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Hace unos meses señalaba el peligro existencial que significa para la humanidad olvidar o perder ciertos cultivos y cómo la diversidad agrícola se ve amenazada por la agroindustria rampante. Empero, algunos gobiernos, entidades y equipos científicos se han dado a la tarea de clasificar, reunir y conservar el material genético de gran parte de la diversidad alimentaria del planeta creando repositorios para las generaciones venideras.
La Bóveda Global de Semillas de Svalbard (BGSS) es una instalación diseñada como “seguro de vida” para la agricultura mundial. Está construida dentro de una montaña en el archipiélago de Svalbard, aprovechando el permafrost (suelo permanentemente congelado) y temperaturas naturalmente bajas para conservar semillas durante siglos.
Se le ha llamado la bóveda del fin del mundo y es uno de los lugares más protegidos y mejor guardados del planeta. Pocas y muy especializadas personas conocen su interior pues los tesoros que guarda son más valiosos que cualquiera que el ser humano haya podido acumular jamás. ¿Por qué tanto celo? Porque allí, en aquel gigantesco bunker de varios pisos bajo tierra, en uno de los lugares más inaccesibles del mundo, se guardan las semillas y el material genético de todas la plantas que le pueden ser útiles a la humanidad. Si todo se acaba, la BGSS es nuestra última esperanza de supervivencia.
Su función principal es actuar como respaldo de los bancos de germoplasma del mundo. En caso de guerras, desastres naturales, fallas técnicas o crisis climáticas que destruyan colecciones locales, las semillas guardadas en Svalbard permiten restaurarlas. De hecho, ya se ha usado: durante la guerra en Siria, científicos recuperaron semillas para reconstruir colecciones agrícolas perdidas. En un contexto de cambio climático, pérdida de variedades tradicionales y riesgos geopolíticos, representa una especie de “arca de Noé vegetal” pensada para garantizar que la humanidad no pierda la base genética de sus alimentos.
Sorprendentemente para muchos, desde hace casi 30 años, Colombia ha estado clasificando y guardando juiciosamente su increíble diversidad agropecuaria en sofisticados bancos de germoplasma. Después de la promulgación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992, el gobierno colombiano facilitó en 1994 la conformación de los Bancos de Germoplasma para la Alimentación y la Agricultura (BGAA) cuyo manejo, desde esa fecha hasta la actualidad, se ha delegado a la Corporación colombiana de investigación agropecuaria, AGROSAVIA, con apoyo financiero estatal. Desde 1996, los BGAA están conformados por tres bancos de germoplasma (Microorganismos, Vegetal y Animal). Cada banco conserva entidades biológicas de importancia genética como apoyo a programas agropecuarios productivos del país.
La meta es asegurar que los especímenes sean debidamente catalogados y conservados bajo un manejo especializado que garantice su viabilidad, distribución y uso. El Banco Vegetal, conformado en el año 1994, conserva material genético de más de treinta y cuatro mil especies de interés agrícola.
Empero, este gobierno busca reorganizar la custodia de los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura mediante un modelo de “custodia compartida”. El punto sensible es que el plan abriría la puerta a que la administración de los bancos de germoplasma, hoy en manos de Agrosavia, pase al ICA.
La controversia se agravó porque coincidió con alertas sobre el presupuesto de Agrosavia para 2027. Para sus trabajadores y defensores, el eventual traslado de los bancos y el recorte presupuestal forman parte de un riesgo mayor: debilitar la ciencia agropecuaria, la soberanía alimentaria y la capacidad del país para conservar y usar estratégicamente su biodiversidad.
Adicionalmente el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha sido una entidad polémica, por decir lo menos, y ha generado críticas recurrentes por su incapacidad técnica, la carga de trámites y, sobre todo, sus tensiones con campesinos y gremios. La controversia por los bancos de germoplasma reactivó viejos temores sobre la capacidad institucional pues el ICA es visto por sus detractores como una entidad más regulatoria que científica, con antecedentes de corrupción, politización, presión burocrática, cuestionamientos de gestión y falta de capacidad técnica y científica.
Uno de los episodios más emblemáticos fue la “Resolución 970” y el debate sobre “semillas certificadas”. En 2013, en el contexto del paro agrario, se destruyeron decenas de toneladas de arroz por parte del ICA, lo que para muchos sectores campesinos simbolizó una política que penalizaba prácticas tradicionales como guardar e intercambiar semillas. El episodio consolidó una percepción de desconexión con la realidad de los pequeños productores.
En ese contexto, trasladar la gestión de bancos de germoplasma al ICA resulta problemático. Estos bancos no solo conservan diversidad genética, sino que también están ligados a prácticas campesinas, conocimiento tradicional y soberanía alimentaria. Ponerlos bajo una entidad con un enfoque principalmente sancionatorio y de control podría reforzar la lógica de restricción y estandarización, en lugar de promover el acceso, la conservación participativa y el uso diverso de semillas. Además, la historia de conflictos en torno a la regulación —como la Resolución 970— sugiere que el ICA podría priorizar criterios de certificación y bioseguridad por encima de la flexibilidad necesaria para gestionar la diversidad genética en contextos locales. En consecuencia, existe el riesgo de que los bancos de germoplasma pierdan su enfoque público y plural, y se conviertan en instrumentos más alineados con la regulación estricta que con la protección de la agrobiodiversidad y los sistemas productivos campesinos.
