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La semana pasada mencioné un costo esencial en la operación de toda universidad, ya sea pública o privada: el pago que se hace anualmente a las multinacionales dueñas de los sistemas de indización académicos sin los cuales no hay ni rankings ni acreditaciones.
A este escenario se suma una transformación reciente en el modelo de publicación académica que ha agravado el problema. Hoy las universidades no sólo pagan por acceder al conocimiento mediante suscripciones a los paquetes de bases de datos que negocia el Consorcio Colombia, sino que también pagan por publicarlo. Los llamados Article Processing Charges (APC) trasladan el costo hacia la publicación, generando un esquema de doble pago: se paga por leer y se paga por publicar. En Colombia, estos cargos pueden oscilar entre 1.000 y 5.000 dólares por artículo (muchas veces más de 9.000 dólares por artículo en las “revistas de alto impacto”), lo que implica que al costo de las suscripciones de las que hablaba hace ocho días, hay que sumarle, para ser “top”, millones de dólares anuales más en APC.
Las implicaciones son claras: la calidad se vuelve dependiente de la capacidad de financiamiento institucional; las universidades con mayores recursos pueden acceder a más bases de datos, publicar más y, por tanto, obtener mejores resultados en los procesos de evaluación; y, a un mismo tiempo, se consolida una dependencia estructural de infraestructuras globales controladas por grandes multinacionales, que definen los criterios de visibilidad y legitimación del conocimiento (por eso cada vez se publica más, pero con menor calidad y, lo que es peor, menos impacto real). En consecuencia, se refuerza una lógica de competencia basada en indicadores, rankings y métricas que tiende a homogeneizar la producción académica y a desplazar el debate sobre la calidad hacia la capacidad de pago. En este contexto, la calidad deja de ser una cuestión académica y se convierte en una cuestión económica.
Para terminar de completar el cuadro, el Consorcio les paga a los dueños de las bases de datos y de los índices de citación, multinacionales como Elsevier, cuyo negocio no es la educación, sino enriquecerse a costa de ella. Los millones de dólares que entran a esos sistemas de indexación no se reinvierten ni en educación ni en investigación: son utilidades de empresas privadas que se reparten entre los accionistas.
Desde la perspectiva de la acreditación, esto implica reconocer que los resultados evaluados —publicaciones, impacto, visibilidad— no dependen exclusivamente de capacidades intelectuales o institucionales, sino de condiciones materiales específicas. El acceso a bases de datos y la posibilidad de pagar APC son factores que inciden directamente en los resultados que luego son medidos.
Lo anterior se refleja en el aumento desproporcionado de las matrículas en las universidades privadas que buscan acreditarse, pero también afecta dramáticamente a las públicas que, como vimos con el ejemplo de la Nacional, deben asumir estos mismos costos. La diferencia es que, en el caso de las públicas, el costo sale del bolsillo de todos los colombianos, a través de los impuestos que financian la educación superior pública.
A quienes este sistema deja por fuera es, paradójicamente, a los estudiantes. Su papel ya no es ser el centro del proceso educativo, sino sostenerlo financieramente: las matrículas que pagan alimentan rankings, acreditaciones y negocios editoriales que poco tienen que ver con su formación. En lugar de formar personas, el sistema termina financiándose a sí mismo. Y en esa lógica, el estudiante deja de ser el fin de la universidad para convertirse solamente en su principal fuente de ingresos.
