Con menos de un mes en el poder, el presidente Abelardo de la Espriella anunció en Barranquilla operativos contra migrantes en situación irregular, bajo la consigna “primero los colombianos”. La medida, presentada como estrategia de seguridad, rompe con casi una década de política exterior migratoria que, pese a las diferencias ideológicas entre gobiernos, mantuvo una política de Estado robusta y coherente frente a la comunidad internacional. Renunciar a ella sin un debate público amplio es un retroceso que no debería aceptar el país.
Los gobiernos de Santos, Duque y Petro enfrentaron el éxodo venezolano con instrumentos distintos —el Permiso Especial de Permanencia, el Estatuto Temporal de Protección y la creación del nuevo Viceministerio de Asuntos Migratorios—, pero ninguno criminalizó de forma generalizada a la persona migrante ni equiparó irregularidad administrativa con delito. Los tres reconocieron la problemática como un desafío que exigía inversión sostenida en salud, educación y primera infancia, apoyándose en la cooperación internacional. Ese consenso demuestra que la solidaridad migratoria nunca fue una bandera partidista, sino una postura nacional, que además honraba la acogida que muchos colombianos recibieron de países como Venezuela en momentos críticos de nuestra historia.
El Estatuto Temporal de Protección, creado en 2021, regularizó a cerca de 2,5 millones de las casi 3 millones de personas venezolanas en el país, con acceso a salud, educación y trabajo formal. En febrero de 2025, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, visitó el país y en su informe al Consejo de Derechos Humanos distinguió a Colombia como referente regional en regularización e integración. Este liderazgo fue ratificado meses después en la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en Riohacha, donde 71 Estados acordaron una gobernanza migratoria basada en derechos humanos.
Sin duda, ese reconocimiento convive con desafíos reales que incluyen la débil presencia estatal en zonas como el Darién, la exposición de migrantes a extorsión y violencia, y la urgencia de fortalecer los sistemas de asilo, aspectos identificados por el relator. En efecto, se trata de deudas concretas, pero su abordaje debería enfocarse hacia la presencia estatal, la protección y la cooperación regional, antes que al endurecimiento indiscriminado. Un estado que llega con su oferta a los territorios es un mejor estado para todas las personas, nacionales y extranjeras.
Es particularmente preocupante que el nuevo enfoque vincule migración irregular con criminalidad sin distinción y deshumanice a la persona en esa condición calificándola de “ilegal”. Esa mirada reduccionista, además de promover la xenofobia y la discriminación, contradice la evidencia económica, según la cual, la integración de migrantes puede aportar hasta 0,3 % del PIB a mediano plazo, incrementar la productividad laboral en 10 % y reducir la informalidad en 5 %.
Existen además estándares y límites jurídicos ineludibles. La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe las expulsiones colectivas, y la Corte Constitucional ha reiterado que las deportaciones no pueden ser automáticas ni colectivas. Las sentencias T-500 de 2018, SU-397 de 2021 y T-110 de 2026 exigen evaluación individualizada, debido proceso y aplicación estricta del principio de no devolución cuando esté en riesgo la vida de la persona.
El trasfondo geopolítico del anuncio confirma la tendencia del nuevo gobierno a alinearse con Estados Unidos, en este caso, replicando sus políticas migratorias. Sin embargo, ese enfoque no ha mejorado la seguridad y, por el contrario, ha generado cientos de denuncias por vulneración de derechos y ha mermado la popularidad de Trump en su país. En contraste, Colombia, se ha consolidado como referente internacional en gestión migratoria mediante la cooperación y el respeto al derecho internacional. Renunciar a ese liderazgo no parece ni estratégico ni conveniente.
En materia migratoria, Colombia es, al mismo tiempo, país de origen, tránsito, destino y retorno. Esa realidad estructural exige una política migratoria integral que combine gestión ordenada, seguridad legítima y protección efectiva, reconociendo el derecho a la movilidad humana, sin que estas dimensiones se excluyan entre sí, ni promuevan malos tratos o exclusión de nuestros propios compatriotas migrantes en otros países.
La migración seguirá ocurriendo, sin importar las medidas que se tomen para combatirla. Colombia debe entonces definir si el control de sus fronteras estará fundado en el reconocimiento de los derechos humanos, la dignidad y la solidaridad y seguirá basado en el derecho internacional que ha defendido durante años, o si sacrifica esa trayectoria por alinearse con modelos que ya han demostrado su alto costo humano.
@julibustamanter @verticepolexterior
Por Juliana Bustamante Reyes
