Durante una pandemia la conectividad es indispensable para proteger el derecho a la educación. Por eso es tan grave que año y medio después de haberse suspendido las clases presenciales el 95,3% de los colegios rurales aún no cuenten con internet.
“Ya tenemos 14.700 instituciones educativas que se han transformado en centros digitales”. Con estas palabras inició el presidente Duque su reflexión sobre la educación el pasado 20 de julio, en la inauguración de las sesiones del Congreso de la República. Se cumplían tres años de su mandato y quería resaltar que este había sido el gobierno que más invertía en educación. Sin embargo, gracias al seguimiento minucioso de la periodista Paola Herrera de La W y al intenso debate en medios que ha suscitado la divulgación de sus investigaciones, se ha podido comprobar que la afirmación del presidente es falsa.
Lo cierto es que el gobierno dispuso de 2,1 billones para que las instituciones educativas más alejadas del país tuvieran red y los niños pudieran recibir educación durante y después de la pandemia. La periodista le hizo un cuidadoso seguimiento a la gigantesca licitación, y esto le ha permitido cuestionar el contrato antes, durante y después de su adjudicación. Su conclusión es que la mitad del contrato (1,1 billones) quedó en manos de una empresa sin experiencia en el campo: Centros Poblados, conglomerado empresarial del entorno económico de Barranquilla. Después encontró que se le dieron 70.243 millones de anticipo y, lo más grave, que la empresa presentó garantías falsas, retiró el dinero del país y seis meses después no había iniciado las obras que permitieran la conectividad de las instituciones educativas rurales.
Serán los organismos de control y los jueces de la república quienes evalúen la magnitud y veracidad de los errores y delitos cometidos. Sin embargo, quiero resaltar las consecuencias de estos hechos sobre el derecho a la educación de millones de niños y jóvenes que no pudieron seguir asistiendo a las escuelas.
La premisa que hay que entender es que durante la pandemia la conectividad es parte constitutiva del derecho a la educación. Sin ella, los niños, niñas y jóvenes no pueden seguir estudiando. De allí que garantizarles conexión a internet tiene que ser una meta de la sociedad. Estamos a mediados de agosto de 2021, han pasado diecisiete meses desde que se suspendieron las clases presenciales, y lo que podemos concluir gracias al riguroso trabajo de investigación de la periodista Paola Herrera, es que en abril de 2021 tan solo el 1% de los colegios rurales tenía la conectividad requerida y que en junio ese porcentaje había pasado al 4,7%.
En pocas palabras, año y medio después del inicio de la pandemia no se ha garantizado la conectividad para el 95,3% de los colegios rurales que el gobierno Duque priorizó para convertirlos en “centros digitales”. Esto significa que en Colombia, de manera general, se está violando el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes más vulnerables, que viven en las regiones más aisladas y pobres del país.
Es muy posible que cuando el presidente Duque pronunció su discurso ante el Congreso supiera que el plan para dotar de red a los colegios rurales tenía un atraso gigantesco, porque en la misma emisora La W se informó el 16 de junio que el programa de conectividad de los colegios solo se había cumplido en un 1%. A pesar de eso, el presidente decidió comunicarle al país que ya se había cumplido con el 100% de las metas previstas para mayo de 2022.
Es cierto que la sociedad tiene que hacer un gran esfuerzo para garantizar la educación presencial de todos los niños, niñas y jóvenes. De eso no puede quedar la más mínima duda. Muchos más niños deberían estar asistiendo hoy a clases presenciales en miles de colegios del país. Sin embargo, como conviviremos con el virus varios años más, hay que entender que no todos los estudiantes podrán asistir al mismo tiempo a estudiar de manera presencial en los colegios. En algunos lugares porque no hay agua, en otros porque no se cuenta con la infraestructura requerida, no se puede garantizar el distanciamiento o porque los salones no tienen la ventilación exigida. Dado lo anterior, la conectividad seguirá siendo una enorme prioridad para asegurar el derecho a estudiar, en mayor medida si sabemos que el 65% de los estudiantes de colegios oficiales no cuenta con red en su casa.
Mientras esto sucede con los niños y niñas más pobres del país, casi todos los colegios privados de estratos altos garantizaron una educación remota de alta calidad desde marzo de 2020. Los maestros fueron formados en competencias digitales, los padres aseguraron la conectividad y acompañaron a sus hijos, se fortaleció el trabajo en equipo dentro de los colegios y con las familias, se enfatizaron aspectos socioemocionales y se adecuaron los currículos. Y esto solo pone en evidencia las gigantescas brechas que ya existían en Colombia entre la educación pública y la privada, entre la educación urbana y la rural, que con la pandemia siguieron aumentando.
Desde febrero de 2021, la gran mayoría de colegios privados de estratos altos ha retornado a una educación que combina presencialidad con alternancia y con educación remota en casa, pero que privilegia la modalidad presencial. Mientras tanto, los niños más pobres siguen sin la conectividad necesaria y sin la presencialidad exigida. Esto último se debe en parte a que históricamente se ha invertido poco en educación, pero también a que las inversiones del actual gobierno para garantizar la bioseguridad han sido bajas y a que, no hay duda, el sindicato ha puesto todas las trabas posibles al derecho a la educación de los niños y niñas en Colombia. Porque cuando los sindicatos entutelan para que no asistan a clases los niños de una ciudad o departamento –y ya llevan 517 tutelas–, violan el derecho a la educación de los niños que podrían asistir a colegios que cuentan con las condiciones necesarias y con el compromiso de padres, rectores y directivos para garantizar la educación presencial requerida para cuidar su desarrollo integral y su salud mental.
Cuando en un país la educación pública es significativamente de menor calidad que la educación privada, las brechas continúan ampliándose. Y cuando eso ocurre, los hijos de los pobres están condenados a la pobreza. Esto ha pasado y sigue pasando en Colombia. Es exactamente lo contrario a lo que ha dicho el presidente por lo que quisiera ser recordado. A pesar de eso, en nuestro país los jóvenes han salido a las calles para defender su derecho a la educación cada vez que ha estado amenazado. Una y otra vez han logrado protegerlo. El problema es que los niños y niñas no pueden salir a marchar a las calles. Cuando eso pasa, los adultos tenemos que marchar por ellos. Mucho más si el gobierno y el sindicato no protegen sus derechos, porque ambos siguen pensando en sus propios intereses.
Posdata. El gobierno de Iván Duque pasará a la historia como el gobierno de las oportunidades perdidas. Pudo consolidar la paz y ha hecho todo lo posible por hacerla trizas. Pudo unir al país y gobernó protegiendo los intereses de su partido. Pudo defender la vida y, como en las peores épocas de la guerra, tenemos una masacre cada tres días. Pudo garantizar el derecho a la educación y no lo hizo. No cuidó la vida, ni la paz, ni la educación de los niños.
* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria)
