Solemos repetir que la educación es un derecho como quien recita una verdad incontrovertible. Lo es, por supuesto. Pero basta preguntar quién decide lo que deben aprender los niños para que esa unanimidad desaparezca. ¿El Estado? ¿Los padres? ¿Los profesores? ¿Los propios estudiantes? Todos parecen tener una respuesta y, cosa curiosa, casi siempre consiste en limitar la respuesta de los demás.
En 1916 John Dewey publicó Democracia y educación y sostuvo que la escuela no debía ser un depósito de conocimientos ni el profesor un celador de la memoria. Debía ser, más bien, una pequeña comunidad democrática en la que se aprendiera haciendo, discutiendo y resolviendo problemas. Aquello era más revolucionario de lo que hoy parece: si la democracia se aprende en la escuela, una educación fundada en la obediencia ciega puede enseñar muchas cosas, menos democracia.
Luego vinieron los totalitarismos, la guerra y la comprobación funesta de que la escuela también podía servir para domesticar conciencias, fabricar unanimidades y poner a marchar a generaciones enteras al ritmo de una ideología. No es extraño, entonces, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hubiera reconocido, en su artículo 26, tres asuntos que suelen citarse por separado aunque formen parte de un mismo problema: toda persona tiene derecho a la educación; la enseñanza elemental debe ser gratuita y obligatoria; y los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación de sus hijos.
Ese último principio suele invocarse como si concediera a las familias una soberanía absoluta. No la concede. Que los padres tengan un derecho preferente significa que el Estado no puede adueñarse de la conciencia de sus hijos, imponerles una religión o servirse de las aulas como oficinas de propaganda. Pero tampoco significa que los hijos sean propiedad intelectual de sus padres, que se les pueda negar la escuela o que se les encierre dentro de una sola visión del mundo. Los niños no son recipientes en disputa: son personas y tienen derechos propios.
En el salón de clase se encuentran tres libertades que no siempre caminan en una misma dirección. Está la del estudiante, que debe adquirir conocimientos y, sobre todo, autonomía; está la de la familia, que puede orientar su formación moral, religiosa o filosófica; y está la responsabilidad del Estado, obligado a garantizar acceso, calidad, igualdad y una educación cívica común. ¿Cuál debe prevalecer? Ninguna. Acabar con una, con cualquiera, implica también atentar contra el derecho a la educación.
No faltará quien diga que el Estado debe retirarse y dejar que cada familia escoja. Suena liberal y hasta generoso, pero olvida que no todas las familias pueden escoger del mismo modo. Unos eligen colegio, lengua, método y proyecto educativo; otros apenas pueden aceptar la escuela que quede menos lejos, la que tenga transporte o aquella en la que el almuerzo escolar haga posible permanecer hasta el final de la jornada. La libertad que depende del bolsillo no es libertad: es privilegio.
Por eso la igualdad formal, tan cómoda para las estadísticas y los discursos oficiales, no basta. La igualdad efectiva cuesta dinero, exige transporte, alimentación, becas, maestros preparados, infraestructura accesible y educación intercultural. También obliga a reconocer que tratar de manera distinta a quienes parten de situaciones distintas no siempre es discriminatorio. A veces es la única forma de que puedan llegar al mismo lugar.
Empero, reconocer esta responsabilidad pública no autoriza al Estado a uniformarlo todo. Un currículo nacional puede ofrecer conocimientos comunes, pero también borrar memorias regionales, lenguas indígenas y experiencias minoritarias. Puede enseñar ciudadanía o inventar una identidad oficial. La autoridad estatal es legítima cuando garantiza derechos y se vuelve sospechosa cuando pretende gobernar convicciones.
Algo semejante ocurre con la educación privada y religiosa. Su existencia puede proteger el pluralismo y permitir proyectos educativos diversos; abolirla no haría más democrática a la sociedad. Pero la libertad de enseñanza no exonera al Estado de vigilar. Al contrario: cuanto más diversa sea la oferta, mayor debe ser su responsabilidad de impedir que la diferencia termine convertida en segregación.
Una formación cívica común no debe fabricar ciudadanos idénticos. Debe enseñar a argumentar, a desconfiar de la información fácil, a escuchar al contradictor, a reconocer la dignidad ajena y a resolver los conflictos sin violencia. Claro está, el peligro es que esto puede transformarse en adoctrinamiento. Un profesor que dicta qué pensar, aunque crea defender las causas más nobles, no forma ciudadanos: forma seguidores. La educación democrática consiste en enseñar a preguntar, incluso cuando las preguntas incomodan al profesor, a los padres o al gobierno de turno.
Necesitamos un Estado suficientemente fuerte para que la educación de una persona no dependa de su apellido, su fortuna, su lengua, su religión, su territorio o su condición física; pero también suficientemente limitado para que no convierta la escuela en un ministerio de la verdad. Necesitamos familias libres para orientar a sus hijos, pero no para privarlos de la posibilidad futura de disentir de ellas. Y necesitamos profesores con autoridad, pero con una autoridad que despierte el pensamiento en vez de exigir obediencia. Al fin y al cabo, educar no debería ser enseñarles a los otros a pensar como nosotros, sino prepararnos para vivir con quienes jamás lo harán.
