Las recientes y multitudinarias manifestaciones convocadas por un sector de la clase política para dar la bienvenida y despedir a políticos condenados por la Corte Suprema de Justicia evidencian la necesidad de impulsar una profunda transformación cultural en Colombia.
El 9 de julio de 2023 las calles de Sahagún (Córdoba) estuvieron atestadas de gente en la multitudinaria movilización para recibir a Bernardo Elías Vidal, más conocido como el “Ñoño Elías”, condenado por la Corte Suprema de Justicia que acababa de salir de prisión. En 2010, había sido elegido senador con 74.000 votos, la séptima votación más alta del país. Repitió curul en 2014. Sin embargo, fue condenado por recibir 1.600 millones de pesos de Odebrecht entre 2012 y 2014, dinero que se le entregó por incidir en las decisiones que se tomaron para beneficiar los intereses económicos de la empresa brasilera y desfalcar al Estado.
El exsenador tenía dos condenas impuestas por la Corte Suprema en 2018 y 2021 por cohecho, tráfico de influencias, concierto para delinquir y lavado de activos. La condena era de nueve años y ocho meses de prisión, pero fue reducida por “colaboración eficaz para el esclarecimiento de los hechos de corrupción”.
Recibir como héroe a un exsenador condenado por saquear los recursos públicos evidencia dos aspectos centrales de la cultura nacional y de la manera de hacer política. En primer lugar, clanes políticos han capturado el poder en diversas regiones del país y han organizado verdaderas empresas electorales con las que saquean los recursos mediante sistemas de contratación entregados a sus amigos y financiadores. Estos clanes se apropian del poder local por extensos periodos de tiempo y ni siquiera se ven afectados por la detención de sus líderes. Desde la cárcel, estos son elegidos en “cuerpo ajeno” a través de sus esposas, hermanos y familiares. En el caso del Ñoño Elías, su hermano fue elegido senador en 2022.
Lo segundo que muestra la gigantesca movilización en Sahagún es la ausencia de sanción social frente a los corruptos. De allí la necesidad de vincular a su empresa a los medios y periodistas locales. La población les perdona a los corruptos que saqueen los recursos públicos porque hacen algunas obras para la gente de la zona, en especial pavimentan calles y construyen espacios deportivos. Esto explica el detestable dicho popular: “Está bien que robe, pero que haga”.
Siendo senador, el Ñoño regalaba lavadoras, neveras y electrodomésticos los días de la madre. También hacía ollas comunitarias y llegaba en diciembre a su pueblo natal cargado de regalos de Navidad. Es cierto, una pequeña parte de las coimas recibidas de Odebrecht fue repartida con las personas del municipio y eso la población se lo agradece profundamente. La gente, como concluyó el periodista Juan Miguel Hernández, llega a pensar que es cierto que “El Ñoño Elías era un ladrón”, pero también cree que robó para todos ellos. Algo así como un Robin Hood criollo.
Un día antes, el 8 de julio, en Valledupar se estaba realizando el entierro de Lucas Gnecco, condenado por la Corte Suprema y quien en dos ocasiones había sido gobernador del departamento del Cesar. El obispo de la Iglesia católica Óscar José Vélez presidió el acto fúnebre, al cual se presentaron cientos de ciudadanos, algunos de los más importantes políticos, cantantes vallenatos y dirigentes de medios de comunicación de la región. La invitación decía lo siguiente: “El pueblo del Cesar rinde tributo de gratitud eterna a su inolvidable primer gobernador popular y dos veces gobernador, cuya entrega a la comunidad y visión de desarrollo marcó el sendero de futuros mandatarios”. Lo que no decía es que el exgobernador había sido condenado en cuatro oportunidades por la Corte Suprema. La investigación de Alberto Donadio para la Revista Semana permite precisar las cuatro condenas recibidas por constreñimiento al elector, prevaricato, peculado y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. La Corte Suprema sentenció que, con sus actuaciones, los “sobrecostos fueron objeto de apropiación ilícita por los funcionarios que participaron en tan amplia y compleja operación”.
La pregunta que tenemos que hacernos es por qué en algunos lugares del país recibimos y despedimos como héroes a quienes han sido condenados por corrupción. Lo que tenemos que responder es por qué no hay sanciones sociales para los políticos corruptos. ¿Por qué, una y otra vez, los electores siguen dándoles su voto a pesar de las condenas anteriores? Sin duda, esto se explica por el enorme poder que alcanzan estos clanes políticos en las regiones, poder que conservan gracias al control de los sistemas de contratación de obras públicas y a la precariedad en la que mantienen la educación.
No hay duda: el país necesita un profundo cambio cultural. Ese cambio es posible, pero tardará mucho tiempo y por eso tenemos que iniciarlo cuanto antes. Estamos ante una subcultura hábilmente impulsada por un sector de la clase política que se nutre de la bajísima calidad de la educación que han recibido los habitantes, especialmente los ubicados en las zonas rurales. Algunos políticos han cooptado el Estado y se mantienen en el poder garantizando una pésima calidad en la lectura de sus habitantes, constreñimiento al elector, compra de votos y entrega de dádivas el día de elecciones a un pueblo con hambre. La Corte Suprema lo dice sin ambigüedad: estos clanes han conformado “verdaderas empresas criminales” para desfalcar al Estado.
Antanas Mockus se refería a este problema cuando hablaba de la “subcultura del atajo” que tanto daño ha hecho a la sociedad colombiana. La tesis central de Antanas es que en Colombia existe un divorcio entre ley, moral y cultura y, debido a eso, hay aprobación cultural o moral de acciones ilegales, así como reprobación moral o cultural de algunas de las obligaciones legales de los ciudadanos.
A diario observamos personas que se cuelan en las filas, sobornan a la policía para evadir multas, avalan la justicia por cuenta propia, depositan su dinero en pirámides para multiplicarlo en pocos días o evaden impuestos y, al hacerlo, se roban parte de la salud y la educación de los niños colombianos. Todos ellos se sienten más “vivos” que los demás. Evidentemente, la mayoría de los colombianos no comparte estas prácticas, pero el fenómeno está más generalizado de lo que queremos reconocer. Es lo que se expresa tristemente en los llamados undécimo y duodécimo mandamiento: “No dar papaya” y “A papaya puesta, papaya partida”.
Esta cultura en la que “todo vale” no podrá ser superada en el corto plazo, ya que ha sido profundamente incorporada en la sociedad tras décadas de convivencia con el narcotráfico, las mafias, los clanes políticos y las guerras. Ante los ojos de todos, y muy especialmente del Estado, las mafias de narcotraficantes se apropiaron de tierras, empresas, clubes deportivos, miembros de la justicia e incluso de algunos sectores de los partidos políticos, a donde llegaron con frecuencia a financiar campañas.
El cambio cultural debe involucrar a la clase política, los medios de comunicación, las iglesias, los empresarios, la ciudadanía y las familias, entre otros. Mockus nos mostró todo lo que podía hacer un gobierno comprometido al impulsar la cultura ciudadana, pero todos sabemos que este proceso debe iniciar desde la escuela primaria y ser liderado por quienes sabemos modificar las actitudes y los comportamientos humanos con mediación, trabajo en equipo, innovación y orientación, es decir, principalmente por los artistas y los educadores.
Como decía la exministra Patricia Ariza: si el cambio no es cultural, no habrá cambio alguno. Lo triste y lo más preocupante es que, sobre este cambio, este gobierno del cambio todavía no ha empezado a hablar.
* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria).
