La cooperación judicial entre naciones. Sin duda, un concepto surgido en el marco de procesos jurídicos históricos, pero que guarda una especial significación en nuestros tiempos. Hoy en día, frente a la globalización y el avance del delito con sus diferentes mutaciones, la cooperación judicial entre países es más esencial que nunca para abordar desafíos como el terrorismo, el crimen organizado, el lavado de dinero, la trata de personas y otros delitos transnacionales.
En días recientes, se celebró en República Dominicana el Encuentro Iberoamericano de Fiscales Generales, un evento presidido por Colombia y cuyo propósito era integrar las estrategias de los diversos sistemas judiciales para luchar en conjunto contra los delitos que aquejan a la región. Se buscó en concreto contribuir en la seguridad, la protección de los derechos humanos y el desarrollo social y económico a escala nacional y regional, a través del fortalecimiento de los vínculos entre las fiscalías de los Estados miembros.
Llamó la atención de esta conferencia la presencia del fiscal de la dictadura de Nicolás Maduro, Tarek William Saab. Un personaje sancionado por los Estados Unidos y la Unión Europea por ser una de las cabezas más importantes de un sistema promotor de las violaciones a los Derechos Humanos. Saab es quien ha encubierto los crímenes de Maduro y sobre quien hoy pesa las muertes en custodia de varios dirigentes políticos y funcionarios militares. Es precisamente quien le ha abierto un boquete al sistema de justicia venezolano, convirtiéndolo en el buffete de Miraflores para fabricar pruebas contra inocentes, encubrir a los responsables de graves delitos contra la sociedad civil y perseguir a quienes precisamente luchan por restaurar la vigencia del Estado de Derecho en Venezuela.
Esto que digo no es producto de alucinaciones, tampoco es un juicio político. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional han ahondado lo suficiente sobre los problemas estructurales del sistema de justicia venezolano. De hecho, la propia Corte Penal Internacional decidió reactivar la investigación por crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, debido a la incapacidad de la fiscalía venezolana para garantizar justicia, verdad y reparación para cientos de víctimas.
De tal forma que no es cónsono con los principios de democracia y derechos humanos que defiende la región, permitir que el fiscal de Maduro haga acto de presencia en un evento de esta naturaleza; y es todavía más contradictorio permitir que participe en mesas de trabajo asociadas a temas como narcotráfico, lavado de dinero o trata de personas. Tópicos donde el régimen de Maduro no tiene nada que aportar, pero sí muchas cuentas que rendir. No está de más recordar que sobre los jerarcas de la dictadura pesan órdenes de captura internacional por el delito de narcotráfico, que estos también han propiciado un andamiaje de corrupción y lavado de dinero con tentáculos mundiales; y que, por si fuera poco, son los causantes de la mayor crisis migratoria que haya conocido nuestra América, con una cifra que alcanza los 7,4 millones de migrantes.
Esta misma semana, el señor Saab condenó a 16 años de prisión a 6 trabajadores que reclamaban mejores condiciones de vida. Sindicalistas y activistas sociales que solicitaban reivindicaciones salariales en un país donde el sueldo mínimo no llega a los 10 dólares fueron tratados como conspiradores contra el Estado. Un reclamo justo que terminó en un caso más donde la justicia venezolana operó como el brazo político de la dictadura.
El fiscal de Maduro se regocijó de haber participado en esta conferencia mundial de fiscales y declaró sin tupor alguno que han hecho seguimiento a órdenes de extradición emitidas por el Estado venezolano. Es decir, que el régimen no esconde su interés de reincorporarse al sistema internacional de justicia para extraditar a venezolanos y abusar de sus derechos, develando de esta forma que el objetivo no es cooperar con los sistemas de justicia de las américas para combatir delitos, sino más bien lo que aspiran es profundizar la persecución política en Venezuela.
Son temas que preocupan enormemente y que se suman a la campaña orquestada por la dictadura para tratar de transformar a Venezuela en parte del paisaje, en una nube más del cielo. Es decir, que Venezuela se convierta en lo que fue Cuba en los años 90: un mal con el que hay que convivir. Una especie de vecino que todo el vecindario sabe que tortura y asesina, pero con el que es mejor llevársela bien o hacerse la vista gorda. Esa visión no es solo una anomalía, sino también una carga muy pesada para las conciencias que lo permitan.
La región no puede normalizar la tragedia, tampoco esconderla debajo de la alfombra, sino enfrentarla por más duro que sea. Presionar y no desmayar en esa vía hasta que en Venezuela se restaure la democracia y, con ello, se dé un resurgimiento del Estado de derecho. No es que hay dos opciones, es que esa es la única. En 2024, se celebrarán unas elecciones presidenciales en el país y puede ser esta la última oportunidad para restablecer el orden democrático en el país; por eso resulta de vital importancia que el mundo libre adopte una posición clara sobre la necesidad de un proceso electoral competitiva que conduzca a resolver la crisis política, atender la emergencia humanitaria y recobrar la vigencia de los derechos humanos en el país.
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