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Hace más de 25 años tuve el privilegio de estudiar en la Universidad del Rosario, y este año cumplo 20 como profesor allí. Tengo dos hijos y hubiese sido un sueño para mí que hicieran sus estudios superiores en mi alma máter. Sin embargo, el costo de la matrícula y mis ingresos como profesor hacen imposible que esto suceda: mis hijos hoy no pueden acceder a la educación que yo sí tuve. Pero este no es un problema exclusivo del Rosario. Todas las universidades privadas consideradas de primer orden tienen números en rojo al depender, en gran medida, de sus ingresos por matrículas.
El altísimo y creciente costo de las matrículas es la principal dificultad que tienen las universidades para atraer nuevos estudiantes y retenerlos. ¿Por qué las matrículas siguen subiendo a niveles prohibitivos y, si se quiere, desproporcionados? ¿Son estos altos costos un problema exclusivo de las universidades privadas?
Buena parte de las razones del crecimiento desbordado de las matrículas se desprende del costo de los requisitos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para lograr las tan deseadas acreditaciones. Desde la entrada de Colombia en la OCDE, el MEN ha ido acomodando sus propios criterios de acreditación a las recomendaciones de ese organismo. En este contexto empiezan a cobrar relevancia los rankings universitarios como criterio de acreditación de alta calidad. Y para estar en los rankings —hay que decirlo con claridad— se debe pagar.
La acreditación institucional en Colombia suele describirse como un proceso técnico de evaluación orientado al mejoramiento continuo. Sin embargo, esta descripción omite una dimensión clave: la calidad no sólo se evalúa, sino que depende de infraestructuras materiales específicas, entre ellas las bases de datos académicas. En el escenario contemporáneo, la acreditación está estrechamente vinculada a la capacidad de las universidades para acceder, usar y financiar sistemas globales de información científica.
El modelo colombiano de acreditación, particularmente desde el Acuerdo 02 de 2020 del CESU y los lineamientos del CNA, supone que las instituciones deben demostrar no sólo condiciones formales, sino producción académica, visibilidad investigativa, actualización curricular e inserción en redes internacionales. En este contexto, las bases de datos dejan de ser un recurso complementario de biblioteca y se convierten en una condición estructural para cumplir con los estándares de calidad exigidos.
Su papel es central en la investigación. La producción científica —uno de los principales indicadores de calidad— depende de plataformas que permiten indexar, medir y visibilizar resultados. Publicar en revistas indexadas, acumular citaciones y participar en circuitos internacionales de conocimiento se ha convertido en el lenguaje dominante de la evaluación académica. Esto ha contribuido a consolidar una lógica en la que la visibilidad adquiere un peso mayor frente a otras funciones universitarias.
En este punto aparece el Consorcio Colombia: una alianza entre instituciones de educación superior y centros de investigación, con apoyo estatal, creada para facilitar el acceso colectivo a recursos digitales y bases de datos mediante negociación conjunta con Elsevier y otras multinacionales dueñas del sistema (que son las que ulteriormente terminan lucrándose). Su función es ampliar la disponibilidad de información científica en un contexto de altos costos y desigualdad institucional.
Sin embargo, su existencia pone en evidencia un problema más profundo: la acreditación tiene un costo elevado y creciente. Aunque el sistema de acreditación no fija umbrales financieros explícitos, participar en condiciones de “alta calidad” implica inversiones significativas en acceso a información científica. En el caso colombiano, las cifras son elocuentes. Universidades grandes, como la Universidad Nacional, pueden destinar entre 5.000 y 6.000 millones de pesos anuales a bases de datos; instituciones privadas de alta investigación, como la Universidad de los Andes, manejan presupuestos comparables en órdenes de magnitud; mientras que universidades más pequeñas participan en el Consorcio con costos menores, pero que aun así pueden ser decenas o cientos de miles de dólares anuales, dependiendo de los paquetes suscritos. Y todo se reduce a dinero: la posición en el ranking internacional y el tipo y grado de calidad que se quiera acreditar dependen, en buena medida, de la cantidad de dinero que se le inyecte al sistema global de publicaciones académicas.
A nuestras universidades, sus rankings les cuestan entre 50.000 y más de un millón de dólares anuales. Pero esta es sólo la punta del iceberg del desangre financiero que termina buscando su torniquete con las matrículas.
