En cualquier país, que el Estado decida cerrar un medio de comunicación por tener una línea editorial crítica con el poder sería un escándalo de dimensiones gigantescas. Ahora, imaginemos por un momento lo que pasaría si, en lugar de un medio, se clausuraran 100 en tan solo un año por decisión de élites políticas. Bueno, eso es precisamente lo que ha ocurrido en Venezuela este año: el régimen de Nicolás Maduro ha cerrado arbitrariamente 100 estaciones de radio en este 2022, según el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
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Una llamada telefónica es lo único que se necesita para que una radio salga del espacio radiofónico. Es una forma sutil de comunicarle a los dueños de las emisoras la decisión de los poderosos de desplazarlos del sistema de medios por no cumplir con los designios fijados desde Miraflores. Es este uno de los mayores ataques en la historia contra la libertad de expresión, suscrito como parte de un proyecto totalitarista que asume cualquier ventana de libertad como una amenaza a erradicar. Le ponen candados a la crítica, no toleran ningún tipo de disidencia en el espacio mediático. Las estaciones de radio cerradas ni siquiera eran políticas, la mayoría estaban orientadas a temas religiosos, comunitarios, comerciales y musicales, lo cual evidencia aún más la bestialidad que caracteriza el sistema autoritario que controla los hilos del poder en Venezuela.
Este cierre de emisoras afecta a 16 de los 24 estados del país, siendo el estado Zulia (oeste de Venezuela y frontera con Colombia) el más perjudicado con 26 emisoras cerradas. Esta arremetida desmedida contra el espacio radiofónico refuerza el clima de censura y autocensura que desde hace años viene azotando a los venezolanos, pues en los últimos tiempos las noticias políticas fueron vetadas de los noticieros de televisión y de las agendas informativas de la prensa. Los actores de la oposición parecen radioactivos para los pocos espacios de comunicación en medios tradicionales, su presencia solo es permitida si cuenta con el visto bueno desde Miraflores.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ubica a Venezuela en el último lugar del continente en cuanto a libertad de prensa. Desde que Maduro está en el poder se han puesto en práctica diversos métodos para limitar el derecho a la información de los venezolanos: se les niega la renovación de las concesiones a los medios, se encarcela a periodistas, se hacen ataques legales contra los medios, como en el caso de El Nacional y La Patilla, se les niega el papel periódico a la prensa, se cierran estaciones de radio a la fuerza, se les abren procesos judiciales a influenciadores de redes sociales por criticar a personeros de la dictadura y se emplean ataques cibernéticos contra portales de noticias.
El modelo de comunicación de Maduro está sostenido sobre una premisa: limitar los canales de comunicación de los venezolanos, mientras fortalece su propia hegemonía comunicacional a través de medios públicos, ejércitos digitales y periodistas pagados por la dictadura. A partir de ello llueven operaciones de propaganda que buscan alterar la conciencia colectiva, transformando mitos en realidades, así como medias verdades en dogmas casi religiosos. Una de las últimas apuestas de la dictadura es el relato de la normalización conocido como ´Venezuela se arregló´. El régimen invierte ingentes recursos en una maniobra de desinformación orientada a vender una supuesta recuperación económica que se cae con solo mirar a un costado y percibir la grave situación de desnutrición, el alto costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la migración desbocada.
Bajo las actuales condiciones de comunicaciones es imposible que se desarrolle una elección competitiva y libre. Maduro, con esta embestida contra los medios de comunicación, está minando desde ya las elecciones de 2024. Por eso es fundamental que la agenda de garantías políticas para un proceso electoral libre contenga entre sus elementos más importantes el rescate de la libertad de expresión e información como derecho humano fundamental. Sin una prensa independiente, no existirá un equilibrio informativo en la cobertura de una campaña política y tampoco tendremos un acceso igualitario a los medios de comunicación. Es así como las garantías políticas van más allá de la robustez del sistema electoral o de las habilitaciones de los candidatos opositores, deben abarcar todos los principios que desvirtúan el ejercicio del voto libre.
