desertan tantos estudiantes que alcanzaron a llegar a las universidades. Aunque hay varias razones, la principal es el bajo el nivel de consolidación de lectura, escritura y pensamiento argumentativo alcanzado en la educación pública básica. Antes de pandemia, el 72 % de los estudiantes que desertaban de las universidades pertenecían al estrato 1 y 2 y casi todos ellos habían estudiado en colegios públicos. Estos jóvenes carecían de las herramientas de pensamiento y lectura, así como de la autonomía que se exige en las universidades.

En un debate público con la representante Catherine Juvinao, el ministro evidenció comprender poco estos temas. Reiteradamente afirmó que el número de estudiantes en primer semestre venía aumentando. Lo hacía porque quería demostrar que el gobierno estaba cumpliendo con los 500.000 nuevos cupos propuestos en campaña. Lo que no decía es que el número total de estudiantes universitarios seguía disminuyendo porque a la par aumentaba la deserción de estudiantes en las universidades. Lo importante no es que entren más jóvenes a primer semestre, sino que el sistema educativo cuente con más estudiantes y con mejores niveles de formación.

Tercero. Cualquier ministro con conocimientos de educación entiende que no mejoraremos el derecho ni la calidad sin nuevas ideas y sin asignar mayor énfasis a la educación inicial y básica. Es fácil comprender que lo primero que hace un buen constructor es estudiar el suelo, hacer buenos diagnósticos y generar sólidos cimientos. Ningún arquitecto iniciaría por el tercer piso o el penthouse. Este gobierno sí lo ha hecho: ha quitado recursos y no ha aportado ideas para la inicial y la básica, en tanto enfatiza en la superior. La explicación es evidente: los niños no votan, los jóvenes sí lo hacen.

Hay que reconocer que el mayor logro que tiene para mostrar el ministro no son los nuevos cupos –que se esfuerza en inflar–, sino haber liderado en el Congreso la modificación de la Ley 30 de 1992, lo que garantizará más recursos para el sistema estatal de educación superior. Ese, sin duda, es un gran logro. En su último debate en el Congreso, la votación contó con el apoyo de todos los partidos.

Daniel Rojas no habla de calidad educativa, formación de docentes, liderazgo o transformaciones pedagógicas y, aunque estaba obligado a dar cumplimiento al III Plan Decenal de Educación, no acató esa disposición constitucional. Como activista político que es, se dedicó a movilizar a la población para impulsar la constituyente universitaria y el IV Plan Decenal sin haber iniciado la implementación del tercero.

Cuarto. Siguiendo la lógica del ministro, podríamos pensar que lo mejor sería eliminar también las calificaciones y los exámenes en colegios y universidades. Sería generalizar la promoción automática, de tal manera que todos los estudiantes fueran promovidos a los grados y ciclos siguientes, independientemente del esfuerzo y la comprensión que logren; una medida que seguiría deteriorando la ya muy débil calidad educativa. Es claro que los resultados negativos en las evaluaciones están asociados con deserción del sistema educativo. Los estudios lo confirman: la probabilidad de retiro del sistema educativo se multiplica cuando un estudiante obtiene muy bajos resultados. Él mismo es un buen ejemplo. No aprobó su tesis de maestría en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. El acta del jurado dice al respecto que el ministro reprobó la sustentación de su tesis porque: “en su estado actual presenta debilidades en términos teóricos y de rigor conceptual”. Sin graduarse no podrá continuar sus estudios de doctorado y es muy posible que, al culminar su ministerio, se retire del sistema educativo. Por el contrario, en caso que hubiera aprobado su maestría sería bastante probable que estuviera pensando en iniciar un doctorado.

En una columna que escribí hace año y medio, titulada “El MEN reprobó el año”, recomendé que el ministro se dedicara a ampliar la infraestructura, a organizar y planificar las sedes que se iban a construir. La improvisación y el desorden eran lo dominante. El presidente Gustavo Petro decía algo más grave en el consejo de ministros transmitido por televisión el 5 de febrero de 2025, cuando afirmaba categóricamente que el Ministerio de Educación tenía un nivel de incumplimiento del 95 % frente a sus compromisos. Hoy reitero mi solicitud. Ojalá en los meses que le quedan el ministro no inicie ningún cambio al sistema educativo. Sería lo mejor para la educación del país.

Posdata: En casi todos los países la educación privada complementa la educación pública y, si es de calidad, recibe apoyo del Estado para hacerlo. Incluso en China viene creciendo significativamente el número de universidades privadas. Por eso resulta paradójico que en Colombia, con la emergencia económica decretada en diciembre de 2025, se le haya exigido a las universidades privadas un pago estimado de 135.000 millones de pesos en impuesto al patrimonio. Eso es absurdo porque las universidades son entidades sin ánimo de lucro que deben destinar la utilidad social obtenida exclusivamente a finalidades educativas. Afortunadamente, la Corte Constitucional declaró inexequible la emergencia y, en consecuencia, el impuesto excepcional al patrimonio. Ahora lo complejo será devolver los recursos que se le quitaron a la calidad educativa para pagar unos impuestos declarados ilegales por la Corte Constitucional.

*Julián de Zubiría Samper es director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria)