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La Cámara de Representantes de Colombia ha sido un aliado indiscutible en la lucha por hacer valer la verdad del 28 de julio en Venezuela. En días recientes, legisladores de Colombia aprobaron una moción para solicitarte al presidente Gustavo Petro que no asista a acto de investidura del dictador Maduro y tampoco envíe a nadie de su Gobierno. Ante esta solicitud, la respuesta del presidente colombiano fue la siguiente: “El presidente es el responsable constitucional de las relaciones exteriores de Colombia, invito al Congreso a no invadir la esfera constitucional del presidente. En su debido momento decidiré si asisto a no a la posesión del actual presidente de Venezuela”.
Que el presidente Gustavo Petro no tenga aún definido lo que hará el 10 de enero con Venezuela es motivo para que se enciendan todas las alarmas por parte de la opinión pública colombiana. Para el Gobierno del vecino país debería ser nítida la posición en este momento, dado los acontecimientos que han ocurrido en Venezuela.
Por un lado, hay un triunfo indiscutible por parte de Edmundo González y María Corina Machado, al punto de que el régimen de Maduro no ha mostrado ni una sola acta que pruebe lo contrario. Aunado a ello, Maduro se ha burlado del esfuerzo diplomático de Brasil y Colombia para buscar una solución política. Y, por otro lado, la respuesta de la dictadura ha sido más violencia, con más de 2000 detenidos, incluyendo 200 niños, reformas de las leyes electorales, una supuesta Ley Bolívar para inhabilitar de por vida y confiscarlos bienes de los líderes de la oposición y ahora la elección de unos supuestos jueces de paz comunal para aumentar el control político.
De manera que es sumamente preocupante que ante estos hechos incontrovertibles Colombia no tenga una posición formada. Más cuando la dictadura de Maduro está afectando la propia estabilidad de este país, con la venta opaca que pretenden hacer de la empresa binacional Monómeros, en manos de Alex Saab. De acuerdo con cifras de la propia Supersociedades la salud financiera de la empresa está en terapia intensiva, acumulando deudas por la suma de 20 millones de dólares.
La perspectiva migratoria luce también muy desalentadora. Para la fecha, entre el 30 % y 40 % de los venezolanos abandonaría el país si Nicolás Maduro se juramenta el próximo enero. Por supuesto que el país más afectado frente a este posible nuevo éxodo sería Colombia, quien recibirá la mayor presión migratoria. Colombia ya se encuentra bastante superada por la situación migratoria tanto a nivel de la frontera como a nivel de los servicios de atención en materia de educación y salud, por lo que una nueva ola podría generar nuevas dinámicas que complejicen aún más el panorama para Petro.
Por si fuera poco, Maduro ha venido saboteando los esfuerzos de paz del Gobierno de Colombia al darles albergue y protección a los grupos irregulares como los ex-Farc y el ELN, que hoy se pasean a lo largo y ancho de Venezuela haciendo las veces de Estado en múltiples localidades.
Lo que le toca al presidente Petro es liderar un frente internacional en América Latina para desconocer la autoproclamación que pretende hacer Maduro, desconociendo la soberanía popular, y exigirle al régimen que dé pasos acelerados hacia una transición ordenada que debe comenzarse cuanto antes. El drama venezolano ya no puede ser visto como un asunto de ideologías, no. Aquí estamos frente a un drama humano, que requiere que los líderes se quiten de una vez por toda sus ropajes e intereses ideológicos y se pongan del lado de un pueblo que votó por un cambio político y el sueño de reencontrarse en libertad.
Les llegó la hora a Petro y todos los líderes que dicen ser demócratas. O se ponen del lado del pueblo venezolano o pasarán a engrosar las filas del basural de la historia.
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