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La noticia sobre la inhabilitación de María Corina Machado por parte del régimen de Nicolás Maduro le ha dado la vuelta al mundo. Una ola de comunicados de solidaridad y respaldo con quien lidera la oposición democrática en Venezuela se ha desatado desde todos los rincones. Líderes de izquierda, líderes de derecha, socialdemócratas, demócratas cristianos, liberales y progresistas, todos se han unido en una sola voz para repudiar lo que ha sido un acto arbitrario, ilegal e inconstitucional de la dictadura de Maduro, que únicamente responde al miedo que tienen de enfrentarse en las urnas, porque en el fondo saben que no tienen votos para vencer a María Corina.
Sin embargo, sorprendentemente, Colombia, uno de los países más solidarios con la causa democrática venezolana y el que más sufre los estragos de la migración generada por Maduro, ha guardado un silencio estruendoso. Ni el presidente Gustavo Petro ni la cancillería del Gobierno se han pronunciado sobre lo que, a nuestro parecer, es el caso político más importante de América Latina en tiempos recientes. Con lo sucedido, no solo se les dio un golpe a los acuerdos de Barbados que Colombia ha respaldado, sino que se está desconociendo el derecho a elegir y ser elegido, al inhabilitar a quien fue abanderada por más de 2,5 millones de venezolanos como la candidata de la oposición para las elecciones presidenciales.
Las inhabilitaciones se han convertido en una herramienta de los regímenes autoritarios para reducir su competencia electoral y crear una oposición a la medida. Llama la atención que Colombia no haya emitido una palabra, cuando en varias ocasiones el presidente Gustavo Petro ha expresado que él es presidente gracias a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos logró restablecer sus derechos políticos, después de una inhabilitación que, a su juicio, fue injusta. Ahora se presenta un caso similar, donde a una persona se le privan de sus derechos políticos, y el presidente ni siquiera es capaz de hacer una declaración al respecto. Pareciera entonces que el tema de las inhabilitaciones y las violaciones a los derechos políticos dependen de quién y dónde ocurran, del color político y de la afinidad ideológica. ¿Si un caso de esta naturaleza se hubiera suscitado en la Argentina de Milei o en El Salvador, es muy probable que Petro y su gobierno ya hubieran salido con una ráfaga de comunicados y señalamientos? No nos alcanzarían los dedos de las manos para contar la cantidad de tweets que hubieran escrito Petro y su canciller.
Este modus operandi de filtrar las opiniones de acuerdo con la preferencia ideológica no es más que un signo inequívoco de antidemocracia. Con esta acción, el presidente Petro y su gobierno no solo se inhiben de ser unos mediadores confiables en el proceso venezolano, ya que al no pronunciarse dejan al descubierto hacia qué lado de la balanza están, sino que ponen a Colombia entera en una posición aislacionista, alejada de lo que ha sido el llamado de gran parte de la comunidad regional. Pero esta actitud también afecta las pretensiones del presidente colombiano de ser un referente de izquierda progresista, con vocación de defender el sistema interamericano y sus instituciones.
Mientras más guarde silencio, más autoridad pierde Petro. Aún está a tiempo el presidente Petro de rectificar y pasar del cuadrante de la indiferencia al de la democracia, exigiéndole a Maduro que habilite a María Corina Machado, establezca un cronograma electoral y ofrezca garantías para una elección competitiva. Ya que si Maduro lleva a cabo una elección a trocha y mocha, como se dice en Venezuela, sin oposición y sin condiciones, Colombia será la principal afectada, cuando una nueva estampida de venezolanos estalle por las fronteras.
En ese sentido, la restauración de la democracia es una cuestión de vida o muerte para Colombia y diría que también para el proyecto de Petro. En la medida en que Venezuela siga gobernada por el caos, en esa misma medida la paz en Colombia estará amenazada. La Venezuela de Maduro seguirá siendo un refugio seguro para los grupos armados que desafían la democracia colombiana, y la gran frontera que une a ambos países seguirá siendo el epicentro del delito que es. No nos queda otra opción que llamar a Petro a la sindéresis, a unirse al clamor del pueblo venezolano por elecciones y a demostrar que es mentira que es un demócrata de la boca para afuera. Amanecerá y veremos.
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